Programa fiscal de derechas

Estamos ya en campaña electoral y el PSOE ha presentado su programa de política fiscal. Esta vez, con acento andaluz, quiere vestirlo de progresista, pero en el fondo bastante de derechas.

De derechas es un programa que comienza solemnemente afirmando que no va a incrementar la presión fiscal. Cierto es que para enjuiciar la orientación ideológica de un sistema tributario hay que considerar un aspecto cualitativo: qué impuestos lo componen y cómo recaen sobre la capacidad económica de los contribuyentes; pero existe una cuestión previa, un aspecto cuantitativo, la suficiencia del sistema: saber si tiene capacidad recaudatoria para atender los derechos, servicios y prestaciones de un Estado social tal como el que determina nuestra Constitución. Un sistema fiscal, sea cual sea, no puede ser justo ni progresista si carece de la potencialidad suficiente para atender las necesidades sociales.

Es evidente que nuestro país tiene un importante déficit social. Ni en vivienda, ni en sanidad, ni en pensiones, ni en las prestaciones del seguro de desempleo se está cumpliendo los mandatos constitucionales. Las carencias de la sanidad pública son evidentes; existe un gran número de parados que carece por completo de prestaciones; las pensiones, a pesar de la propaganda que sobre el tema realizan nuestros políticos, son de tal cuantía que condenan a la mayoría de nuestros ancianos a la miseria o a vivir en una dependencia vergonzante de sus familiares; se carece de los servicios sociales mínimos destinados a la tercera edad. Podríamos continuar enumerando la lista de deficiencias, que por otra parte todo el mundo conoce, pero quizás el mejor resumen de todas ellas se encuentre en que en nuestro país el porcentaje que los gastos sociales representan del PIB (20,1%) es siete puntos inferior a la media de la UE (27,3%).

El primer reto de una política fiscal progresista es dotar al sistema de potencialidad para poder reducir este déficit. No se trata de compararnos con Suecia, Dinamarca, Alemania o Francia, ni siquiera equiparar nuestras prestaciones a las de la media europea, ya que nuestra renta per cápita es inferior. Se pretende únicamente destinar a estas necesidades un porcentaje del PIB similar al que por término medio dedican el resto de países de la Unión.

La contrapartida a este desfase hay que buscarla en el hecho de que nuestra presión fiscal es también siete puntos inferior a la europea. Empezar diciendo que el objetivo es mantener la presión fiscal es renunciar de antemano a cualquier mejora en la política social; es desechar también toda lucha contra el fraude porque, dadas las enormes bolsas de evasión fiscal, sería relativamente fácil incrementar la recaudación, y por tanto la presión fiscal, si se acometiese en serio esta tarea.

Pero consideremos los aspectos cualitativos. No parece que las medidas propuestas sean tampoco muy progresistas. Puede haber, sí, algún elemento positivo como incrementar el límite exento en el IRPF o la reforma de la tributación de las rentas de capital. Bien entendido que la discriminación positiva hacia las plusvalías no se inició con la política del PP sino en la reforma de 1988, continuada por la de 1991; de nada vale, pues, corregir la situación injusta actual si lo que se pretende es retornar a la anterior, tanto o más injusta.

Al resto de las propuestas difícilmente se les puede tildar de progresistas, más bien todo los contrario. ¿Cómo se puede afirmar que el objetivo es gravar a los grandes patrimonios e incrementar la progresividad del sistema si se empieza planteando la reducción del tipo del impuesto de sociedades, cuando la mayoría de las grandes fortunas se escudan bajo la forma de personas jurídicas? ¿Y qué decir de la reducción, una vez más, del número de tramos de la tarifa y del tipo marginal máximo del IRPF? No es verdad que al reducir el número de tramos se simplifique el impuesto. Independientemente de cuántos sean éstos, a cada contribuyente le corresponde uno sólo. Lo único que se aminora es la progresividad, al igual que se disminuye la progresividad al reducir el tipo marginal máximo, el que se aplica a los tramos de renta superiores.

Incluso una medida aparentemente progresista como la bajada del IVA para los alimentos básicos y para periódicos, revistas y libros no deja de presentar dudas, ya que dadas las condiciones de los mercados es muy posible que, lejos de favorecer al consumidor, termine incrementando los beneficios empresariales. Y como guinda de todo ello, el anuncio de un nuevo modelo de financiación autonómica que, a pesar de la ambigüedad con que se manifiesta, se intuye que comporta una mayor autonomía fiscal. Las consecuencias son evidentes. Si la ausencia de armonización fiscal en la Unión Europea está sirviendo de coartada para aprobar medidas regresivas, con mucha más razón la introducción de disparidad de tributación en un espacio tan reducido como el español, con territorios colindantes, dará ocasión al dumping fiscal.

Recuerdo que a finales de los ochenta, ciertas medidas fiscales regresivas adoptadas por el gobierno del PSOE recibieron dentro del propio partido el nombre de reforma de Majadahonda en referencia a sus autores, una elite que vivía en esa zona de Madrid y a los que sin duda la reforma beneficiaba. A este programa cabría titularle hoy de los servicios de estudios bancarios, dada su orientación.