De prisiones y
velos
Vivir para ver. Uno no sale de su
asombro. Ha saltado a los medios de comunicación la noticia de que en la cárcel
de mujeres de Alcalá Meco los funcionarios se lo hacían con las reclusas. La
información me resultaba un tanto inconcebible no precisamente porque tenga una
buena opinión de las prisiones españolas sino porque estaba en la creencia de
que en los módulos de mujeres de las cárceles únicamente trabajaban
funcionarias. Por lo visto, no. Parece que con esto de la ley de igualdad se
han fusionado las escalas de hombres y mujeres por lo que todo está revuelto. Y
digo yo que, puestos a llevar lo de la igualdad al extremo, ¿por qué no
establecer las cárceles mixtas y arrejuntadas?
Al igual que cualquier otra
realidad, cuando el feminismo se lleva al límite —por cierto no sé por qué la
palabra feminismo no tiene ninguna condición peyorativa y machismo sí— no sólo
termina siendo grotesco sino que obtiene resultados contrarios a los que
pretendía. No creo yo que las funcionarias de prisiones estén muy contentas de
tener que bregar con especímenes que les doblan en tamaño, ni parece muy
probable que las relaciones que se puedan establecer entre guardias y reclusas
sean altamente gratificantes para la dignidad de las segundas.
Hablando de noticias sorprendentes,
no es la menor la de que una joven ha sido expulsada de un colegio por
pretender asistir a clase llevando un
pañuelo en la cabeza.
Quizás lo que más asombra es la pasividad de la Comunidad de
Madrid al permitir que cada centro escolar determine a su antojo su propio
reglamento. Subyace detrás de ello un planteamiento perverso, el de obviar el
carácter público de los colegios que afecta no sólo a los que así se denominan
sino también a los concertados, puesto que viven del dinero público. Es por
tanto el poder político democrático el que debería fijar con carácter general
lo que tiene que estar prohibido y permitido, teniendo muy en cuenta los
derechos constitucionales y las libertades que hay que salvaguardar y que no deben
tener más límite que la libertad y los derechos de los demás.
El argumento esgrimido por el
colegio y por la
propia Comunidad acerca de que los padres ya conocían las
normas de ese centro cuando decidieron inscribir en él a su hija carece de todo
valor ya que no se trata de una institución privada en la que el propietario
pueda poner las condiciones que desee y los ciudadanos no tengan más remedio
que plegarse a ellas si pretenden llevar allí a sus hijos. La educación, y por
ende todos los centros subvencionados con recursos estatales, constituye un
servicio público, y todos los ciudadanos tienen el derecho de poder escoger el
colegio que deseen dentro de las posibilidades existentes y sin que se den
otras cortapisas que aquellas que provenga de las leyes y del orden público.
No parece que llevar cubierta la
cabeza con un velo dañe a nadie ni constituya un peligro para la convivencia. No
existe, pues, razón alguna para que se pretenda contrariar la voluntad de la
alumna, basada en razones culturales o religiosas; cosa distinta sería la
utilización de otro tipo de prenda que oculte la cara o la identificación. Están
en juego dos derechos constitucionales, la libertad religiosa y el derecho a la
educación, que no pueden estar al albur de los caprichos de un claustro de
profesores.
Dos actitudes convergen a la hora
de defender la postura del colegio. Desde la derecha porque se intenta primar
la religión católica y marginar lo que se refiere a otras religiones. Desde
cierta progresía porque se pretende sacar segundas derivadas a propósito de que
el velo es un signo de sumisión de la mujer. A los primeros, habría que contestarles
que, les guste o no, nuestro Estado es aconfesional y que no puede discriminar
entre religiones. A los segundos, habría que recordarles que en todas las
culturas hay prendas de uso exclusivo de las mujeres y eso no indica que
constituyan un signo de sumisión, pero, sobre todo, que no se puede salvar a
nadie en contra de su voluntad a base de prohibiciones y presiones, sino
empleando el convencimiento.
Menor razón tienen aún los que
desde una postura primaria dan como todo argumento que en las sociedades
islámicas no nos permitirían utilizar distintivos católicos. Es posible, pero
la diferencia radica en que España es un Estado de derecho y no una dictadura
islámica. ¿O es que acaso queremos retornar al nacional catolicismo?