Regeneración democrática

El PSOE acaba de presentar en plena campaña electoral un plan para la regeneración democrática de España. Los dos grandes partidos cuando están en la oposición prometen siempre regenerar la democracia, pero tan pronto llegan al poder se olvidan de sus compromisos; incluso si las medidas propuestas, como ahora, apenas rozan la epidermis del sistema, cuando no van en sentido contrario a la verdadera regeneración.

Friedman afirma que los mayores enemigos de la competencia y del libre mercado son los empresarios. Sobre todo aquellos que controlan mercados cautivos. Algo similar cabria afirmar de los partidos políticos, en especial de los mayoritarios. Dominan el sistema y no tienen ningún interés en que cambie. El bipartidismo es a la organización política lo que el duopolio es al mercado. Difícilmente se puede producir la libre competencia en un mercado estructurado de forma tal que imposibilita el acceso de nuevas empresas. ¿Cómo calificar de democracia un sistema en el que la creación de cualquier nueva formación política está condenada al fracaso?

De los que se benefician de la falta de concurrencia no podemos esperar reformas que hagan transparente el mercado. Imposible que los que se aprovechan del bipartidismo aprueben medidas tendentes a establecer en el sistema político una verdadera democracia.

Dos son los cánceres que corroen hoy nuestro sistema democrático: el bipartidismo y las posibilidades con las que cuenta el poder económico para interferir en el juego político. Ambos están relacionados, se complementan y de ellos surgen casi todos los defectos que aquejan hoy al sistema.

Medidas como la elección directa de alcaldes, lejos de hacer el sistema más democrático como intentan vendernos algunos, ahondan en el bipartidismo y en el caudillismo. El alcalde dejaría de ser un primus inter pares. No estaría sometido al consistorio, a los concejales, de los que ahora depende y que pueden destituirle. Durante cuatro años su poder sería omnímodo y podría gobernar a su antojo. El sistema pasaría de colegial a presidencialista. Por otra parte, con la sola excepción de algunos municipios en los que dominasen los nacionalistas, las posibilidades se reducirían a los partidos mayoritarios, con lo que se acentuaría el bipartidismo.

Algo similar sucede con las listas abiertas. Aparentemente la participación popular sería mayor. Puro espejismo. Con la sola excepción de los ayuntamientos pequeños, en las municipales, nadie conoce a la gran mayoría de los componentes de las listas, ya sean diputados nacionales, autonómicos o concejales. Es más, la única posibilidad de conocimiento radica en la voluntad de los medios de comunicación. Quizás la medida hiciese a los candidatos más independientes de los aparatos de los partidos, pero a condición de hipotecarles al poder de los medios, de los que dependería que fuesen o no conocidos por los electores. Las elecciones al Senado se efectúan por listas abiertas sin que nada cambie sustancialmente.

Por el contrario, ninguno de los dos grandes partidos está dispuesto a proponer y a implantar aquellas medidas que regenerarían de verdad nuestro sistema político. Por ejemplo, una ley sobre medios de comunicación que obligase a que la propiedad de éstos estuviese totalmente dividida impidiendo su concentración y haciendo imposible su control por el poder económico. No es sólo TVE la que debe ser neutral. ¿De qué sirve que lo sea si los otros medios pueden influir descaradamente en las elecciones imponiendo a las formaciones políticas que más les interesan?

Por ejemplo, una reforma de la Ley Electoral que estableciese un sistema estrictamente proporcional creando una circunscripción de restos con lo que todos los votos valdrían igual. El número de escaños que obtendría un partido sería estrictamente proporcional al de votos conseguidos. Desaparecería entonces el llamado voto útil, y la apreciación de que inclinarse por tal o cual formación política significa tirar el voto.

Por ejemplo, y en la misma línea, la reforma del sistema de financiación de los partidos políticos, prohibiendo toda financiación privada y haciendo la pública estrictamente proporcional a los votos conseguidos, sin mínimos y sin pluses. Desaparecería en gran medida la corrupción y sobre todo la hipoteca y condicionamiento de los políticos a quienes les han financiado. Quien paga manda. Y sin duda, las posibilidades de éxito de una formación política dependen en gran medida de los recursos que posea. No creo que los ricos, los bancos y las grandes empresas estén dispuestos a financiar a los partidos que pongan en cuestión sus privilegios.

Medidas como las anteriores permitirían el afloramiento de otras formaciones políticas y reducirían incluso el poder de los aparatos de los partidos. Los militantes tendrían bastante más libertad para enfrentarse a las direcciones de sus partidos cuando no estuviesen de acuerdo con ellas, sin temor a las tinieblas exteriores. En la situación actual, cualquier escisión se ve de antemano condenada al fracaso.

Pero se entiende que ni el PSOE ni el PP estén interesados en este tipo de reformas; por supuesto, tampoco las fuerzas económicas.