Antiguo
y nuevo régimen
Hay discursos que
cuesta entender. No se sabe muy bien si por oscuridad verbal -quizás también
mental- de quien los pronuncia o por lo etéreo de los conceptos que se emplean.
Viene esto a cuento de Maragall y sus nacionalidades históricas, porque digo yo
que todos los territorios y pueblos tienen su historia. Y todos los Estados
europeos, también. A lo largo de la Historia, éstos se han ido forjando como
agrupaciones de territorios más pequeños, debido a la casualidad, al éxito
bélico de sus monarcas y príncipes o a simples alianzas matrimoniales. En este
proceso, como en la definición de las actuales fronteras, hay, por supuesto,
mucho de contingencia histórica. Las cosas, qué duda cabe, podrían haber sido
de cualquier otra manera. Pero han sido así. Por eso, en tal materia repelen
las invocaciones metafísicas o trascendentales.
Los Estados, al
menos como hoy los conocemos -con entidad propia y después de haber repudiado
su situación de apéndices patrimoniales de las Coronas- son relativamente
modernos. Y moderno es el Derecho que les da cobertura, basado en la igualdad
jurídica de todos los ciudadanos. En el Antiguo Régimen los derechos no eran
individuales, sino estamentales, territoriales. Tampoco eran universales, sino
que se identificaban con la noción de fuero, de privilegio, privilegios
pactados, más bien arrebatados al monarca o al emperador por un estamento,
ciudad, territorio, condado o reino. El ciudadano poseía derechos únicamente en
su calidad de miembro de un territorio o estamento.
El Estado moderno
resulta incompatible con los fueros y privilegios, ya sean individuales o
colectivos, y toda pretensión de establecerlos es una involución hacia el
pasado, a situaciones y condiciones predemocráticas.
Estaríamos buenos si tuviésemos que retornar a las prerrogativas o regalías de
En el nuevo régimen
no son los territorios, ni las ciudades, ni los estamentos, los que contribuyen
y reciben servicios y prestaciones del Estado, sino los ciudadanos. Por eso
carecen de sentido expresiones tales como las de déficit fiscal de Cataluña o
planteamientos como los que realiza Maragall acerca de que las Autonomías
contribuyan según su renta y perciban según su población. Son los ciudadanos
los que contribuyen, y deben hacerlo con independencia del territorio en que
residan, de acuerdo con su capacidad económica, pero de forma progresiva, es
decir, más que proporcionalmente. Y son también los ciudadanos, al margen de
cuál sea su Comunidad, los beneficiarios, según sus necesidades y
circunstancias particulares, de los servicios y de las prestaciones sociales.
El saldo de cada Comunidad no es algo previamente pactado, sino el resultado
lógico de estas reglas generales.