Presupuestos 2005

En la presentación de los presupuestos, todos los gobiernos, sean del signo que sean, emplean las mismas palabras. Siempre son sociales, propician la estabilidad y el empleo, incrementan la productividad, ayudan al crecimiento y dedican importantes recursos a la inversión pública. Bien es verdad que lo mismo ocurre con la oposición. Su discurso de crítica hacia las cuentas públicas suele coincidir en los términos. No deja de resultar cómico presenciar cómo es ahora cuando el PP reclama la creación de una oficina presupuestaria en el Congreso, mientras no quería ni oír hablar de ella en el gobierno; y ver cómo el PSOE, que la exigía en la oposición, dice ahora que naranjas de la china.

Por lo que a mí respecta, cada vez relativizó más la importancia de los presupuestos. En primer lugar, porque de un año para otro presentan una fuerte inercia, y los parámetros que se pueden cambiar son muy relativos, e incluso en éstos poco tiene que ver lo que se aprueba a principio del ejercicio con lo que después se realiza. Para emitir un juicio sobre ellos, más que las cifras -que siempre se pueden presentar al gusto del consumidor- importan la Ley y sus medidas concretas. En ellas sí que afloran compromisos ciertos, difíciles de modificar.

En segundo lugar, porque después de las múltiples transferencias, las Autonomías tienen cada vez más competencias y menos el Estado y, por lo tanto, el presupuesto estatal deviene mucho menos significativo, en especial en aquellas áreas que están casi totalmente transferidas. Hablar de los incrementos en educación, sanidad o vivienda dicen muy poco puesto que lo que corresponde a la Administración Central es casi residual. Cosa distinta es lo que ocurra en partidas tales como el seguro de desempleo o las pensiones en las que la competencia estatal es total.

En Sanidad, que presiento que este año va a ser, y ciertamente no para bien, el tema estrella, más que a lo que figure en los presupuestos habrá que estar a lo que se discuta y se acuerde en el Consejo de Política Fiscal. Casi todas las Comunidades vienen quejándose de que se infravaloró el coste de los servicios transferidos. Es posible que tengan razón, pero la pregunta es obvia: por qué aceptaron entonces la transferencia. Quejarse a posteriori no sé si tiene mucho sentido, como no sea el de orquestar a coro una operación en contra de la gratuidad total y preparar el camino para la implantación del copago.

El deterioro de la sanidad pública es una constante en casi todo el territorio nacional. Es el precio, entre otros, que hemos pagado por las sucesivas reformas del IRPF. Si los recursos se destinan a rebajar los impuestos a las clases acomodadas, lógicamente no están disponibles luego para invertirlos en la asistencia sanitaria. Por eso resulta muy ilustrativo que la presidenta de la Comunidad de Madrid se queje de que le faltan recursos para la sanidad y a continuación se comprometa a rebajar el Impuesto de Sucesiones. Es ilustrativo pero no extraño, doña Esperanza Aguirre pertenece a un partido de derechas y como tal va de suyo, aunque no lo diga porque no resulta electoralmente rentable, que esté en contra de la sanidad pública y a favor de que las herencias no tributen.

Más extraño es lo del PSOE y especialmente lo de IU. Resulta que esta coalición ha presentado como principal reivindicación en la negociación presupuestaria frente al Gobierno la deflactación de la tarifa del IRPF. Sólo la ignorancia puede justificar tales planteamientos. IU, como es lógico, ha criticado duramente en el pasado las rebajas del IRPF propiciadas por los gobiernos del PP; pues bien, el no deflactar la tarifa habría significado paliar aunque fuese levemente los efectos regresivos de aquellas reformas.

Se me ocurre que para un partido de izquierdas existen otros objetivos bastante más importantes a los que destinar 175 millones de euros. Porque no es cierto que el ahorro para cada contribuyente vaya a ser de 11,5 euros. Eso es la media. Al ser un impuesto progresivo, a unos, los de ingresos más bajos, les supondrá uno o dos euros, y habrá contribuyentes, los de altas rentas, que a lo mejor se benefician de mil o dos mil. Todo ello sin contar con que ni un euro revertirá en las capas de población más pobres, en aquellas que lo son tanto que ni siquiera tributan por el Impuesto sobre la Renta. Desde el punto de vista cuantitativo puede ser que el tema no revista demasiada importancia, pero es bastante representativo de la confusión que por desgracia reina en la izquierda en materia fiscal y presupuestaria.