Las Cajas de Ahorro y las Autonomías

En nuestro país, el tema autonómico y los nacionalismos (también los regionalismos) cortan transversalmente casi todos los asuntos y materias. La mayoría de los debates y posturas políticas no se entienden si no es desde esta perspectiva. Los prejuicios provincianos se anteponen a cualquier ideología. Así, podemos contemplar a CiU –un partido de corte claramente neoliberal, dispuesto siempre a defender en el Parlamento los intereses de todos los lobbies económicos– cómo realiza todo tipo de maniobras para impedir que se privaticen las cajas de ahorros que considera catalanas.

El mismo Durán i Lleida se vanagloria de ello y de haber conseguido del Gobierno alargar el periodo de ajuste. Si el sistema bancario español está tardando tanto en sanearse, y con ello dificultando la recuperación económica, se debe a los obstáculos que las Comunidades Autónomas han ido colocando para no perder el control de las cajas; y a las Comunidades Autónomas y a los intereses de los políticos regionales se debe también el que la mayoría de las cajas de ahorro vayan a terminar en el sector privado. Tras los múltiples desafueros y errores cometidos, es difícil exigir que estas entidades continúen en el sector público. Se ha proporcionado una excusa perfecta a todos aquellos que llevaban tiempo reclamando que este apetitoso bocado cayese en manos privadas.

Las cajas catalanas, sin embargo, continuarán siendo de la Generalitat gracias a que, una vez más, se produce el chantaje nacionalista que condiciona su voto a ello, y a que no se pidan responsabilidades a los gestores culpables de que algunas de estas instituciones hayan terminado en la ruina. Las cajas de ahorro, en realidad, nunca han estado nacionalizadas ni han gozado, por tanto, de los mecanismos de control y de las garantías procedimentales que afectan a las entidades públicas estatales. Las cajas de ahorros han acampado en tierra de nadie. No eran privadas, pero tampoco se puede afirmar que en sentido estricto fuesen públicas. Contra toda razón, su control se dispersó entre Corporaciones Locales y Autonomías, entregando a estas últimas su tutela. La contradicción es evidente, en un mundo globalizado, la gran mayoría de las cajas prestan servicios en casi todo el territorio nacional y, desde luego, más allá del ámbito geográfico y de los intereses de una Comunidad Autónoma y, sin embargo, la gestión se condiciona a la conveniencia y proyectos muchas veces ilusorios de una Autonomía.

Carece de sentido que entidades financieras como la Caixa o Caja Madrid, con implantación en toda España, se rijan por los intereses singulares de una Comunidad Autónoma, lo que no implica que su propiedad y control tengan que pasar a manos privadas, tanto más cuanto que muchas de ellas se van a sanear con dinero del Estado. Parece que lo lógico sería su nacionalización, única forma además de garantizar que el crédito llegue a las familias y a las pequeñas empresas. Pero eso, a pesar de que el partido del Gobierno se llame socialista, ni se contempla.

La transversalidad de la que hablaba al principio alcanza también al PP. Esperanza Aguirre, como buena neoliberal convencida, está a favor del proyecto ya que abre el camino a la privatización de las cajas. Feijóo, por el contrario, presidente de la Xunta, no quiere que Galicia pierda sus entidades financieras, en especial cuando intuye que Cataluña va a mantener las suyas. La nacionalidad rompe las ideologías. Por otra parte, parece lógico que las regiones pobres no se resignen a que por serlo –y por no tener partidos nacionalistas con suficiente fuerza para chantajear al gobierno– se vean colonizadas financieramente por otras Autonomías.