Las Américas,
con dinero público
Las
grandes empresas españolas –la mayoría de ellas privatizadas, las mismas que,
mientras la mitad de la población soporta el desempleo o la reducción de
salarios, pagan sueldos escandalosos a sus ejecutivos–
se dedicaron en el pasado a hacer las Américas. Casi todas las inversiones en
América Latina se realizaron con contratos leoninos, muy provechosos para las
empresas y tal vez para los líderes políticos de aquellos países que los
firmaron en su momento, pero bastante duros para los pueblos afectados.
Contratos que se cuestionaban según iban desapareciendo los gobiernos
neoliberales. El Ejecutivo español ha tenido que emplearse a fondo para
defender en el exterior las ventajas de estas empresas o sus filiales en la
supuesta creencia, nada cierta en realidad, de que sus intereses eran los del
pueblo español.
Todo
esto resulta bastante conocido. Lo que ya no lo es tanto, es la situación de
privilegio fiscal de la que tales sociedades han disfrutado en sus aventuras
trasatlánticas y cómo, en buena medida, las han financiado con recursos
públicos españoles. Pocos saben en qué consisten las entidades de tenencia de
valores extranjeros (ETVE), sociedades creadas en 1995 y con un régimen fiscal
privilegiado. Tan excepcional que los dividendos y plusvalías que reciben de
sus participaciones en empresas no residentes están libres de gravámenes, y
también lo están las ganancias que retiran los socios. A través de ellas, se
puede invertir en el exterior y recibir los beneficios sin ninguna tributación.
Es más, el tratamiento es totalmente asimétrico porque, si bien las plusvalías
no se computan en la base imponible, las minusvalías sí, y pueden, por tanto,
reducir el gravamen que la ETVE soportaría por otras actividades distintas de la
inversión extranjera, incluso podrán deducirse de los beneficios de otras
empresas del grupo si la tributación se efectúa consolidando las cuentas de
todas las sociedades.
El
chollo, como se puede apreciar, es considerable. Las ganancias están libres de cualquier
tributo y las pérdidas, de haberlas, las sufraga en parte el Estado mediante
una reducción de los impuestos que deberían pagar otras sociedades del grupo.
Quizás el aspecto más escandaloso es la posibilidad de que la inversión se
apalanque y los intereses sean también deducibles, bien en la base imponible de
la propia sociedad, bien en la de otras empresas del grupo si la declaración
del impuesto de sociedades se realiza de forma consolidada.
Es
posible que ante esta información haya quien, teniendo una pequeña cartera de
valores, se esté planteando invertir en el extranjero en lugar de hacerlo en el
mercado español. Que pierda toda esperanza. Existe un “ligero” inconveniente.
Para gozar del régimen fiscal de las ETVE se precisa que la inversión en cada
una de las participadas sea superior al cinco por ciento de su patrimonio o, al
menos, que se encuentre por encima de los seis millones de euros. En fin, al
alcance de cualquiera. Capitalismo popular.
En
la aventura americana, nuestras corporaciones han contado con una ventaja
añadida. La opción de que, en la compra de compañías extranjeras, se pudiese
contabilizar como fondo de comercio la diferencia entre el precio pagado por la
empresa y el valor que podría considerarse de mercado. Dicho fondo era
amortizable y deducible posteriormente de la base imponible minorando así el
gravamen de
La
situación era tan discriminatoria que, en el año 2009,
Parece
bastante evidente que los distintos gobiernos han tenido mucho interés en
incentivar fiscalmente la inversión española en el extranjero. Quizá alguien se
sienta confuso y se pregunte ¿pero en qué quedamos? ¿Qué hay que incentivar, la
entrada o la salida de capitales? La respuesta tal vez sea que en realidad lo
que se intenta favorecer es, lisa y llanamente, el capital. ¿Puede extrañarnos
que todos los ministros y altos cargos terminen después en los consejos de
administración de estas grandes empresas?