Esnobismo político

Es norma habitual de cortesía conceder a los gobiernos cien días de gracia antes de comenzar a juzgar sus actuaciones; pero, en contrapartida, los gobiernos deberían darse también cien días de margen antes de introducir modificaciones administrativas. Que antes de tomar posesión y con bastante desconocimiento de la estructura y funcionamiento de la Administración se líen a reorganizarla, dividiendo y reuniendo sus piezas como las de un collage, puede tener resultados harto negativos.

Las consecuencias son aún peores cuando, con cierta ignorancia, imaginan que para la solución de un problema basta con crear una nueva unidad administrativa, que en la mayoría de los casos se superpone a otras ya existentes y con idénticas competencias. Desde el PSOE, se ha anunciado la creación de una agencia para evaluar las políticas públicas. No se precisan más organismos de control, sino la voluntad política de que funcionen y que desde el poder se atienda a sus recomendaciones. El Tribunal de Cuentas, la Intervención General y las inspecciones de servicios de los distintos ministerios tienen encomendados en sus respectivos ámbitos el control de eficacia, economía y eficiencia. Superponer un organismo más no es precisamente una prueba de austeridad y sí augurio de conflictos seguros, tal como ocurrió con la Oficina Presupuestaria de Presidencia tan anunciada por el PP.

Evaluar la eficacia de una determinada política pública resulta bastante más fácil de decir que de hacer. Desde tiempos de UCD se lleva hablando de la presupuestación por programas, pero en el mejor de los casos ésta ha quedado reducida a ser exclusivamente una mala clasificación funcional, en la que se carece de objetivos claros para cada programa y, por supuesto, de índices con los que poder cuantificar su cumplimiento. ¿Cómo se van a evaluar luego? El despropósito adquiere proporciones alarmantes cuando se intenta hacerlo desde un organismo al margen del Ministerio de Hacienda y de la Secretaría de Estado de Presupuestos.

A la hora de presupuestar, todos los gobiernos, sean del signo que sean, obedecen mucho más a las presiones de los distintos grupos sociales o económicos, a los compromisos partidistas o a las exigencias de Comunidades y Ayuntamientos que a la racionalidad de los objetivos o a los posibles informes de control de la Intervención General.

Daría un consejo al nuevo Gobierno. Sosiéguense, siéntense en los despachos, dedíquense cien días a estudiar la Administración y los Presupuestos por dentro, que suelen ser distintos de lo que se conoce en la oposición. Tal vez descubrirían que no se precisa la creación de nuevos organismos. Y que si de verdad quieren evaluar las políticas públicas, a lo mejor bastaría con presupuestar correctamente y con la promesa de hacer públicos los informes de la Intervención General. No hay mejor control que la luz y los taquígrafos.