Próxima reforma del IRPF

Las campañas de propaganda bien orquestadas hacen que dudemos de verdades que de otra forma parecerían evidentes e inmediatas, por ejemplo que toda rebaja en un impuesto progresivo tiene efectos regresivos, disminuyendo la carga fiscal de los contribuyentes en tanto mayor medida cuanto más ricos son. Así ocurrió en la última reforma del IRPF en la que, como se ha repetido profusamente, el 1% de los contribuyentes, aquellos cuya rentas están por encima de los 14 millones de pesetas (unos 134.000) se repartieron 110.000 millones de pesetas, cantidad similar a la que se aplicó a beneficiar a siete millones de contribuyentes (el 56%), aquellos cuya renta no superaba los 2 millones de pesetas. Como se puede observar, la reducción del gravamen fue similar: en el primer colectivo casi un millón de pesetas por término medio, en el segundo la media no llegó ni a las 20.000 pesetas.

Pues bien, el gobierno del PP después de elevar los impuestos indirectos, aquellos que pagamos todos en una proporción similar, para compensar, anuncia una nueva reducción del IRPF. La verdad es que lo hace con planteamientos un tanto exóticos que si no fuera por la fuerza de los medios de comunicación y la autoridad que al personal le infunde siempre un ministro, cualquier mortal no dudaría en tildar de descabellados.

El titular de Hacienda anuncia que la reforma va a beneficiar a los parados. A uno le cuesta entender cómo puede beneficiarles la rebaja de un impuesto del que están exentos el 99% de este colectivo. Si de verdad se les quiere ayudar lo lógico sería actuar del lado del gasto público, es decir incrementando la prestación por seguro de desempleo, bien sea en la cuantía o en la cobertura. Y ahí sí que hay mucho que reformar, puesto que casi las dos terceras parte de los parados no perciben ninguna cantidad y la mitad del tercio restante cobra un subsidio que no cubre la mera subsistencia. No es extraño que los recursos destinados a esta prestación hayan pasado de ser el 3,48% del PIB en 1993 al 1,28% en los últimos años.

Bueno, pues no. Nada de prestación por seguro de desempleo. El ministro de Hacienda quiere que la ayuda sea en el IRPF. Claro que si profundizamos algo más, descubrimos que no es a los parados a los que pretende favorecer sino a los que dejan de ser parados, es decir a los que se colocan. Algo así como lo del Evangelio: al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará. Una nueva visión de la protección social; en lugar de un seguro de desempleo lo que va existir es un subsidio de colocación. Y es que, ciertamente, si los salarios reales continúan evolucionando como en los últimos años no es de extrañar que se precise la colaboración de Cáritas.

Por aquí vamos ya por el buen camino para adentrarnos en la finalidad última de la medida. Porque no es ni a los parados, ni a los empleados a los que se pretende subvencionar sino a los empleadores, a los empresarios que podrán abonar remuneraciones aun más reducidas, gracias y a costa de los dineros públicos. Las vueltas y revueltas que dan para llegar al mismo objetivo.

El ministro de Hacienda anuncia también que la nueva reforma favorecerá a las familias, y es que en el PP son muy amantes de la familia. Ya lo decía el padre Peiton: "familia que reza unida permanece unida". Montoro parece decir "familia que desgrava unida crecerá y se multiplicará. Hay que ayudar a la mujer trabajadora".

Pero, como siempre, habrá que preguntarse a qué familias se va a favorecer. Sin duda a las de renta alta, cuyas desgravaciones serán sustanciosas y suficientes para contratar los servicios precisos para el cuidado de los hijos menores o de los ancianos. A las otras familias, a las mujeres trabajadoras –no se porqué tiene que ser precisamente a las mujeres– de bajos ingresos difícilmente la exigua cantidad en que se reducirá su gravamen, en el caso de que se reduzca, podrá solucionarle el problema de compatibilizar su trabajo con el cuidado de la prole y de la tercera edad.

La solución sería sin duda otra, que el Estado prestase los servicios sociales necesarios a todas las familias o individuos que lo precisasen, independiente de cual fuese su renta. El aumento en la esperanza de vida y la incorporación laboral de la mujer exigen una mayor oferta –oferta que debe ser pública– de este tipo de bienes. Tal debería ser la respuesta adecuada. Claro que eso sería si de verdad se quisiese solucionar el problema y no se usase lo de la familia y el trabajo de la mujer como coartada para reducir la progresividad del sistema fiscal.