Gobierno
económico de Europa
Lo malo de profesar un optimismo
trascendental es que las decepciones pueden ser enormes. El Gobierno, de manera
bobalicona, había cifrado en la presidencia rotatoria de Europa grandes perspectivas, de cara a presentar como
triunfo en el interior el protagonismo exterior. El chasco, aun prescindiendo
de anécdotas tales como la del acontecimiento planetario, ha sido notorio. Con
todo, lo más patético es ese empeño con el que algunos miembros del Ejecutivo
continúan insistiendo acerca del enorme éxito cosechado. Ello no tendría
demasiada importancia si todo quedase en un mero acto de propaganda política.
Pero no es así. Lo grave de la cuestión radica en que, con la finalidad de
ensalzar el papel de la presidencia española, presentan una imagen de Europa
acicalada que no guarda relación alguna con la realidad.
Si algo ha quedado demostrado en estos seis
meses es que las instituciones diseñadas en el Tratado de Lisboa no funcionan.
Presentar el raquítico respaldo a Grecia o
la creación de ese fondo virtual –virtual porque no existe en la realidad- de
posibles rescates como un paso de gigante en el gobierno económico de Europa es
estar ciego o, lo que es peor, no querer ver la realidad. Ninguna de esas cosas
habría sido necesaria si el Banco Central Europeo no hubiese nacido
perniquebrado por la voluntad de Alemania y tuviese -y las ejerciese- las
competencias de un verdadero banco central.
Las políticas de ajuste adoptadas, lejos de
contribuir al gobierno económico, son la prueba palpable de que tal gobierno no
existe y de que lo que prevalece es la dictadura germana sobre el resto de los
países, que en el caso español lleva a la situación grotesca de que el
Ejecutivo pase en dos días a defender todo lo contrario de lo que venía
manteniendo. Un gobierno económico –político- en Europa exige con carácter
previo la unión económica. Sólo la unión fiscal y presupuestaria podría
legitimar que Europa imponga a los países miembros limitaciones en esta
materia. Mientras los impuestos y los presupuestos continúen siendo nacionales,
los Estados no pueden perder su soberanía presupuestaria.