La
reforma del Gobierno CEOE
Resulta sobrecogedor tomar conciencia del
grado de conformismo a que ha llegado la sociedad española. Va a hacer quince
días ya que el gobierno aprobó el decreto ley de reforma laboral y aquí no ha
pasado nada, y me temo que tampoco pasará en el futuro. La opinión pública es
fiel reflejo de la opinión publicada, y desde hace algún tiempo para ésta sólo
existe un problema digno de consideración, el terrorismo, y todo lo que rodea
al País Vasco. Y, sin embargo, la reforma laboral va a tener para la mayoría de
los hogares españoles una repercusión mucho más directa e inmediata que los
atentados terroristas.
Reforma a reforma, se está produciendo una
auténtica mutación en el modelo económico y social, configurándose una
situación nueva en la que el trabajador va perdiendo todas las garantías y
derechos y queda al albur de la voluntad del empresario, viéndose obligado a
aceptar las condiciones más draconianas. Cada reforma es un paso más en un
camino que parece no tener fin, o más bien cuyo fin es retornar al mundo
laboral del siglo XIX.
El gobierno del PP, al año justo de su
victoria electoral y crecido con su mayoría absoluta, no ha dudado en dar
cumplida satisfacción a las aspiraciones empresariales, aunque para ello haya
tenido que modificar unilateralmente lo que él mismo pactó con los sindicatos
hace poco más de dos años. Tampoco puede extrañarnos. Patronal y Gobierno son
en realidad la misma cosa; lo que se evidencia al analizar el origen de muchos
de los altos cargos, incluyendo el de algunos ministros.
Creíamos, sinceramente, que el mercado laboral español había alcanzado tal grado de precariedad
y anarquía que era imposible
sobrepasarlo. Nos equivocamos. Una
vez más se
demuestra que todo es susceptible
de empeorar. Y empeora, ¡y
cómo!, con el decreto ley
aprobado por el gobierno de
la CEOE.
Se resucita
el antiguo contrato basura, (cuya eliminación
fue una de
las pocas medidas positivas de la reforma del 96)
mediante la ampliación de los "contratos de formación" a una serie
de colectivos que nada tienen
que ver con
esta finalidad. Se permite,
así, la utilización generalizada
de un contrato,
caracterizado por tener una ínfima retribución, el salario mínimo
interprofesional, menor protección social - carece de derecho
a la prestación
por desempleo- , y unas cotizaciones sociales a cargo de
los empresarios muy reducidas, del orden de 5.000
pesetas al mes.
Se desregula
totalmente el contrato a tiempo parcial, hasta el
extremo que la única diferencia
con el de
a tiempo completo será su menor
retribución y la eliminación de la mayoría de
los derechos laborales.
La jornada, el horario y
el cómputo semanal o mensual
de horas depende
de la voluntad
del empresario, pudiendo variar
continuamente. En lugar de
a tiempo parcial
se debería llamar de plena
disponibilidad. Se comprende la
falacia de pretender justificar
este tipo de contratos argumentando que de este modo las mujeres y los jóvenes puedan atender otras ocupaciones. Lejos
de esto el
contrato a tiempo parcial será uno de los más
precarios del mercado de trabajo. Sólo saldrán
beneficiadas las empresas.
Se crea una nueva y desconocida
causa objetiva de despido. Se
permite la asignación de contratos indefinidos específicos a la ejecución de
planes o programas
públicos dependientes de presupuestos anuales, para autorizar seguidamente el despido automático, cuando dicha asignación
presupuestaria se vea mermada o
suprimida. Esta medida va a afectar,
sin duda alguna,
a miles de
trabajadores de empresas que tienen
contratos con las administraciones públicas, con
la agravante de que se eludirá el expediente de regulación de empleo
y las garantías que conlleva.
Se reduce
la indemnización por despido improcedente
- es decir el arbitrario y discrecional- a 33 días
por año trabajado
mediante el procedimiento de incluir en el
"contrato para fomento de la
contratación indefinida"
a casi todas
las categorías de trabajadores.
Se inventa
un nuevo tipo
de contrato temporal, el "de
inserción" como si fuesen pocos
los ya existentes. Se empeoran las condiciones de los trabajadores
fijos discontinuos; y con el
argumento de incentivar la contratación, de nuevo, se reducen
en distintos casos las cotizaciones
sociales de los empresarios.
Serían muchos
aún los aspectos
por comentar, pero valga
lo indicado hasta el momento
como señal inequívoca del signo de
la reforma. El gobierno, con
la prepotencia de su mayoría absoluta,
ha pasado olímpicamente
de las organizaciones sindicales,
pero lo peor con todo es
que no se
ve muy claro que éstas tengan capacidad
de reacción. Después de
siete años de consensos y
diálogos se ha perdido todo
hábito de movilización
y confrontación.
Tampoco cabe
esperar mucho de la oposición
política. No
sólo porque
fuesen los gobiernos de González
los que iniciasen
este camino de desregulación
en materia laboral, sino
principalmente porque el discurso económico
de Zapatero y sus muchachos
se mueve en
la misma órbita
que el del gobierno. Hay que añadir además
que en este
tema casi todos los medios de
comunicación, sean de un
lado o de
otro, marchan al unísono, en
la dirección que marcan el
capital y los
empresarios. Continuaremos, por tanto, hablando de terrorismo
y del País Vasco.