Linchamiento
Recientemente, dos acontecimientos han
situado a la justicia en el primer plano de la actualidad. El juicio de Dolores
Vázquez y la imputación, y posterior suspensión del cargo, a los magistrados de
la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Ambos casos
han sido suficientemente aireados por la prensa, como para que se pueda pensar
que en el desenlace ha tenido algo que ver la presión social sobre las
instancias judiciales, poniendo en peligro la independencia.
Peligroso, muy peligroso, es, a mi entender,
permitir que la opinión pública, que nunca es la opinión pública, sino más bien
la opinión publicada y radiada, se meta a monaguillo y quiera ocupar el puesto
de los jueces. Resulta fácil agitar los instintos más abyectos de la sociedad,
en especial cuando los medios de comunicación convergen en esta tarea. En lo
más profundo de cada uno se da un juez implacable dispuesto a emitir los
veredictos más duros. El mecanismo psicológico es conocido, actúa por
compensación. En la medida que censuramos a los otros, proclamamos y nos
vanagloriamos de nuestra inocencia.
No hay mayor crueldad que la de las masas
convenientemente agitadas y manipuladas. Rara vez actúan de acuerdo con la
presunción de inocencia. No se precisa la sentencia; mas
bien se es culpable desde el mismo momento de la acusación. Las garantías
procesales, el carácter rehabilitador de la pena y aquello de "mas allá de toda duda razonable", nunca han sido
atributos de las masas ni resultado de pulsiones apasionadas, sino conquistas
de sociedades organizadas y fruto de reflexiones y actuaciones serenas.
Para los que hemos estado ajenos al proceso
no resulta sencillo pronunciarse sobre la culpabilidad o no de Dolores Vázquez,
pero lo que sí salta a primera vista es que el caso reúne suficientes elementos
de morbo y de reprobación social como para que la opinión pública la
condenase de antemano. Es difícil creer que todo este alboroto no influyese en
el jurado y en el mismo juez encargado de dirigir la causa, y algo habrá
influido cuando el veredicto y la sentencia contaba
con tales defectos que el Tribunal Superior de Andalucía ha tenido que
anularlos.
Pero más grave ha sido, creo yo, la
actuación en el segundo caso. El Fiscal General ha imputado a todo un tribunal
un delito de prevaricación y el Consejo del Poder Judicial (CPJ) no ha esperado
siquiera a que hubiese procesamiento para suspender de funciones a los
magistrados, con el consiguiente perjuicio económico. Su remuneración queda
reducida al 75% de su sueldo base, que dado el muy especial sistema de
retribución que se aplica a los funcionarios, es en realidad la tercera o
cuarta parte de su sueldo total.
Es bastante preocupante la alegría con que
en los últimos tiempos se maneja este delito, delito en cuya aplicación siempre
se han encontrado obstáculos, a no ser que fuese ligado al cohecho. El
requisito de "a sabiendas" no es fácil de probar y únicamente la
demostración de que se tiene un interés propio y especial en la resolución
puede hacernos sospechar que se ha dado la prevaricación.
Sólo si se probase que el tribunal ha sido
comprado, bien con dinero o con otros favores, podría deducirse, en el caso que
nos ocupa, el delito de prevaricación, lo cual no es fácil tratándose no de un
juez sino de tres magistrados a los que habría que mantener en silencio. De lo
contrario, estamos en presencia de una interpretación distinta del Derecho, tal
vez de un error, incluso de una imprudencia, pero todo ello se encuentra dentro
del riesgo lógico de aquellos que sin otra ayuda que su criterio deben decidir
diariamente sobre la libertad y eventualmente sobre la vida de otras personas,
aun cuando, presuntamente, sean delincuentes.
La actuación del Fiscal General y del CPJ
ahonda aun más en una brecha peligrosa, no tanto para las togas como para la
sociedad. Y es que los jueces, ante el riesgo de sanciones sociales y
políticas, opten no por las sentencias que consideren más justas sino por
aquellas que van a ser bien recibidas por la sociedad y por los poderes
mediáticos, y no mediáticos, en el convencimiento que actuando de esta manera
van a evitarse graves inconvenientes e incluso van a hacerse merecedores de
aplausos y medallas.
Preocupante, muy preocupante, sería que el
gobierno aprovechando que "el Pisuerga pasa por Valladolid", hubiese
dado ordenes al Fiscal General y a sus vocales del CPJ con la intención de
librarse de un tribunal molesto, cuyos autos en determinadas materias
discrepaban de los planteamientos del Ejecutivo