PENSIONES

 

 

EL MITO DE LA INSOLVENCIA DEL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES

 

(Publicado en Cuenta con IGAE nº28 diciembre 2014)

 

A partir de mediados de los ochenta el sistema público de pensiones comienza a sufrir continuos ataques orientados a desmantelarlo, o al menos a reducirlo. No es extraño, ya que las pensiones representan el capítulo más importante de los gastos sociales, diana preferida, por tanto, de los detractores del Estado del bienestar y de la fiscalidad progresiva. Pero es que además las entidades financieras consideran que el deterioro del sistema público potenciará y ayudará a que se extiendan los fondos privados, que constituyen para ellas un negocio saneado. De ahí que los servicios de estudios, fundaciones y demás instituciones interesadas hayan ido elaborando múltiples documentos e informes con el fin de demostrar que el sistema público de pensiones, tal como está diseñado, es insostenible.

 

La argumentación de todos ellos es casi idéntica. Parten del hecho de que el incremento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad configurarán una pirámide de población en la que la proporción entre trabajadores y pensionistas se inclinará a favor de estos últimos. Han construido modelos aparentemente muy técnicos para demostrar que, de no acometer reformas, el desastre y la quiebra de la Seguridad Social será ineludible en el futuro. El caso es que han ido llegando sucesivamente las fechas fijadas sin que se produzca en ninguna ocasión la debacle anunciada. La razón del incumplimiento de las profecías parece bastante clara. El problema no puede encerrarse en el estrecho margen de las previsiones demográficas, son otras muchas variables las que influyen en él.

 

Para abordar la cuestión de forma adecuada, tal vez sea interesante seguir el “método Jericó” propuesto por Ortega y Gasset. Al igual que los israelitas dieron vueltas a la ciudad para que las murallas se derrumbasen y así poder conquistarla, Ortega propone dar vueltas al enigma planteado para que los distintos obstáculos que se oponen a su resolución desaparezcan y de esta manera descifrarlo poco a poco.

 

Habrá que considerar en primer lugar la tasa de actividad. Sin modificar la población total, el número de trabajadores puede variar, tal como ha ocurrido con la incorporación de la mujer al mundo laboral. A España aún le queda camino por recorrer en ese proceso, ya que cuenta con una tasa de actividad femenina más reducida que la de otros países. Los profetas del desastre no contaron con esta variable como tampoco contaron con la entrada de emigrantes, hecho que también aumenta la tasa de actividad porque, si bien es cierto que incrementa la población total, casi todo ese incremento es de personal activo.

Pero demos otra vuelta a Jericó y en ese intento de clarificar el problema superemos la tasa de actividad para fijarnos en el número de ocupados. De nada vale el número de trabajadores potenciales si no tienen un puesto de trabajo. De ahí el absurdo de intentar solucionar el problema de las pensiones retrasando la edad de jubilación cuando la economía cuenta con seis millones de parados.

 

Demos otra vuelta más, porque tampoco el número de ocupados significa nada si no tenemos en cuenta la productividad. La cuestión debemos situarla no en la consideración de cuántos son los que producen sino en cuánto es lo que se produce, porque cien trabajadores pueden producir igual que mil si la productividad es diez veces superior. Es lo que ha pasado en la agricultura. Hace cincuenta años el 30% de la población activa trabajaba en el sector primario; hoy solo lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce más que el anterior 30%.

 

Y así hemos llegado al centro de la ciudad de Jericó, al núcleo del problema, porque descubrimos que la variable fundamental a la hora de plantear la viabilidad o inviabilidad del sistema público de pensiones no es otra que la evolución de la renta per cápita. Si la renta per cápita crece no hay ninguna razón para afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta en términos reales, es decir, no hay motivo para que tengan que perder poder adquisitivo. Es más, de hecho no debería haber ningún impedimento para que su pensión evolucionase a medio plazo al mismo ritmo que evoluciona la renta per cápita, esto es, por encima del coste de la vida.

 

Hay una afirmación que debería ser objeto de común acuerdo: mientras que la renta por habitante de una nación se mantenga constante o se incremente, ningún colectivo, bien sea de pensionistas, bomberos o empleados de banca, tiene por qué ver empeorada su situación económica. Si en un periodo de tiempo, un colectivo (por ejemplo los jubilados) ve cómo sus ingresos crecen menos que la renta por habitante es porque otras rentas, ya se trate de las salariales, de capital o empresariales, crecen más. Se produce por tanto una redistribución de la renta en contra de los pensionistas y a favor de los otros colectivos, que con toda probabilidad serán el de los dueños del capital o el de los empresarios. Y tales aseveraciones se cumplen siempre sea cual sea la pirámide de población, la esperanza de vida o la tasa de natalidad.

 

Ha sido el Pacto de Toledo, ligando la financiación de las pensiones a las cotizaciones sociales, el factor que ha introducido ruido en el sistema y ha distorsionado el problema equivocando su solución. La auténtica amenaza a las pensiones públicas no se encuentra en la tasa de natalidad ni en la pirámide de población ni en la esperanza de vida, sino en presentar la Seguridad Social como algo distinto y separado del Estado.

 

Este divorcio solo se puede plantear desde una óptica neoliberal, pero no según los principios del Estado social. Desde esta perspectiva, la protección social no es algo accidental al Estado de lo que se pueda prescindir, sino que pertenece a su esencia. El Gobierno y demás poderes del Estado deberán adoptar las medidas tributarias adecuadas para que sea posible. Así lo recoge nuestra Constitución cuando en su artículo 50 afirma que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad.

 

El gasto en pensiones es ineludible, es un gasto necesario que no puede estar a expensas de la evolución de un solo tipo de ingresos, las cotizaciones sociales. Son todos los ingresos del Estado los que tienen que responder de su mantenimiento. La separación de fuentes que establece el Pacto de Toledo no debería tomarse como algo estructural, sino convencional, un mero instrumento para la gestión administrativa. Su carácter convencional se hace evidente desde el momento en que determinadas prestaciones como la sanidad, las pensiones no contributivas, etcétera, se han sacado del ámbito de la Seguridad Social. Son por tanto todos los recursos del Estado los que deben responder del pago de las pensiones al igual que deben hacerlo de la educación, la sanidad, la justicia o la defensa.

 

Es cierto que el Pacto de Toledo, a la hora de realizar la separación de fuentes, no emplea la palabra “exclusivamente” para indicar la financiación de las pensiones por las cotizaciones sociales, sino el término “preferentemente”, pero en la práctica esta matización se olvida y se liga el futuro de las pensiones a la evolución de los ingresos por cotizaciones sociales. Así lo hacen los expertos gubernamentales en el informe preparado para la reforma (reducción) del sistema público. Con el pretexto de que las cotizaciones constituyen un impuesto sobre el trabajo, surgirán, sin duda, en el futuro múltiples presiones para rebajarlas lo que pondrá en continuo peligro el mantenimiento de las prestaciones de jubilación. Pero es que, además, ¿por qué van a ser únicamente los trabajadores y los salarios los que tengan que soportar la carga de sostener las pensiones? ¿Acaso no deben contribuir a ello las rentas de capital y los beneficios empresariales?

 

El mantenimiento de las pensiones no constituye un problema de escasez de recursos sino de distribución. En los últimos treinta años la renta nacional en términos constantes casi se ha duplicado y es de suponer que en el futuro sufra una evolución similar, por lo que todo depende de que haya voluntad política de no perjudicar a los jubilados frente a otros colectivos en la futura distribución de la renta. Es cierto que las transformaciones en las estructuras sociales, económicas y políticas crean nuevas necesidades y en consecuencia habrá que dar prioridad a una serie de bienes frente a otros. Fenómenos como la incorporación de la mujer al mercado laboral o el incremento de la esperanza de vida exigen una mayor provisión de bienes públicos, es decir, habrá que dedicar un mayor porcentaje del PIB a guarderías, sanidad, pensiones, etcétera, y por lo tanto a impuestos. Pero todo ello es perfectamente factible en economías como la nuestra con un alto grado de desarrollo y si suponemos que en el futuro va a continuar con un crecimiento parecido al de etapas pasadas.

 

El gasto en pensiones en nuestro país es reducido cuando se compara con el de la mayoría de los países de nuestro entorno. En los momentos actuales y a pesar de las contracciones sufridas en la renta nacional por efecto de la crisis, representa el 10% del PIB, cuando la media de la Eurozona es del 12,2%. Según los datos de la propia Comisión, este porcentaje no cambiaría sustancialmente en los próximos años, llegando al 11,3% en el 2035. El máximo aparecería en el año 2050 en el que supondría el 14%. A partir de ese momento el gasto se reduciría rápidamente, dado que las generaciones del baby boom serán sustituidas en la llegada a la edad de jubilación por las generaciones de menor tasa de natalidad conocida. ¿Podemos afirmar que estas cifras son inasumibles y que hay que hundir a todos los pensionistas en la miseria cuando el año de mayor gasto dedicaríamos a pensiones el mismo porcentaje que en la actualidad dedican Francia o Italia?

 

En el Pacto de Toledo todos los partidos firmantes se comprometieron a actualizar año tras año las pensiones por el índice de precios al consumo. Aun cuando todas las formaciones políticas presentaron este compromiso como una medida muy positiva para los pensionistas lo cierto es que era un poco cicatera, porque lo único que garantizaba es que los jubilados no iban a perder poder adquisitivo; pero se les negaba cualquier mejora derivada de la productividad y de la evolución de la economía, a la que sin duda tienen derecho en la misma medida que los asalariados y los empresarios. Al fin y al cabo, si la renta se incrementa es por los asalariados y por los empresarios, sin duda, pero también por los ya jubilados que en su día pagaron impuestos con los que se financiaron los gastos en educación, en infraestructuras, en sanidad, en justicia y en tantas y tantas cosas que han colaborado a que la productividad haya crecido año tras año.

 

La recaudación fiscal se actualiza automáticamente de acuerdo con la subida de los precios. ¿Por qué no incrementar las prestaciones de los jubilados en la misma cuantía? La pretensión actual de no actualizar las pensiones con el índice del coste de la vida constituye un verdadero expolio, equivalente a gravar a los jubilados con un impuesto adicional progresivo sobre su pensión (progresivo no en el sentido de progresividad fiscal, sino porque va a incrementarse el tipo año a año). Suponiendo que la inflación sea del 2% anual, el impuesto será del 2% el primer año, del 4% el segundo, del 6% el tercero, del 10% a los cinco años, del 20% a los diez años. ¿No es este el gravamen más injusto que pueda aprobarse?

 

Es difícil no ver que en las campañas orquestadas en contra de las pensiones públicas y en sus sucesivas reformas existe además otra finalidad espuria, la de potenciar los fondos privados de pensiones, bocado apetitoso para las entidades financieras. De ahí que en toda reforma se termine recomendando y cantando las excelencias de las pensiones privadas. Quizás lo primero que habría que decir es que en puridad no hay pensiones privadas. Los denominados fondos (que tal como se instrumentan en España están constituidos por la aportación exclusiva de los particulares sin aportación alguna de las empresas excepto para los grandes directivos) son tan solo una forma de ahorro y no precisamente de las mejores. La única fórmula que se ofrece como alternativa al sistema público, cada vez más famélico, es que los trabajadores ahorren para la vejez. Pero para ese viaje no hacían falta tantas alforjas y si es así, ¿por qué no dejar al menos que cada trabajador ahorre del modo que considere correcto? ¿Por qué en fondos y no directamente en bolsa o en vivienda o en obras de arte o como le parezca?

 

Habrá que preguntarse la razón de incentivar fiscalmente una forma de ahorro frente a otras. Los fondos de pensiones solo benefician a las entidades financieras que consiguen un enorme poder económico al manejar a través de las gestoras esos ingentes recursos cautivos y que se apropian de casi toda la rentabilidad mediante las correspondientes comisiones. Para el partícipe carecen del menor aliciente: ausencia de liquidez, pérdida del control de la inversión, pago de cuantiosas comisiones. Dejarían de existir tan pronto como desapareciesen los beneficios fiscales de que gozan, tal como afirmaron sus propios defensores cuando se extendió el rumor de que se iba a suprimir la desgravación fiscal. ¿Pero entonces cuál es la razón de un producto financiero que sin ayudas fiscales nadie estaría dispuesto a demandar?

 

Es de sobra sabido que el 60% de la población carece de toda capacidad de ahorro (ni siquiera llega a final de mes), y otro 30% si consigue ahorrar es en una cuantía totalmente insuficiente para garantizarse el mínimo vital en su jubilación. Supeditar la solución de la contingencia de vejez a la cantidad de ahorro que cada individuo pueda acumular a lo largo de su vida laboral es condenar a la indigencia en su ancianidad a la mayoría de los trabajadores.