A ver quién las tiene más grandes

Andan el PSOE y el PP polemizando acerca de quién tiene más grandes las tijeras. Cada uno predica del otro toda clase de malas intenciones y profetiza que si la fuerza contraria gana las elecciones acometerá un sin fin de recortes. Y puede ser que ambos tengan razón. Afirmaba Tierno Galván, con ese cinismo que le caracterizaba, que las promesas electorales son para no cumplirlas, por lo que seguramente habrá mucha más veracidad en las diatribas que ambos partidos se lanzan, que en sus respectivos programas.

El candidato socialista acierta al arengar a los suyos para que quiten la careta al PP cuando utiliza la crisis como excusa para la privatización encubierta de la sanidad o para los recortes en la educación. Pero igual de acertado estaría todo aquel que esté dispuesto a quitar la careta al PSOE cuando justifica, con la crisis como coartada, el hachazo dado a las pensiones, el mayor ataque a los derechos laborales de los trabajadores que se ha originado en reforma laboral alguna o el deterioro de todos los servicios públicos, mediante la reducción de plantillas y de salarios a los empleados públicos. Los que el pasado fin de semana se presentaban en el Palacio de Exposiciones y Congresos como la esperanza socialdemócrata son los mismos que con la excusa de la crisis han realizado la política económica y social más reaccionaria de los últimos tiempos. ¿Cómo pueden pretender que se les crea? El argumento de que la situación y el momento son distintos no se sostiene.

Sabemos que ninguno de los dos partidos va a ser capaz de adoptar una posición firme en Bruselas y de echar un pulso a Merkel; luego, y digan lo que digan durante la campaña electoral, cualquiera que sea el ganador va a situar el control del déficit como primer objetivo de la política económica. Ambos lo han querido dejar muy claro al introducir nada menos que en la Constitución un corsé que atará en el futuro a todos los gobiernos. Carece por consiguiente de sentido hablar de estímulos fiscales y de creación de empleo. No es creíble. La actuación del sector público va ser en todos los casos, y como ya lo está siendo, restrictiva y si se toman algunas medidas que podrían considerarse expansivas -como la reducción de cotizaciones sociales- se van a compensar con otras con un efecto contractivo tanto o más fuerte. No se puede cuadrar el círculo, reducir el déficit público y al mismo tiempo afirmar que se mantienen estímulos fiscales. Lo único que se hace -claro que tal vez sea ese el objetivo- es beneficiar a algunos empresarios.

Hay que aceptar por tanto que cualquiera de los partidos que gane va a instrumentar una política económica restrictiva -con lo que condenarán a la economía española a un largo periodo de atonía cuando no de recesión y a permanecer en los niveles de paro actuales- A pesar de ello habrá que preguntarse acerca de las actuaciones y medidas que presumiblemente van a adoptar, con independencia de sus promesas electorales. Todas no son iguales, ni inciden sobre los mismos colectivos.

Comencemos afirmando que, en principio y por regla general, las rebajas en los gastos públicos tienen efectos más injustos y dañinos desde el punto de vista social que la elevación de los impuestos. Con toda probabilidad, los recortes influyen negativamente en los servicios públicos y en las prestaciones sociales, por lo que las consecuencias las van a sufrir principalmente las clases medias y bajas, mientras que la subida de impuestos, incluso de aquellos que no son progresivos, afectara en mayor proporción a las clases altas. Pero, dando un paso más, habría que mantener que en una crisis como la actual, puestos a elevar la presión fiscal, sería preferible subir los impuestos directos.

La cuestión del déficit público es un seudoproblema, ya que bastaría con deshacer las últimas reformas fiscales para que el desajuste presupuestario desapareciese. Pero ambos partidos se resisten a dar marcha atrás, dado que han sido ellos los artífices de las reformas anteriores. Rajoy no quiere oír hablar del tema, como no sea para bajar aún más los impuestos a los emprendedores, es decir, a los empresarios. Resulta obvio, por tanto, que planea realizar fuertes recortes de gastos que sin duda afectarán a los servicios y a las prestaciones sociales. Lo tiene tanto más fácil cuanto que lo podrá justificar con la estela que va a dejar el PSOE.

Rubalcaba, por su parte, sí habla de subir impuestos, pero da la impresión de que constituye un flatus vocis, mera estrategia electoral, porque la pregunta surge de manera espontánea ¿por qué no lo han hecho durante todo este tiempo que han estado gobernando? Han preferido rebajar las pensiones y el sueldo de los empleados públicos, y cuando no han tenido ya más remedio que tocar la fiscalidad se han decantado por el IVA, un gravamen que carece de progresividad, aun cuando se diga que los ricos consumen más que los pobres. Más, sí, en cantidades absolutas, pero no en porcentaje sobre la renta.

Pero es que, además, el planteamiento del candidato socialista en materia de tributos adolece de una gran ambigüedad. Lo único claro es que piensa subir los impuestos especiales al alcohol y al tabaco; el resto está por completo sin concretar y parece acuñado exclusivamente para hacer un guiño a la izquierda, sin comprometerse mucho y sin molestar a nadie. Que si los bancos, que si las grandes fortunas… mal empieza cuando declara que no va a reformar el impuesto sobre la renta, es decir, que va a mantener esa tremenda injusticia de que las rentas de trabajo soporten mayor carga fiscal que las de capital. Claro que aún es peor lo de Rajoy que manifiesta su intención de eximir a estas últimas de todo gravamen en el impuesto de sociedades.

Rubalcaba anuncia que no va a subir los impuestos a los asalariados y a la clase media. Teniendo en cuenta el concepto de clase media que viene manejando el PSOE, parece bastante evidente que no lo va a subir a nadie. En cuanto a los asalariados, los hay de muchas clases. Asalariado es el presidente de Iberdrola que, según se ha hecho público en la prensa, cobra 6,1 millones de euros anuales.

Lo que realmente se precisa es una reforma fiscal en profundidad, tanto desde el ámbito normativo, como en la gestión y en el control que, de forma equitativa, incremente en seis puntos la presión fiscal, porcentaje que nos separa de la media de la Europa de los 15. Así se terminaría el problema del déficit y de la financiación de nuestro Estado de bienestar, pero a esto no parece estar dispuesto ninguno de los candidatos.