Pacto
de Estado
En esa ronda, con
banderas incluidas, que Zapatero se marcó con los presidentes de todas las
Comunidades Autónomas, doña Esperanza Aguirre, al margen de indicar ahora que
la sanidad se transfirió a Madrid con un déficit importante, postuló la
posibilidad de un pacto de Estado sobre esta materia, idea que ha recogido
recientemente el ministro de Economía y Hacienda.
Resulta difícil de
entender por qué todas las Comunidades se apresuraron a aceptar la
transferencia de la competencia sanitaria si el coste efectivo estaba tan mal
calculado; como también cuesta entender por qué hay que hacer ahora un pacto de
Estado sobre la financiación de
Es lógico e incluso
muy conveniente que la Administración central y las autonómicas se pongan de
acuerdo y armonicen los servicios sanitarios y las prestaciones, ahora que
están transferidos, de manera que la asistencia sea uniforme en todo el
territorio nacional. También es coherente que el Estado y las Autonomías se
cuestionen y discutan la financiación de estas últimas, es decir, los recursos
precisos para afrontar todos sus gastos. Lo que no se entiende y además va en
contra de uno de los principios presupuestarios fundamentales, el de no
afectación, es que se haga un pacto de Estado para afrontar la financiación de
uno solo de los capítulos de gasto. La sanidad, al igual que el resto de los
servicios públicos, habrá que financiarla con la totalidad de los impuestos.
No se entiende, o se
entiende demasiado bien, porque me temo que detrás de esta propuesta lo que se
encuentra es el intento de deteriorar el Estado social, aceptando el copago, es
decir, de quebrar aún más la gratuidad de la asistencia sanitaria. La historia
empezó con las rebajas del IRPF del Partido Popular; continuó con los céntimos
sanitarios en el impuesto sobre la gasolina y va a terminar con el copago de la
sanidad que ahora quiere imponer el PSOE. El proceso siempre es el mismo. Se
reducen los impuestos directos, aquéllos que gravan en función de la capacidad
económica y por lo tanto en mayor proporción a los grandes contribuyentes, y a
continuación se afirma que no hay dinero para los servicios sociales, con lo
que hay que aumentar los impuestos indirectos, o, lo que es peor, eliminar su
carácter gratuito.