Un salvavidas para la banca

El Gobierno acaba de aprobar un plan de salvamento para las entidades financieras. En una primera aproximación, algo no casa. ¿Cómo es posible que la banca, que presenta en líneas generales una abultada cuenta de resultados y elevados beneficios, haya tenido que recurrir al Gobierno suplicando que la salve? La respuesta debe buscarse en el enorme déficit exterior de nuestra economía, fruto del ingente endeudamiento de las familias y de las empresas. La mayor parte de estos pasivos se ha generado con créditos de las entidades financieras que, a su vez, se han refinanciado en los mercados internacionales.

En tiempos de bonanza y de abundancia de liquidez, los bancos han obtenido sin demasiadas dificultades los recursos necesarios del exterior, consiguiendo así pingües beneficios por su intermediación. El problema ha surgido cuando los mercados financieros se han colapsado debido a la desconfianza generada en la crisis de las hipotecas subprime. El grifo se ha cerrado y no tienen manera de renovar el monto de la deuda acumulada.

Afirman que es un problema de liquidez y es posible que tengan razón, pero los problemas de liquidez pueden transformarse fácilmente en problemas de solvencia. Aun suponiendo que sea verdad que los activos con que cuentan los bancos son de buena calidad, pueden dejar de serlo en cuanto nos adentremos en una recesión y se cierren los canales de financiación. Los créditos frente a una empresa en principio solvente pueden pasar rápidamente a incobrables si se la ahoga financieramente o no puede vender sus productos debido a la crisis económica; y una hipoteca que en un principio sería plenamente segura deja de serlo si la vivienda desciende de valor o se queda en paro el deudor. En ese caso, los beneficios de la banca podrían desaparecer e incluso incurrir en pérdidas. Es eso lo que temen los banqueros y aquellos que en la bolsa están apostando en contra de las entidades financieras; y por ello han ido a postrarse a los pies del presidente del Gobierno.

Lo primero era evitar en lo posible que el dinero que estaba en la banca huyese del sistema, y en ese sentido se ha encaminado la medida de elevar de 20.000 a 100.000 euros la cantidad garantizada a los depositantes, que, como bien dice el gobernador del Banco de España, favorece más a los bancos que a los clientes, ya que en España estos nunca han perdido sus ahorros.

El segundo objetivo es inyectar a la banca la liquidez necesaria para que pueda renovar sus deudas y no se vea obligada a restringir los créditos. A tal efecto, se proyecta emitir deuda pública por 30.000 millones de euros, ampliable a 50.000, con los que obtener recursos destinados a comprar activos a las entidades financieras. Desde instancias oficiales se asegura que los activos a adquirir son de óptima calidad, que están calificados con la triple A por las agencias de valoración, lo que lleva a Solbes a afirmar que la operación no costará nada a los contribuyentes.

Ya se ha dicho que los activos solventes pueden transformarse muy pronto en insolventes; pero es que, además, la referencia a las agencias de valoración suena a chiste cuando estas han dado la máxima calificación a activos basura que estaban solo respaldados por hipotecas subprime. El erario público va a asumir en muchos casos un riesgo, riesgo que no han estado dispuestos a tomar el sector privado ni los mercados financieros; es por ello precisamente por lo que se ve obligado a actuar el Tesoro. Para que sea verdad que el coste no termine recayendo en el contribuyente, el tipo al que tendría que prestarse a las entidades financieras debería ser lo suficientemente elevado para compensar las eventuales pérdidas y, desde luego, muy alejado del de suscripción de la deuda pública. De esa manera, serían las cajas y los bancos los que incurrirían en el coste de la operación porque también han sido ellos los que en los tiempos de auge han obtenido abultados beneficios y, al mismo tiempo, se repartiría en función de lo arriesgada que haya sido la conducta de cada uno.

En todo caso, lo que está por ver es la eficacia de la medida. Solo puede alcanzarse la finalidad perseguida si la deuda se suscribe casi en su totalidad en el exterior o con recursos ajenos al circuito financiero. De nada serviría que el Tesoro inyecte fondos a las entidades financieras si esos fondos han salido antes de ellas para suscribir deuda pública. El Tesoro está asumiendo una función que en puridad no le corresponde, es más propia de un banco central. El Banco de España ha tenido siempre la consideración de banco de banqueros. Una vez más, la Unión Europea adopta el papel de perro del hortelano, ni come ni deja comer. Priva de funciones a los bancos centrales nacionales, pero el Banco Central Europeo no actúa como tal.