Europa sin energía

Hace ya tiempo que, poco a poco, van surgiendo las contradicciones del actual proyecto de Unión Europea. Ahora le ha tocado el turno a la política energética; si algo ha quedado claro tras la Cumbre de primavera es que se carece de ella y -lo que debería preocupar aún más a los mitoeuropeístas- que, a pesar de tanta profesión de fe, en realidad no hay ninguna voluntad de instrumentarla, acaso porque en las actuales coordenadas resulte imposible.

Todas las contradicciones de la Unión Europea , las que están surgiendo y las que surgirán, tienen una raíz común: que mientras se pretende avanzar en la integración de los mercados, ya sean de mercancías o financieros, se niega todo progreso en la unificación de las estructuras políticas, fiscales, sociales y laborales. Los gobiernos descubren ahora –o quizás simplemente ahora lo confiesan- que existen sectores estratégicos y, como tales, no se pueden dejar sin más al albur del mercado. Sin duda, la energía es uno de ellos, pero no el único.

Los mandatarios europeos han intuido que el abastecimiento de energía puede afectar a la seguridad nacional, digamos europea, y por ello su incardinación dentro de la política exterior y el encargo realizado a Javier Solana como responsable de este área, de elaborar de aquí a junio un documento sobre el tema. Es otra de las características de la Unión Europea : ante la incapacidad de obrar, se confeccionan informes.

Europa carece hasta el momento de un mercado integrado de la energía. Los distintos gobiernos son conscientes de ello, pero se resisten a perder el control de un sector que consideran básico. Y de ese doble objetivo surge el debate, pero en términos a mi entender equivocados, porque no se trata de escoger entre proteccionismo y liberalismo, sino entre sector público y sector privado. Hay gobiernos como el de España que consideran una garantía que las empresas sean nacionales, dando al término nacional un sentido impreciso, porque desde el momento en que una empresa es privada ha dejado de ser nacional para convertirse en particular, con intereses en teoría distintos a los generales. Además, en un sistema de libre circulación de capitales, la propiedad siempre es difusa y se desconoce su carné de identidad; y en cuanto a los gestores, no creo que a los ciudadanos les importe mucho que sean nacionales o extranjeros.

Las únicas empresas que en sentido estricto pueden calificarse de nacionales son las públicas, únicamente sobre ellas los gobiernos tienen control suficiente para garantizar que el interés general se antepone al interés particular. Francia, Italia, y Portugal, mantienen importantes participaciones en sus respectivas sociedades de gas y de electricidad. El presidente francés tiene razón al afirmar que el mantenimiento de empresas públicas no contradice la libre circulación de capitales y, por lo tanto, tampoco las normas europeas. Cosa distinta se produce cuando después de privatizar se pretende, mediante ingenierías financieras, mantener artificialmente a las empresas en manos nacionales. Ése es el caso de España. Francia tiene razón, su estrategia no viola la legislación comunitaria; pero eso no implica que no imposibilite de igual modo la creación de un mercado único.

En el sector energético –no es el único sector-, compaginar la integración europea con las exigencias que implica su condición de estratégico exigiría la existencia de empresas públicas europeas, algo impensable cuando no existe el menor atisbo de unidad política y cuando el presupuesto comunitario no pasa del 1,24% del PIB. He ahí la contradicción. No se puede abrazar el neoliberalismo y después hablar de sectores estratégicos.