Pisos vacíos

Los Gobiernos de la Generalitat y del País Vasco pretenden solucionar el problema de la vivienda o, más bien, que sean “los burgueses” que poseen una vivienda vacía los que se lo solucionen. Una vez más, se intenta que la distribución se haga de los pobres a los muy pobres. Los ricos quedan al margen.

Es de sobra conocido que la asunción en economía de medidas rabiosamente liberales conlleva la intensificación en lo civil y en lo político de medidas coercitivas. El Estado policía se ha denominado así no solo porque sea esta la única función que en él se asigna a los poderes públicos, sino porque además este papel de gendarme se tiene que potenciar hasta el extremo, con tal de evitar los conflictos que la liberalización absoluta de la economía y del mercado conllevan.

Cuando el neoliberalismo económico es asumido no solo por las fuerzas conservadoras sino también por las formaciones políticas teóricamente de izquierdas, se produce un fenómeno adicional. Los nuevos conversos no quieren aceptar que lo son y pretenden seguir manteniendo su etiqueta de progresismo. Al tiempo que desarman todos los mecanismos tradicionales de intervención en la economía (aquellos que servían de contrapeso al poder económico, que corregían los desequilibrios y desigualdades generadas por el mercado y que garantizaban los derechos económicos y sociales), adoptan actitudes intervencionistas en asuntos muy secundarios. No es extraño encontrar gobiernos absolutamente liberales en economía, dispuestos a reglamentar los aspectos más nimios de la vida privada, limitando la bebida, el tabaco e incluso dictaminando la talla de ropa que debe usarse.

Los Gobiernos catalán y vasco han lanzado el globo sonda de que van a gravar con un impuesto diario totalmente desproporcionado las casas deshabitadas, creyendo que con ello se resuelve el problema de la vivienda y que así lavan sus culpas por haberse desentendido de este y otros muchos derechos sociales. Los poderes públicos, bien sean estatales, autonómicos o locales, han incumplido radicalmente el precepto constitucional de garantizar a todo español una vivienda digna y de evitar asimismo la especulación del suelo.

Los Gobiernos de la Generalitat y del País Vasco –incapaces de coger el toro por los cuernos y asumir sus propias responsabilidades– trasladan las culpas a los propietarios de pisos vacíos, y pretenden aplicar una medida que está muy cerca del disparate. En primer lugar, no se precisa de grandes conocimientos jurídicos para intuir que es de dudosa constitucionalidad y que va a dar lugar a múltiples complicaciones legales. Hasta Solbes lo ha señalado.

En segundo lugar, la medida va a incidir sobre un colectivo muy heterogéneo cuyas razones también son diferentes, y, por lo tanto, puede originar un sinfín de injusticias y discriminaciones arbitrarias, si no fuese ya suficiente arbitrariedad confiscar tan solo un tipo de propiedad, al tiempo que se mantiene un obsequioso respeto por cualquier otra. Es paradójico que se pretenda perseguir a los propietarios de pisos vacíos, al tiempo que se consiente e incluso se potencia la especulación del suelo, y el enriquecimiento gratuito por una decisión administrativa de los propietarios de los terrenos.

En tercer lugar, la medida resulta imposible de aplicar con carácter general. Una Administración que se confiesa incapaz de perseguir el fraude fiscal y que por ello defiende reducir los impuestos progresivos, difícilmente va a poder controlar los pisos vacíos, comenzando porque ni siquiera está clara cuál es su exacta definición. La aplicación parcial de la medida, amén de ser injusta y discriminatoria para aquellos pocos a quienes se les aplique, resultará además totalmente ineficaz.

En cuarto lugar, el problema real de la vivienda no radica en la existencia de pisos vacíos sino en el alto precio que alcanzan en la actualidad, y cuya causa debe buscarse en la especulación del suelo y en los enormes beneficios de promotores y constructoras, que hasta ahora han contado con la permisividad e incluso complicidad de los poderes públicos. Ciertamente sería de desear que muchos de los pisos actualmente vacíos saliesen al mercado de alquiler, pero las autoridades deberían preguntarse cuál es la razón de que los propietarios estén dispuestos a renunciar a importantes ingresos, y si la forma de lograr el arrendamiento de los mismos no sería más bien incrementando las garantías jurídicas de los posibles arrendadores. Por otra parte, si los poderes públicos acometiesen en serio el problema de la vivienda y lograsen que sus precios no se incrementasen más allá de la elevación del coste de la vida, habría desaparecido también el incentivo de la revalorización que es el que, según dicen, mantiene los pisos vacíos.

En quinto y último lugar, en economía las vueltas atrás son con frecuencia peligrosas. Aun cuando habría sido de desear que los pisos no hubiesen alcanzado jamás los actuales precios, cuidado con medidas ingeniosas que puedan causar en este sector un brusco proceso involutivo con graves consecuencias para el conjunto de la economía.

No deja de ser curioso que quien como diputado nacional se alineó siempre con los defensores de las medidas más regresivas en materia fiscal, ahora de consejero pretenda hacerse el “progre” a costa, por ejemplo, de alguna viuda que tenga una casa vacía.