Soldadito
boliviano
La decisión tomada
por Evo Morales ha hecho bufar de indignación a todos aquellos que consideran
intangible la propiedad privada. No parece, sin embargo, que haya motivo para
tal algarabía. Evo Morales no ha engañado a nadie.
Hizo girar su campaña electoral sobre la promesa de nacionalizar los
hidrocarburos y, una vez alzado con el triunfo, volvió a repetir a todo aquel
que quisiera oírlo que pensaba llevar a término lo que había prometido. De
hecho, era una decisión que todo el mundo esperaba, tanto más cuanto que el
pueblo boliviano se había manifestado el 18 de julio del 2004 en un referéndum
vinculante a favor de que el Estado recuperase la propiedad de todos los
hidrocarburos producidos en el país. Lo extraño, al tiempo que reprobable,
hubiese sido que, una vez en el gobierno, se hubiera olvidado de su promesa y
de la voluntad de la sociedad boliviana, tal como hizo su antecesor Carlos Mesa
al negarse a firmar la ley de hidrocarburos, lo que acabó costándole el
gobierno después de verse forzado a celebrar elecciones anticipadas el pasado
diciembre.
Ante el revuelo formado, no sería malo
reparar en el papel subordinado que la propiedad privada tiene en la mayoría de
las Constituciones europeas en las que, si bien se reconoce este derecho, no se
le concede un carácter absoluto sino supeditado y condicionado al interés
general, al bien de la sociedad y de
Por otra parte,
conviene llamar a las cosas por su nombre. En sentido estricto, el decreto del
1 de mayo ni nacionaliza ni expropia. No nacionaliza porque, como no podía ser
de otra forma, la riqueza del subsuelo nunca había dejado de ser propiedad
estatal, así lo establecen diversos artículos de
A lo que sí parece que la decisión se
orienta es a establecer unas nuevas reglas de juego, pero habrá que preguntarse
hasta qué punto eran ofensivas e inicuas las anteriores. Al socaire de la
hegemonía del neoliberalismo económico, las empresas multinacionales han
firmado en la pasada década con muchos de los mandatarios latinoamericanos
contratos injustos y abusivos que sólo eran beneficiosos para dichas empresas,
pero carentes de todo provecho para la sociedad y los países en los que
actuaban. ¿Podemos reprochar que éstos pretendan defenderse? Bolivia tiene
después de Venezuela las mayores reservas de gas natural e importantes
yacimientos de oro, plata, estaño, cobre y zinc y, sin embargo, es uno de los
países más pobres de América Latina, en el que la riqueza está peor distribuida
y el nivel de pobreza supera el 50%.
Existe desde Occidente un discurso
especialmente hipócrita, como por ejemplo el que ha realizado Javier Solana,
alto representante de la UE para la política exterior, que intenta convencer a
lo tartufo de lo malo que es para Bolivia el decreto. Con tono de conmiseración
y desde la superioridad que da pertenecer al mundo desarrollado, viene a decir
algo así como pobrecitos indios, no sabéis lo que hacéis, si seguís por este
camino os quedaréis sin inversión extranjera. Claro que el indocto indígena le
podía contestar que para qué quiere una inversión extrajera que no crea empleo
y además repatría todos los beneficios. Bienvenido sea el capital foráneo si se
destina a desarrollar el país, pero malhadado si lo único que hace es explotar
los recursos naturales sin dejar ninguna riqueza en el interior. Evo Morales lo
ha dicho de forma clara, quiere socios y no amos. Si el capital es necesario,
los recursos naturales también, y tanto las empresas extranjeras como las
economías de los países en que invierten tienen que obtener rentabilidad.
La evasión de inversión extrajera no deja de
ser una amenaza que difícilmente se cumple. Las empresas no se han ido de
Argentina a pesar de que Kirchner anuló los contratos anteriores claramente
abusivos. Por el contrario, la economía de ese país comenzó a recuperarse
cuando se abandonaron las recetas neoliberales, se negociaron nuevas
condiciones con las sociedades foráneas e incluso se suspendieron pagos con el
FMI, al que se ha terminado repudiando y con el que se ha cortado toda
relación. Por otra parte, la adhesión popular a Chaves en Venezuela tiene que
ver en buena medida con que las clases pobres comprueban que la riqueza
derivada del petróleo redunda sobre ellos por primera vez. Y desde luego la
economía de este país no parece que se haya hundido; es más, presenta tasas de
crecimiento bastante aceptables.
Dejémonos de hipocresías y digamos
claramente que si criticamos las medidas tomadas en todos estos países es
porque sentimos que dañan los intereses occidentales. Pero ¿en realidad los
dañan? Los intereses de Repsol como empresa multinacional tienen poco que ver
con los intereses españoles. Esta identificación tal vez tenía sentido cuando
se trataba de una empresa pública y su finalidad era garantizar el suministro a
la mayoría de la sociedad, pero la cosa es profundamente diferente cuando
estamos ante una empresa privada extendida por múltiples países, de la cual se
ignora la composición del capital y cuyas actuaciones obedecen fundamentalmente
a las aventuras expansionistas de poder de sus directivos. Y no se diga eso de
los muchos españoles que tienen acciones de esta compañía. Son una pequeña
proporción de la población y la mayoría de ellos en cantidades insignificantes.
Eso del capitalismo popular es tan sólo la coartada para disfrazar otros intereses.
La farsa se hace más obvia cuando los que
están todo el día proclamando la globalización y criticando el paternalismo del
sector público son los primeros que enarbolan la bandera nacionalista y
patriótica de las empresas y están prestos a ocultarse tras las faldas de papá
Estado para que les defienda. ¿Cómo no considerar una patraña la invocación de
la legalidad internacional por parte de aquellos que la están conculcando a
diario o justifican a quienes la conculcan? Resulta que no se pueden revisar los
contratos de los países pobres firmados por dictadores o gobernantes sin
escrúpulos, pero ha habido que revisar e invalidar todos los contratos firmados
con el anterior régimen iraquí. Lo mandaba EEUU.