Otra reforma fiscal

En consonancia con la nueva estrategia adoptada por el PSOE para dejar en segundo plano su política territorial, el presidente del Gobierno, en su comparecencia del viernes 29, intentó resaltar los logros del Ejecutivo en política económica y social. En cuanto a la política económica, ya he señalado en algún otro artículo, por ejemplo el de la semana pasada, el carácter ambivalente que presenta el crecimiento económico de estos años y lo poco que éste ha incidido en el bienestar de la mayoría de los españoles. Respecto a la política social, por mucho que se pretendan airear algunas medidas correctas tomadas en esta materia, el resultado final viene a ser problemático, teniendo en cuenta que una parte sustancial del gasto público no depende ya del Gobierno central sino que ha sido transferida a las Autonomías y, sobre todo, desde el mismo momento en que se realiza una reforma fiscal en la misma dirección que las dos acometidas por el PP en las pasadas legislaturas, es decir, de carácter totalmente regresivo.

Es difícil afirmar que se practica una política social si se asume un sistema fiscal injusto. Cualquier política que se diseñe por el lado del gasto estará hipotecada a la estrategia que se adopte por el lado del ingreso. La reforma del IRPF y del Impuesto de Sociedades, aprobada recientemente por el Congreso y que entrará en vigor en el 2007, viene a consagrar una orientación regresiva y conservadora iniciada muchos años atrás y que, prescindiendo de elementos más o menos secundarios, podemos considerar anclada en los tres pivotes siguientes:

a) Desaparición del impuesto global sobre la renta personal que se alumbró en la Transición para dar paso a un impuesto dual en el que las rentas de trabajo y las de capital tributan a tipos diferentes, y, al revés de lo que tradicionalmente se venía defendiendo en la teoría de la Hacienda Pública , más elevado el que se aplica a las primeras que el que grava a las segundas. El diputado por el PP Francisco Utrilla ha declarado que esta reforma nos retrotrae por lo menos cien años. Cien años no, pero treinta sí. Mejor dicho, el retroceso se había producido ya con las dos reformas anteriores realizadas por el PP, incluso por la efectuada por el PSOE en el año 91. Ahora se confirma, y ello tiene su importancia, que los dos partidos mayoritarios respaldan tal retroceso, retroceso a la época preconstitucional de los impuestos de productos; aunque incluso entonces se complementaban con una cuota diferencial para las rentas altas, inexistente en la actual reforma.

Se justifica la iniquidad que representa el hecho de que las rentas de trabajo tengan mayor gravamen que las rentas de capital por la libre circulación de capitales y por la amenaza de la deslocalización. Pretender evitar la deslocalización a base de ventajas fiscales es un proceso al infinito porque resulta evidente que los países competidores responderán de la misma forma. Pero es que por otra parte, de los treinta países de la OCDE , solo hay cuatro, y además con características muy diferentes al nuestro, que mantengan un impuesto dual: Suecia, Holanda, Noruega y Finlandia. Incluso Dinamarca, que fue el primer país en implantarlo, ha dado marcha atrás retrocediendo al IRPF convencional.

b) Disminución o eliminación de la progresividad en el IRPF. El tipo será único, el 18%, para todas las rentas de capital, con lo que para tal clase de ingresos desaparece la tarifa progresiva. Esta queda reservada exclusivamente a las rentas de trabajo, aunque siguiendo la orientación de las dos reformas anteriores, se reduce su progresividad. Así, el tipo máximo pasará del 45 al 43%, y disminuirá todavía más el número de tramos.

c) Reforma del Impuesto de Sociedades, que aumenta aún más las ventajas fiscales de que gozaban las empresas y que rebaja el tipo para las grandes sociedades del 35 al 32,5% para el año 2007, y al 30% en el 2008. A su vez, las PYMES pasan a tributar al 25% desde el 30% al que lo hacen en los momentos presentes. No deja de resultar paradójico que uno de los argumentos a que se acudía en las dos reformas anteriores para reducir el IRPF fuese la diferencia de gravamen que este impuesto presentaba respecto al de sociedades. Pues bien, ahora se disminuye también este último, con lo que es seguro que volveremos a empezar.

El Gobierno del PSOE, al igual que hicieron los gobiernos del PP, defiende la reforma con el argumento de que todos vamos a salir beneficiados. No todos, desde luego. Ningún beneficio obtendrán las clases más pobres, que por serlo no tienen que contribuir por el IRPF, y para los que contribuyen el beneficio no va ser el mismo. La rebaja puede representar unos 130 euros para un contribuyente de renta media, mientras que para los de rentas altas puede superar los 1.600 euros, eso sin contar con que la reducción del Impuesto de Sociedades va a beneficiar también a estos últimos.

Cuando hayan entrado en vigor plenamente todas las medidas de esta reforma, el Estado dejará de ingresar 6.800 millones de euros anuales (más de un billón de las antiguas pesetas). Solo los que piensen que las necesidades públicas de educación, sanidad, atención a los mayores, incluyendo pensiones, etcétera, están totalmente cubiertas y que no precisan de mayores recursos pueden justificar que se destine tal cantidad de dinero a rebajar estos impuestos y solo ellos podrán mantener que tales rebajas benefician a todos los españoles.

Para poder creer que el Gobierno intenta de verdad realizar una política social progresista otra debería haber sido la reforma fiscal. Lejos de ir en la misma línea que las practicadas por el PP, tendría que haberlas corregido. Entonces sí, entonces podríamos pensar que sus propuestas de gastos sociales son algo más que anuncios, brindis al sol o puros parches. Sabríamos, al menos, que contaría con los recursos necesarios para acometerlas. Con esta reforma fiscal, sin embargo, toda su verborrea carece de credibilidad.