La Ley de Acompañamiento

No faltan comentaristas empecinados en calificar el debate sobre los presupuestos como el más importante que se celebra en Las Cortes. La experiencia, sin embargo, desmiente año tras año esta afirmación. La escasa concurrencia en los bancos del Congreso puede deberse, en parte, a cierta irresponsabilidad de sus señorías, pero también y en mayor medida, a que éstos son conscientes de la inutilidad del propio debate.

La vacuidad del debate proviene de que la mayoría de las partidas de gasto y su cuantía son fijas, inamovibles, están determinadas por compromisos previamente adquiridos, y el margen discrecional, aquello que es susceptible de cambio, es muy reducido. Pero es que, además, las cifras presupuestarias aprobadas por el Parlamento pueden ser modificadas a lo largo de todo el año por el Gobierno. La parte discrecional puede variar radicalmente de contenido. Los diputados saben muy bien, aún cuando a veces hagan teatro de cara a sus electores, la escasa relevancia de las cantidades que aparecen en el presupuesto inicial, dada la facultad de que dispone el Gobierno para modificarlas.

Si las cifras importan poco, no ocurre igual con las medidas legislativas. Desde hace ya bastante tiempo el Ejecutivo, de uno o de otro signo, ha empleado la Ley de Presupuestos, dada su especial sistema de tramitación parlamentaria, como principal instrumento para cambiar todo lo cambiable en el ordenamiento jurídico. El Tribunal Constitucional se pronunció acerca de lo irregular de este comportamiento, declarando que la Ley de Presupuestos, en consideración al corto plazo en que se aprueba, no podía dar cobertura a muchas de las modificaciones legislativas que en ella se introducían; pero, como quien hace la ley hace también la trampa, se creó la Ley de Acompañamiento, que como su propio nombre indica acompaña a la Ley de Presupuestos, siguiendo su mismo trámite parlamentario.

Pero este año se ha dado un paso más, los aspectos más sustanciales de la ley, aquellos que hacen referencia a los temas fiscales, se han introducido como enmienda en el Senado, con lo que se ha burlado el preceptivo Informe del Consejo Económico y Social, y en gran medida el debate parlamentario.

Por enmienda se ha introducido la modificación para las empresas del régimen de tributación de las plusvalías, lo que va a representar un ahorro de impuestos entre los 250.000 y 300.000 millones de pesetas, destinados principalmente a los bancos y grandes sociedades: Repsol, Cepsa, Telefónica, BBVA, SCH, eléctricas, Iberia, Gas Natural, Ferrovial, etcétera. También por enmienda,, se incrementa la desgravación de los fondos de pensiones, así como las deducciones en razón de ayuda familiar; unas y otras, al recaer sobre un impuesto progresivo como el IRPF, van a favorecer principalmente a los contribuyentes de rentas altas que son los que lógicamente tienen un tipo marginal mayor.

El Gobierno pretende compensar la minoración en la recaudación, que todas estas medidas van a producir, por lo que se ha visto obligado a elevar otros impuestos. Echa mano de la imposición indirecta, mucho más injusta que la directa al no considerar la capacidad económica del contribuyente. Mediante enmienda en el Senado se crea un nuevo tributo sobre los carburantes, se inventan nuevas tasas y se elevan los impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco.

El recurso a la sanidad y a las autonomías ha sido mera demagogia. Si se suben los impuestos indirectos, es por que antes se han bajado los directos y porque se ha elaborado el presupuesto sobre un cuadro macroeconómico que no resultaba creíble ni para el propio Gobierno. Es y era evidente que el PIB no podía crecer el 2,9% en el año 2002. Pero el Ejecutivo se negó a rectificar las cifras. Hoy no tiene más remedio que modificar sus previsiones, pero lo hace en una cuantía tan reducida que se verá obligado a una nueva corrección en el futuro.