Austeridad
es lo que menos necesitamos
El
defecto mayor de estos presupuestos radica en su orientación restrictiva que
contradice la política expansiva instrumentada hasta ahora por el Gobierno y
respaldada por el G-20. Incluso en la última cumbre en Pittsburgh, los
mandatarios internacionales, entre los que se encontraba el presidente del
Gobierno, se comprometieron a mantener los estímulos fiscales hasta que la
recuperación económica estuviese consolidada. Pues bien, es evidente que la
economía española se encuentra aún muy lejos de la recuperación por lo que
especialmente nuestro país debería ser de los últimos en abandonar la política
expansiva; lo que menos necesitamos en estos momentos es unos presupuestos
austeros.
No
parece muy lógico establecer programas extraordinarios de inversión (Plan E) o
de reducción de impuestos (eliminación del de patrimonio) y pocos meses
después, sin que se haya consolidado la reactivación económica, hacer todo lo
contrario: recortar gastos y subir impuestos. No hay cosa peor que cambiar de
caballo en medio de una carrera y, con estos presupuestos, el Gobierno no sólo
cambia de caballo sino de dirección. La impresión que se desprende es que ha
instrumentado la política expansiva arrastrado por la
actuación de otros países, pero sin convencimiento, y que se ha asustado ante
las estimaciones de un déficit público elevado. El Ejecutivo no parece
convencido de que la mejor forma de luchar contra el déficit pasa por reactivar
la economía, y que quizás la manera de lograr en el futuro la estabilidad
presupuestaria sea incurriendo en déficit en los momentos presentes. Su postura
es tanto más injustificada cuanto que el nivel que alcanza la deuda pública
española es bastante reducido en comparación con el de otros países europeos.
Incluso estamos aún lejos de ese 60% establecido como cifra tabú en Maastricht
y que casi ningún país ha respetado.
No se
entiende tampoco que, en un momento en el que el objetivo prioritario es la
creación de puestos de trabajo, el Estado recorte la oferta pública de empleo.
Además, es muy posible que lo único que se consiga con esta medida sea tener
que externalizar todavía más los servicios, con lo que éstos se deteriorarán y
se incrementarán su coste y el descontrol.
Por otra
parte, la subida de impuestos no ha podido orientarse en peor dirección, ya
que, además de no recaer sobre las rentas altas como se había anunciado, va a
perjudicar el consumo que es lo que precisamente hace falta incentivar. Gravar
a los contribuyentes de elevados ingresos no sólo estaría justificado por un
motivo de equidad sino también porque su propensión a consumir es menor. El
gobierno ha seguido el camino contrario. Nada de modificar la tributación de
las Sicav, ni retornar –aunque fuese reformado– al
impuesto de patrimonio que eliminó el año pasado, ni incorporar las rentas de
capital a la tarifa general del impuesto sobre la renta, ni elevar en este
impuesto el tipo marginal para los contribuyentes de ingresos elevados. Y es
que, según ha afirmado la vicepresidenta en la rueda de prensa, en este país no
hay ricos. Pero, como las meigas, haberlos, haylos.