Chapuza o pelotazo
Las licencias de UMTS vuelven a estar de
actualidad. Anda la Audiencia Nacional enfrascada en deliberaciones acerca de
si debe suspender cautelarmente el resultado de aquel concurso tan polémico.
Es un hecho que la decisión de conceder las
licencias por concurso en lugar de mediante subasta ha representado un
importante perjuicio para la hacienda pública y, con toda probabilidad, grandes
beneficios para las empresas concesionarias. Pero ahora se descubre algo más,
algo que sin duda todos intuíamos, que tal decisión no
fue un error sino un chanchullo. Todo apuntaba a ello y especialmente la forma
y la fecha en las que se acordó. Deprisa y corriendo, pocos días antes de
celebrarse unas elecciones, y por lo tanto con un gobierno en situación
provisional.
Hoy se conoce que hubo dos informes; Se sabe
que los servicios de Fomento mandaron rectificar el primero a la empresa
consultora, y que dicha empresa se defiende afirmando que no es que tuviese
deficiencias, sino que, una vez entregado, el Ministerio le cambió los
criterios, por lo que fue preciso elaborar el segundo informe, incluso fuera de
plazo.
La actual ministra de Ciencia y Tecnología
ha afirmado que "toda la concesión de las licencias de UMTS se ajusta a
derecho". Es posible que jamás lo sepamos con certeza. Ni esto ni lo
contrario. Pero la corrección en la actuación política no consiste únicamente
en cumplir las leyes, y menos aún en dar a las acciones de gobierno una
apariencia de legalidad. Lo cierto es que este concurso ha sido en el mejor de
los casos una gran chapuza, y en el peor el mayor pelotazo que se ha conocido.
La discrecionalidad, el riesgo, la falta de
transparencia, la subjetividad, la sospecha, han rodeado las concesiones.
Resulta sumamente curioso que aquéllos que con tanto ardor defienden el mercado
y el precio como asignadores óptimos de los recursos
se vuelvan tan intervencionistas a la hora de adjudicar unas licencias
billonarias. ¿Es que en este caso el precio no constituía un buen indicador del
valor de lo adjudicado?
Criterios tales como la inversión
comprometida, el despliegue de la red o la creación de empleo son lo
suficientemente relativos y difíciles de controlar posteriormente como para que
el concurso gozase de una gran discrecionalidad. ¿Es que alguien puede creer
que las empresas van a realizar más inversiones o contratar más personal del
que juzguen necesario? ¿No será más bien que tras el establecimiento de tales
criterios lo que se oculta es la intención de tener las manos libres para
conceder las licencias a quien se desea?
La Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (LCAP) tiene una finalidad clara, lograr la transparencia y la
objetividad en las operaciones que el sector público realiza con el sector privado.
Pero no existe ley perfecta y todas las normas dejan múltiples lagunas que
pueden utilizarse para burlar su propia finalidad. No es ningún secreto que en
materia de concursos la discrecionalidad de que goza la Administración es
amplísima y que los criterios que pueden fijarse y su posterior valoración
admiten un componente de subjetividad muy elevado. Cuando lo que está en juego
son muchos miles de millones ¿puede extrañarle a alguien que exista un altísimo
riesgo de manipulación y corrupción?