España en llamas

Por primera vez el aniversario de la Constitución se ha celebrado en el Senado y no en el Congreso. ¿Obras? Eso dicen, pero los rumores apuntan al miedo de los diputados y demás mandatarios a que les aguasen la fiesta los indignados, que poco a poco van siendo la totalidad de los ciudadanos de España. Bien es verdad que la función está ya bien aguada. En el ambiente flotaba la idea de que nuestra Carta Magna no funciona, aunque resulta difícil que funcione una constitución si aquellos que tienen que cumplirla y desarrollarla se empeñan en torpedearla e interpretarla a su antojo. Desde los partidos nacionalistas proclaman claramente y con descaro que están dispuestos a saltársela siempre que lo consideren conveniente, aunque al tiempo no tienen ningún reparo en ampararse en ella cuando creen que el Gobierno central ha invadido sus competencias; y los dos partidos mayoritarios -y algunos minoritarios también-, con la excusa de la Unión Monetaria, están trastocando de forma radical la Carta Magna, deteriorando seriamente la democracia y aniquilando el Estado social.

España está en llamas. El trabajo, en lugar de ser un derecho tal como afirma la Constitución, parece un lujo o un privilegio que muchos han perdido y que el resto teme cada día que le sea arrebatado, pues a las empresas se les ha puesto sumamente barato prescindir a su antojo y conveniencia de sus trabajadores. Bajo tal amenaza, los asalariados se ven forzados a aceptar el deterioro de las condiciones comenzando por el salario. Desde el año 2000 la participación de la remuneración de los trabajadores en la renta nacional ha descendido del 50% al 45%, mientras que la de los beneficios empresariales se ha elevado de 40 al 45%. Alguien podrá alegar que el número de trabajadores se ha reducido, lo cual es verdad, pero se supone que también lo ha hecho el número de empresas y empresarios. La conclusión es que los precios no disminuyen a pesar del descenso de los salarios, por lo que la pretensión de sustituir la devaluación exterior por la interior constituye un espejismo. Lo único cierto es que la desigualdad se incrementa en proporciones alarmantes.

España arde. Las pensiones, que ya eran reducidas, llevan dos años (uno con Zapatero y otro con Rajoy) perdiendo poder adquisitivo. Se multiplican las manifestaciones, las huelgas y los conflictos laborales. El metro y los autobuses de Madrid, Renfe, la minería, Paradores; Telemadrid, en la que se pretende prescindir de todo el personal molesto para seguir convirtiéndola en un instrumento de intoxicación y propaganda del gobierno regional; Iberia que, tras la compra por British Airways y tal como suele ocurrir con muchas de las privatizaciones, está abocada al desguace o a constituirse en una compañía de bajo coste (basura), transfiriendo a la matriz las líneas rentables.

La sanidad española y especialmente la madrileña están en llamas porque, además de la privatización parcial de la financiación (vulgo copago o restricción de las prestaciones públicas), se pretende privatizar la gestión con el fin de entregar un bocado apetitoso y rentable a las empresas de los amigos o de los familiares. La aplicación del criterio de beneficio privado a este sector solo puede incrementar el coste y deteriorar gravemente la prestación y los servicios sanitarios. La prueba más palpable es la situación de la sanidad en EE UU donde el gasto sanitario por habitante es tres veces el de España y, sin embargo la cobertura es muy deficiente, un 15% de la población carece totalmente de ella y un 40% la tiene muy limitada.

El ministro Wert ha prendido fuego a la educación. Restringe los recursos de la pública en favor de los de la concertada. Los rectores de las universidades están en armas contra el Ministerio por el deterioro al que se está sometiendo a la docencia universitaria pública, tal vez para que las universidades privadas tengan mayor negocio y para que el poder económico controle más la universidad y la enseñanza; el ministro Gallardón con la aprobación de las tasas judiciales hace que el incendio se extienda por la Administración de justicia logrando poner en contra de sus reformas a todas las asociaciones judiciales. En ambos casos se rompe la igualdad de oportunidades, principio fundamental del Estado social y, teóricamente, de la Constitución.

España arde por el paro, los desahucios, las preferentes, las ayudas a la banca, la amnistía fiscal; por los Díaz Ferrán, por los escandalosos sueldos de los banqueros y demás ejecutivos de las grandes empresas, por la destrucción de la profesionalidad en la Administración pública y por la inflación de consejeros, asesores, periodistas y demás hombres de partido en todos los puestos del sector público.

Cuando el Estado social se quiebra, para mitigar el incendio aparece el Estado policía, se endurece el Código Penal, se restringe el derecho de manifestación, se criminaliza a los sindicatos y a la huelga, la actividad política se transforma en una farsa y, sobre todo, se utiliza a los medios de comunicación para que distorsionen la realidad y escondan lo que no se quiere que se vea: que España está en llamas.