Festival de exenciones fiscales

La semana pasada, en el VII Encuentro sobre tributación empresarial, se hicieron oír múltiples y diversas voces. Múltiples y diversas, pero todas de la misma tendencia, orientadas al mismo fin: rebajar los impuestos a los empresarios y a las clases altas.

Allí estuvo el ministro de Hacienda hablando de la nueva ley del mecenazgo. “Un cambio radical en la filosofía fiscal”, afirmó. Yo, la verdad, no veo el cambio. Es más de lo mismo. Mayores incentivos fiscales y menor regulación administrativa. “Se trata –dijo- de impulsar la participación del sector privado en actividades para las que el Estado no siempre tiene presupuesto”. El Estado no tendrá presupuesto, pero va a seguir costeándolas, sólo que ahora de una manera indirecta por medio de exenciones en los impuestos, tanto en el de sociedades como en el IRPF.

Eso sí, el control se trasladará del sector público al sector privado. Se trata, en el fondo, de un problema de poder. Las fundaciones y demás instituciones sin fines de lucro aparente se transforman en un instrumento idóneo para que las fuerzas económicas y los administradores de las grandes empresas controlen la cultura y las actividades sociales más dispares. No existe sociedad ni entidad financiera que se precie que al menos no tenga una fundación.

Estuvieron presentes también en el Encuentro los representantes de la patronal, urgiendo al Gobierno a que reduzca el tipo del impuesto de sociedades. El tema es tanto más llamativo cuanto que el tipo de este tributo ha sido uno de los comodines utilizados por los numerosos adversarios de la progresividad del IRPF: en la última reforma fiscal, los seguidores del PP, y ahora, los del PSOE con su imaginativa y muy novedosa idea del impuesto lineal. El argumento empleado, en realidad, es simple. Los contribuyentes de rentas altas pueden eludir la progresividad constituyendo sociedades ficticias. Unos y otros se olvidan del régimen de trasparencia fiscal, establecido precisamente para evitar el fraude de ley.

Quien no se olvida de este régimen es Pich Rosell, presidente del Registro de economistas asesores fiscales (REAF), que pidió su desaparición con lo que ya sin ninguna cortapisa ni limitación podríamos convertirnos todos en sociedades y tributar como tales. Y, puestos a pedir, Pich demandó también que el impuesto de actividades económicas sea deducible en la cuota del impuesto, eliminándose así el gravamen para los empresarios y trasladando su coste al Estado que es rico y carece de necesidades en materia social. ¿Pero por qué no, si el PP prometió su supresión?

Tampoco podían faltar los representantes de los partidos políticos, los de derechas, claro, aunque lo cierto es que apenas quedan de izquierdas. Estuvo Germa Bel, portavoz de Hacienda del PSOE, encantado de haberse conocido, encantado, según dijo, del revuelo que se ha formado por la propuesta de su partido de aplicar un tipo único en el IRPF. Ironizó con el hecho de que el “PP va ya por tres y bajando”. Por lo visto le parece gracioso que, gracias a su genial ocurrencia, el Gobierno se haya legitimado para acometer toda clase de desafueros fiscales. Y, ¡cómo no!, recurrió a la tesis de que capital y trabajo deben tener el mismo trato fiscal, tesis sin duda justa a no ser porque Bel se olvida de que fue el Gobierno del PSOE el primero que las discriminó en la reforma de 1991, y, sobre todo, porque lo que ahora proponen no es corregir el desaguisado en las rentas de capital, sino extender el abuso a las rentas de trabajo.

Y también hablaron Heribert Padrol, portavoz de Economía de CiU, y Jordi de Juan, portavoz de Hacienda del PP, ambos pasando al PSOE por la izquierda y proclamando que lo del impuesto lineal no es de recibo. La postura del partido socialista les permite hacerse los moderados, al tiempo que planifican las medidas más reaccionarias: mayores desgravaciones para los fondos de pensiones, reducción de tipos marginales, disminución del número de tramos, ventajas fiscales para los incrementos patrimoniales, etcétera.

En fin, que este VII Encuentro fue, supongo que como los anteriores, un festival orgiástico de exenciones, desgravaciones y reducciones impositivas. Abajo el gravamen y la Hacienda Pública, sobre todo para los empresarios y para los contribuyentes de rentas altas. Los otros, qué remedio, tendrán que seguir pagando impuestos.