Nacionalización
de las cajas
El
runruneo era y continúa siendo constante. Hay cajas de ahorros en situación
delicada. ¿Y los bancos? En una crisis, las condiciones son dinámicas y lo que
hoy es solvente, mañana deja de serlo. En bastantes ocasiones, me he referido a
que no hay nada excepcional ni meritorio en el hecho de que nuestras entidades
financieras no hayan sido contagiadas por los títulos tóxicos que provenían de
EEUU. Salían a los mercados internacionales a endeudarse, no a comprar activos.
La pregunta relevante, sin embargo, es si ellas tienen su propia toxicidad.
Pregunta que no tiene una respuesta unívoca. Depende de la duración de la
crisis y de cómo ésta evolucione. Lo que parece cierto es que muchos bancos y
cajas comienzan a tener ya un problema de solvencia y no de liquidez.
El Banco
de España acaba de intervenir la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha,
fracasado el intento de fusión con Unicaja. Los
treinta millones de beneficios anunciados se van a transformar en sustanciales
pérdidas en cuanto los administradores del Banco de España revisen la
contabilidad. No tiene ningún sentido que Zapatero y Solbes se obstinen en
decirnos que es un problema de liquidez. De liquidez, por supuesto, pero
también de solvencia, de lo contrario el Banco de España no se hubiera visto
obligado a inyectar 3.000 millones de euros avalados por el Estado. La Caja de
Castilla-La Mancha ha sido la primera en tener que ser intervenida, pero
posiblemente no será la última. El gobernador del Banco de España ya ha avisado
de esta posibilidad.
El
estatuto jurídico de las cajas de ahorros es, en la actualidad, el peor de los
posibles. Tiene todas las desventajas de las empresas públicas, sin ninguna de
sus ventajas.
La
recesión económica está haciendo patente, entre otros aspectos, la necesidad de
una banca pública fuerte. El crédito no llega a las empresas y a las familias y
cuando lo hace es a un tipo de interés abusivo. La bajada del precio del dinero
decretada por los bancos centrales no se traslada al público porque las
entidades privadas mantienen ahora, después de la orgía financiera pasada, una
postura reservona y cicatera. Es seguro que la mayoría de los gobiernos echan
de menos en estos momentos una banca pública capaz de trasladar al mercado la
liquidez que se precisa.
Las
cajas de ahorros con el estatuto actual no sirven para este cometido, ya que
actúan como entidades privadas e incluso peor. Carecen de unidad de acción y se
encuentran sometidas a las presiones e intereses partidistas y provincianos.
Las empresas públicas están sometidas a unos procedimientos de control y
transparencia de los que carecen las cajas de ahorros. Estas entidades
financieras se mueven en tierra de nadie, ni son privadas ni son públicas. Su
estatuto se ve agravado por el Estado de las Autonomías que, al crear en España
reinos de Taifas, abandona a las cajas a los caprichos y conveniencias de los
políticos locales.
Hasta
ahora el Gobierno venía afirmando que la ayuda canalizada hacia la banca no
implicaba ningún coste para el tesoro público, al estar instrumentada mediante
préstamos y avales. Veremos si al final es verdad, si los títulos en garantía
son de tan buena calidad como aseveran y si no hay que responder de los avales.
Pero, desde luego, lo que está fuera de toda duda es que la intervención de la
Caja de Castilla-La Mancha se realiza ya con aportación de recursos públicos,
de momento 3.000 millones de euros. La contrapartida debe ser que esta entidad
pase al control del Estado. Cualquier otra fórmula sería difícilmente
comprensible para el contribuyente que ve como cada cierto tiempo su dinero
tiene que sanear las entidades financieras en dificultades, pero que después el
Estado pierde su control.