La enésima reforma bancaria

Lo ocurrido con las entidades financieras es quizás la expresión más clara de los numerosos errores cometidos por los políticos españoles a la hora de encarar la crisis económica. En casi todos los asuntos se ha seguido la política del avestruz, pensando que por el simple hecho de negar los aspectos dañinos estos desaparecerían. Al tiempo que se adoptaba un tono triunfalista que tendía a situar los problemas en el extranjero y a considerar que nosotros estábamos inmunes a ellos.

Mientras la crisis de las entidades financieras se extendía por EEUU y por Europa, en España el Gobierno, políticos de uno y otro signo, creadores de opinión, expertos, medios de comunicación y fuerzas económicas se vanagloriaban de la solidez de nuestros bancos y se felicitaban de la buena labor realizada por el Banco de España en la regulación y el control de las entidades financieras. Lo más curioso del asunto es que compraron la milonga incluso en el exterior, y no faltaron diarios prestigiosos y muy responsables organismos internacionales que repetían las tesis consabidas y ponían como ejemplo la normativa y regulación del sistema financiero español de cara a una nueva reglamentación internacional de las entidades financieras. Paradójicamente, son los mismos organismos e instituciones que hoy, cuatro años después, presentan el riesgo de insolvencia de las entidades financieras españolas como uno de los mayores problemas de la economía europea. Y es que deberíamos asumir que el prestigio del que gozan muchos expertos e instituciones se debe exclusivamente al poder que detentan, si bien la verosimilitud de sus informaciones y lo certero de sus opiniones dejan mucho que desear.

Desde luego sobraban motivos para sospechar que esta visión tan edulcorada no era real. En los diez o doce años anteriores a la crisis, la economía española se había endeudado fuertemente en el exterior y había generado una enorme burbuja inmobiliaria. Con esos precedentes, resultaba ingenuo pensar que las entidades financieras españolas no fuesen a tener problemas. Es verdad que no estaban contaminadas por las hipotecas subprime –lo que era totalmente lógico, ya que las entidades españolas no habían salido al exterior a invertir sino a demandar créditos– pero tenían, y tienen, sus propias hipotecas subprime. Mantienen una enorme exposición al ladrillo que poco a poco han ido mostrando las fisuras y fallas. A pesar de ello, lo cierto es que se ocultó y se negó la evidencia, minimizando los peligros. Se presentó como problemas de liquidez lo que eran insolvencias, y cuando la realidad se imponía y una entidad necesitaba ayuda se calificaba de caso aislado y no sintomático del estado del sistema.

Así han pasado cuatro años sin haber acometido la única reforma que de verdad necesitaba la economía española, la del sistema financiero, y eso a pesar de que se han anunciado una multitud de ellas y que ha sido casi el único tema en que se han puesto de acuerdo los dos partidos mayoritarios. El gobernador del Banco de España ha hablado de déficit, de salarios, de pensiones, del mercado laboral, de impuestos… de todo, menos de las medidas que había que tomar para normalizar el crédito. Todo el proceso ha estado marcado por la opacidad, por el disimulo, por las imprecisiones y hasta por la mentira. Por la forma de instrumentarlo, se ha querido trasladar la idea de que no se ha utilizado hasta ahora dinero público, cuando no es cierto. Una y otra vez, se ha dado por arreglado el asunto, pero la desconfianza de los mercados continúa y el crédito no llega ni a las familias ni a las empresas. Lo cual no tiene nada de extraño mientras en el balance de las entidades continúen figurando los activos tóxicos valorados a precios irreales.

Una de las principales causas de que no se haya querido aceptar la realidad y que no se haya abordado la solución, radica en la resistencia de las Comunidades Autónomas a perder su parcela de poder dentro del sistema financiero. Esta incardinación territorial se encuentra también en buena medida en el origen de las dificultades que han sufrido y sufren muchas de las entidades financieras. Las cajas de ahorro se han movido en terreno de nadie, no eran públicas, y por lo tanto carecían de los mecanismos de control propios del sector público, pero tampoco privadas. Este estatus jurídico las hacía presas fáciles de los caprichos, veleidades, ensueños, cuando no corrupciones, de las oligarquías políticas y económicas, provinciales y regionales.

En los momentos actuales, el Gobierno proyecta una nueva reforma (debe de ser por lo menos la cuarta). De nuevo aparecen los artilugios del lenguaje. Por una parte, se niega la creación de un banco malo, pero, por otro, se habla de la constitución de múltiples sociedades que acumulen los activos tóxicos de los bancos (o sea, muchos bancos malos). Eufemísticamente, Guindos los llama vehículos. En fin llámense como se llamen, lo importante es saber quién va a asumir las pérdidas, pérdidas que sin duda estarán presentes aun cuando, en un primer momento, reciban el nombre de préstamos.