Mejor temporal que parado

El debate sobre la reforma de la Constitución ha relegado a un segundo plano de la actualidad la última vuelta de tuerca del Gobierno al mercado laboral, en esa carrera sin fin por podar los derechos de los trabajadores. "El Gobierno prefiere un trabajador temporal a un parado", ha intentado justificarse el ministro de Trabajo. Lo malo de ir envejeciendo es que las cosas resultan monótonamente aburridas, aun las más trágicas. Hace ya casi treinta años -en 1984- que el gobierno de Felipe González, al grito de más vale un contrato precario que ninguno, modificaba el Estatuto de los Trabajadores y generalizaba la temporalidad en las relaciones laborales.

De aquellos polvos han venido estos lodos porque, como era de esperar, la temporalidad se hizo endémica en nuestro país. En cinco años el porcentaje pasó del 15 al 40%. No es que de la nada se creasen contratos precarios, sino que muchos de los contratos fijos, que en cualquier caso se hubiesen firmado, se terminaron formalizando como temporales. A lo largo de todos estos años, con altibajos y de acuerdo con el momento del ciclo, el porcentaje de precariedad se ha situado en España alrededor del 30%, cuando en Europa como media no sube del 14%. El resultado no podía ser más que uno, que en los momentos de crisis las empresas trasladasen de inmediato el coste a los trabajadores, disparándose en consecuencia las tasas de desempleo.

Paradójicamente, esta enorme tasa de precariedad se ha utilizado de excusa para abaratar el despido de los contratos indefinidos. Aduciendo la dualidad existente en el mercado laboral se ha ido, reforma tras reforma, reduciendo la indemnización que los empresarios tienen que pagar, bien ampliando las condiciones necesarias para que el despido sea objetivo, bien facilitando el improcedente y reduciendo sus cuantías. El argumento ha sido el mismo en todos los casos. Con hipocresía, se partía de la falta de equidad que suponían las diferencias entre aquellos que tenían un contrato indefinido con respecto a otros que lo tenían precario para proponer la homogenización progresiva; eso sí, acercando los indefinidos a los temporales. Una vez más, se pretende dividir a los trabajadores, y en el colmo del cinismo algunos han llegado a afirmar que la culpa del paro la tienen los sindicatos y los que cuentan con un contrato indefinido, que se resisten a abaratar el despido.

Sobre este armazón dialéctico se ha forjado la última reforma laboral (en realidad la penúltima), una de las más duras que se han aprobado, dejando totalmente abiertas las causas objetivas en los expedientes de regulación de empleo, reduciendo de manera drástica las indemnizaciones y, por si eso fuera poco, subvencionando el despido. En un país con cinco millones de parados no parece que sea precisamente el despido lo que haya que subvencionar. Y todo ello bajo la bandera de que así los empresarios formalizarían contratos indefinidos y se reduciría el paro.

Es evidente que las medidas tomadas no han servido para nada, excepto para que las empresas puedan despedir con mayor facilidad y menor coste. Pero es que, además, ha bastado que transcurriesen tan solo unos meses para que el discurso cambie de manera radical. Ahora, los que justificaban todo en aras de unificar la contratación laboral y, según decían, para que se redujese la temporalidad, vuelven a promocionarla al grito de que el Gobierno prefiere un trabajador temporal a un parado y con esa consigna permiten que los contratos temporales se encadenen indefinidamente, al tiempo que crean, además, un nuevo contrato basura, el de formación, que puede aplicarse hasta los treinta años. A este paso, el aprendizaje va a llegar hasta la edad de jubilación. Contrato que, por cierto, de nuevo, subvenciona el Estado, mediante la rebaja o la supresión de las cotizaciones sociales. Es curioso que cuando se está situando la reducción del déficit público como principal finalidad de la economía y en función de este objetivo se acometen los recortes más radicales en el gasto, el Gobierno esté dispuesto a subvencionar a las empresas tanto cuando despiden como cuando contratan.

La mayor parte de las llamadas políticas activas de empleo se reduce a bonificaciones a los empresarios. Su impacto sobre el empleo es casi nulo. Las empresas contratarán tan solo en función de la demanda esperada. Eso sí, una vez decidido que van a contratar a un trabajador, procurarán escoger el tipo de contrato que les resulte más económico. La ayuda estatal no incrementará el empleo pero lo que sí es muy posible es que acabe orientando la contratación hacia uno u otro tipo de trabajadores. Y aquí es donde no está demasiado claro por qué es preferible contratar a un joven que acaba de salir de la Universidad que a un trabajador con cargas familiares y que lleva largo tiempo desempleado. Tratándose de paro, todas las situaciones son dramáticas.