Balanzas fiscales

La Fundación del BBVA ha presentado un estudio que pretende calcular las llamadas balanzas fiscales, es decir, la diferencia positiva o negativa entre lo que cada Autonomía aporta y lo que recibe de las finanzas públicas.

Habrá que comenzar afirmando, tal como he mantenido en múltiples ocasiones, que este concepto carece de todo sentido, puesto que los contribuyentes y perceptores de los ingresos y gastos públicos, respectivamente, no son las Comunidades Autónomas sino los ciudadanos, y que las contribuciones y las percepciones de estos estarán, según los principios del Estado social que marca la Constitución , en relación con su capacidad económica y sus necesidades, independientemente del territorio de residencia. Es decir, las personas con mayores ingresos deberán ser contribuyentes netos y las clases más bajas, por el contrario, receptoras netas.

El mal llamado déficit o superávit fiscal de una Comunidad es simplemente el resultado que se deduce de manera automática de la agregación de los saldos de sus residentes. Las Autonomías con una renta per cápita inferior a la media nacional tendrían lógicamente que presentar superávit en su llamada balanza fiscal. Por el contrario, aquellas que disfrutan de una renta per cápita superior a la media parece natural que arrojen déficit. Este no tiene otra significación que la de indicar que nos encontramos en una Comunidad rica y más prospera que el resto.

Es este carácter de segunda derivada el que dificulta la elaboración de las balanzas fiscales. Con buen criterio lo ha señalado el vicepresidente económico. En una economía interrelacionada y con una Hacienda Pública, tal como debe ser, centralizada, no resulta fácil regionalizar los ingresos y los gastos. Por poner un ejemplo, los recursos que la Caixa realiza en la Agencia Tributaria de Barcelona pueden provenir de las retenciones sobre la nómina y, por lo tanto, de los impuestos abonados por un empleado de esa institución financiera en Sevilla; y los ingresos realizados por Freixenet, del IVA soportado por los consumidores de Extremadura.

A pesar de la falta de contenido teórico, la presión nacionalista, y en especial la de Cataluña , ha vulgarizado el concepto y reclamado continuamente la elaboración y publicación de las balanzas fiscales. Hace pocos días, Pujol hijo manifestaba que Solbes no se atrevía a publicarlas porque tal información sería escandalosa. Pues bien, hoy por hoy, la Administración no las ha publicado, pero sí lo ha hecho una institución privada. El resultado puede ser escandaloso, aunque por todo lo contrario de lo que pensaban los nacionalistas. Lo bueno de que se hayan elaborado desde un ámbito académico y en una institución privada es que resulta difícil dudar de su objetividad. Es posible que determinados elementos sean discutibles. Ya se ha dicho que no es una tarea fácil ni exacta, pero la metodología empleada es tan buena o mejor que cualquier otra, y los resultados son los que cabría esperar.

En primer lugar, aparece claro que, por lo menos hasta ahora, nuestro sistema fiscal y presupuestario tiene un carácter redistributivo sobre las rentas y riquezas de los ciudadanos que se traduce ─como no podía ser menos─ en flujos compensatorios entre las regiones pobres y ricas. Salvo raras y escandalosas excepciones, las balanzas fiscales de las segundas son deficitarias frente el signo positivo de las primeras.

En segundo lugar, se puede constatar también la insuficiencia de estos mecanismos de cohesión, puesto que las diferencias entre las comunidades pobres y ricas, lejos de reducirse, aumentan. Los incrementos en la renta per cápita son mayores en las segundas que en las primeras.

En tercer lugar, queda patente el carácter injusto y escandaloso que representan los regímenes forales del País Vasco y Navarra, que consiguen que estas provincias, que se encuentran entre las más ricas de España, presenten una balanza fiscal con saldo positivo, tal situación se agrava además por la forma de calcular el cupo, siempre ─desde la época de UCD─ bajo al chantaje nacionalista. Se comprende que el gobierno de la Generalitat suspire por un sistema parecido.

En cuarto lugar, se manifiesta la inconsistencia del victimismo catalán, pues si, como es lógico, tienen lo que denominan un déficit fiscal éste no es mayor sino quizás menor del que lógicamente les correspondería.

Por último, se apunta una tendencia alarmante: la reducción progresiva en los últimos años de estos flujos compensatorios, tanto más alarmante cuanto que hay factores que, de cara al futuro, juegan en contra de esta función redistributiva. Unos son de tipo general que afectan a la globalidad de los mecanismos redistributivos. Me refiero al imperio del pensamiento neoliberal en materia económica que va reduciendo hasta anularlo el carácter progresivo de la tributación, al tiempo que demoniza los gastos públicos y, en especial, los sociales. Estos planteamientos atacan la redistribución personal de la renta pero, por ende, también la regional.

Otros factores son específicos de la redistribución territorial, a la que dañan. Se trata en concreto del proceso de disgregación autonómica potenciado fuertemente con los nuevos estatutos de autonomía, a los que hay que añadir la factura que los partidos nacionalistas, pertenecientes casi siempre a naciones ricas, pasan al Gobierno central para brindarle su apoyo en cualquier votación parlamentaria, como se vio de forma fehaciente hace unos días en la moción de censura a la ministra de Fomento; chantaje al que la mayoría de las veces el Ejecutivo no tiene más remedio que sucumbir, gracias a un sistema electoral incoherente.

Ya que celebramos con tanta euforia el día de la Constitución , deberíamos ir pensando en cambiarla; pero en el sentido contrario del que reclaman los nacionalistas. Habría que modificar aquellos artículos que ya han demostrado fehacientemente que se oponen al más importante principio constitucional, el del Estado social. Aquellos aspectos que obstaculizan la progresiva reducción de la desigualdad, bien sea en el ámbito personal o en el territorial.