¿Le parece bien que las pensiones sean iguales en toda España? NO

Cuando quieren decir sexo

¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? ¿Por qué nos preguntamos si nos parece bien que las pensiones sean iguales en toda España, cuando lo que queremos cuestionarnos realmente es si estamos de acuerdo con que el Gobierno central impida que las Comunidades Autónomas suban las prestaciones sociales de los más necesitados? ¿Quién va a oponerse a que las pensiones sean iguales en todo el país? Las pensiones, la sanidad, la educación, los impuestos y un largo etcétera. Pero lo cierto es que, con el alborozo de todos, hemos creado un Estado de las Autonomías. Se puede estar a favor o en contra. Yo estoy más bien en contra, aunque hoy en día no se considere políticamente correcto, pero lo que no parece licito es aplicar distintas varas de medir según nos interese.

Se ha transferido a las Comunidades el sistema público de salud, lo que implica una inevitable disparidad en las prestaciones sanitarias; se les ha otorgado capacidad normativa en impuestos fundamentales, con lo que unos ciudadanos van a pagar más que otros dependiendo de cuál sea su domicilio. El PP se ha comprometido a eliminar el Impuesto de Sucesiones en las Comunidades Autónomas en que gobierna. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha anunciado que reducirá en un punto la tarifa autonómica del IRPF. ¿Se puede poner después obstáculos a que algunas Comunidades aprueben ayudas a los ciudadanos más desprotegidos cuyos ingresos se limitan a pensiones no contributivas?

Lo aprobado por la Junta de Andalucía puede tildarse, tal como ha hecho algún líder sindical, de aguinaldo navideño. Es verdad que no constituye una auténtica subida en las prestaciones al no consolidarse para años futuros. Pero más vale eso que nada. Y desde luego, siempre será mejor que dedicar los recursos públicos a subvencionar mediante reducción de impuestos a los grandes contribuyentes.

No deja de ser paradójico que los que ahora se oponen a que las Comunidades Autónomas concedan prestaciones sociales complementarias sean los mismos que saludan con júbilo la capacidad normativa en materia tributaria de los entes autonómicos. He oído congratularse a más de uno de que se estableciese entre las Comunidades Autónomas una competición para ver cuál reducía más los impuestos -lo que habitualmente se denomina dumping fiscal–, pero esa competencia les comienza a parecer peligrosa cuando se practica con los gastos sociales. En realidad, lo que molesta es que se haga con las pensiones y que los acuerdos que puedan tomar ciertas Comunidades Autónomas dejen en ridículo la política del Gobierno central en materia de prestaciones sociales.

El otro día, el Ministerio de Trabajo anunció a bombo y platillo la revalorización de ciertas pensiones. Cuando se abandonan los grandes titulares y se lee la letra pequeña del acuerdo, se ve que la mejora afectará a una proporción mínima de los pensionistas y no precisamente a los más necesitados. En el año 2004, el 74% de las pensiones mínimas contributivas no tendrán mejora alguna en sus prestaciones y, una vez más -lo que viene siendo una constante desde el año 2001- los más de 480.000 perceptores de una pensión no contributiva (cuya cuantía es de 268,77 euros al mes), los más menesterosos, han quedado al margen de toda mejora.

El Tribunal Constitucional ha dictaminado que las Comunidades Autónomas son competentes para conceder beneficios o ayudas a quienes no tengan cubiertas sus necesidades básicas a través de la Seguridad Social. El Gobierno lo tiene muy fácil: si quiere que las pensiones sean uniformes en España, que la Seguridad Social cubra esas necesidades básicas.