Por el bien de España

Los partidos nacionalistas suelen jactarse de su sentido de Estado, de su responsabilidad política y de facilitar la gobernabilidad. Bien es verdad que lo que nunca dicen es el precio que cobran por su “desinteresada” colaboración. El PNV facilitó la aprobación de los pasados presupuestos por el bien de España, y también ciertamente porque el Gobierno les prometió –como así ha hecho, en detrimento de La Rioja y de otras Comunidades limítrofes– blindarles sus leyes fiscales. En los momentos actuales, el bien de España y el hecho de que los ajustes podían significar un retraso en la “Y griega” vasca y una limitación en la capacidad de endeudamiento de los Ayuntamientos de Euskadi aconsejaban votar “no” al decreto ley.

Por el contrario, CiU motivada por el bien de España, y sobre todo porque la inversión pública de Cataluña no estaba amenazada y porque su estrategia política pasa por alargar el gobierno de Zapatero y conseguir así más fácilmente un triunfo electoral en Cataluña, facilitó la aprobación del decreto ley. Convergencia ha puesto en circulación la tesis de que la aprobación del ajuste era imprescindible, pues, de lo contrario, se habría producido un cataclismo económico. Tesis que, por supuesto, ha sido comprada, ya que le venía muy bien, por el partido socialista y por gran parte del mundo empresarial.

Es un viejo truco revestir las leyes antisociales de necesidad económica, y la globalización y la Unión Europea sirven de coartada perfecta para justificar medidas que la sociedad de otra forma no aceptaría; pero lo cierto es que en las distintas ocasiones en que los ciudadanos de un país miembro han votado en contra, lejos de la catástrofe que se anunciaba, el país en cuestión consiguió ventajas adicionales. Así ocurrió, por ejemplo, con Dinamarca y últimamente con Irlanda. Gran Bretaña ha explotado intensamente el euroescepticismo de sus ciudadanos. España, sin embargo, ha sido siempre el alumno aplicado, dispuesto a aceptar sin discriminación todo lo que viniera de Europa.

Los ajustes instrumentados no van a solucionar los problemas económicos de España, más bien van a empeorarlos, ni van a calmar tal como se decía a los mercados. La prueba más evidente es cómo están reaccionando tras la aprobación del decreto ley, incluyendo la bajada del rating de la deuda pública española por la agencia de calificación Fitch. Interpretan, como es lógico, que un ajuste presupuestario tan duro va a obstaculizar la recuperación de la crisis. La economía española ha caído en una enorme trampa. Su problema no es el endeudamiento público sino el privado, consecuencia –o causa, nunca se sabe– de un prolongado déficit exterior que, por pertenecer a la Unión Monetaria, no puede solucionar mediante la depreciación de la divisa tal como ha hecho Gran Bretaña.

Está cuajando un discurso un tanto falaz que pretende justificar el tijeretazo en base a la generalización. Todos los países, se dice, están actuando de la misma forma. No es cierto; a todos los países no les han impuesto, como a España, realizar un ajuste tan brutal en 24 horas. Otra cosa es que gobiernos conservadores estén aprovechando la situación para anunciar prácticas restrictivas, pero pausadamente y libremente decididas. Por otra parte, no todos los Estados han establecido las mismas medidas de ajuste. Aun suponiendo que éste fuese necesario, que no lo es, el Gobierno bien podía haber adoptado disposiciones muy distintas, como retornar al impuesto de patrimonio, elevar el tipo marginal del IRPF o incorporar las rentas de capital a la tarifa general en este impuesto. No ha sido este el caso sino que ha escogido las medidas más regresivas que cabía esperar y CiU, por el bien de España claro, le ha prestado su apoyo.