La
retribución de los funcionarios
No hay nada como la publicidad y la propaganda; y
con publicidad y con mucha propaganda se ha vendido el acuerdo del Gobierno con
los sindicatos de la Función Pública. Se repite por doquier que el próximo año
los empleados públicos van a ganar capacidad adquisitiva, lo cual es falso. La
subida va a estar, sí, por encima del
incremento previsto del IPC, pero es que la inflación real con toda
probabilidad superará a la prevista aun en mayor medida. Nadie, ni el mismo
Gobierno, se cree que el aumento de los precios en el 2003 vaya a situarse por
debajo de ese 2% estimado en los Presupuestos. Lo cierto, por tanto, es que un
año más los funcionarios perderán poder adquisitivo, que se añadirá a los 5,2
puntos que han perdido ya desde 1996.
Tampoco es cierto, como ha publicado algún
periódico, que la subida vaya a ser del
3,3%. El incremento para la casi totalidad de los funcionarios será del 2,7%.
El 0,6 restante afectará a grupos concretos y a cambio de prestaciones
adicionales, por lo que de ninguna manera se puede predicar al conjunto de los
empleados públicos y mucho menos relacionarlo con el incremento de la inflación.
Mayor estupor causa esa previsión para el 2004 de
dedicar el 0,48% de subida a crear un fondo de pensiones para funcionarios.
¿Desde cuando el Estado tiene que crear fondos de pensiones? ¿Es que acaso no
es él el mejor asegurador? Si quiere elevar las pensiones de los funcionarios
lo único que debe hacer –y no estaría de más– es subir las retribuciones de las
clases pasivas. Se trata, dicen, de forzar a ahorrar a los funcionarios. Pero
¿por qué razón el ahorro debe materializarse en un fondo de pensiones y no en
otras formas de inversión más necesarias y rentables, por ejemplo, la
adquisición de la propia vivienda, objetivo inalcanzable para muchos de ellos?
Por otra parte, la cantidad es bastante ridícula. El 0,48% de un sueldo de unos
18.000€ (léase tres millones de pesetas) representa 86,40€ (14.400 pesetas).
Con semejante aportación anual poca pensión va a percibir el empleado público,
por muy joven que sea, cuando se jubile. Claro que lo que para el funcionario
es poco, para los bancos puede ser un buen pellizco, un monto importante de
dinero cautivo. Y a lo mejor de eso se trata.
A pesar del deterioro que vienen sufriendo las
retribuciones de los empleados públicos, no han faltado voces que se han
apresurado a criticar el acuerdo por demasiado liberal, considerando que
constituye un peligroso antecedente para los convenios del sector privado. Y es
que sigue habiendo quien estima que los trabajadores no sólo no tienen derecho
a participar en el crecimiento económico y en el incremento de productividad,
sino ni siquiera a mantener el poder adquisitivo de sus retribuciones.
El Banco de España, por ejemplo,
constata con horror que la cláusula de revisión salarial se va extendiendo a la
negociación colectiva aumentando la presión sobre los precios. O sea que para
que los empresarios no incrementen los precios, los trabajadores deben
resignarse a ver cómo se reducen, año tras año, sus retribuciones reales. A lo
mejor, con un poco de suerte, si renuncian a la totalidad del salario la
inflación se modera. Bien es verdad que se iba a moderar algo más que la
inflación, porque no se entiende a quién iban a vender sus bienes y servicios
las empresas. Echar la culpa de la inflación a los salarios es tanto más
sectario cuanto que en los ocho primeros meses del 2002 la subida salarial
media pactada ha sido del 2,9%, muy por debajo de la previsible inflación que
se situará alrededor del 3,7%.