Presupuesto de crisis

La furgoneta, una montaña de libros, un sinfín de páginas, estadillos, números y literatura, fotos en el Congreso al ministro de Hacienda, rueda de prensa; todo ello es parte del rito y de la ceremonia que se repite año tras año a la presentación de los presupuestos. Pero cuanto más farfolla y formalismo, menos contenido. El papel lo aguanta todo. La información se puede estructurar, componer y retorcer de manera que cuadre y ratifique siempre lo que deseamos. Después, a lo largo del ejercicio vendrán las modificaciones, en "donde dije digo diré Diego"; incluso ahora con la contabilidad creativa, el maquillaje podrá extenderse hasta en la misma liquidación de las cuentas públicas.

El ministro de Hacienda afirma, como todos los años, que son unos presupuestos sociales, ni expansivos ni contractivos, sino todo lo contrario y puesto que estamos en tiempo de recesión, unos presupuestos para la crisis. Pero a pesar de que en todos los países se han revisado los objetivos, el gobierno español no ha modificado un ápice las previsiones macroeconómicas. Aquí no ha pasado nada, con lo que se hace más increíble aún que puedan cumplirse las cifras presupuestarias. Pocos economistas aceptarán hoy, ni siquiera en los planteamientos más optimistas, que en el año 2002 el crecimiento va a llegar al 2,9%, y lo mismo cabe afirmar del 2% de inflación. Con estas hipótesis la recaudación estimada difícilmente podrá alcanzarse. Existe además un motivo adicional para pensar que los ingresos reales van a ser inferiores a los presupuestados: la aplicación del nuevo modelo de financiación autonómica. La alegría y satisfacción de todas las Comunidades hace sospechar que, tal como afirmó Aznar, todas salen ganando. Pero si todas ganan es que el Estado pierde, ya que nos movemos con toda probabilidad en un sistema de suma cero.

Nuevos aires se respiran en Estados Unidos y en Europa. La mayoría de los gobiernos se resisten a adoptar ajustes presupuestarios adicionales y mantienen que la disciplina en las cuentas públicas, introducida en los últimos años, permite un margen de maniobra para políticas moderadamente expansivas. El propio Duisenberg se apunta a esta tendencia, insinuando que los gobiernos de aquellos países cuyas finanzas están en equilibrio o presentan un superávit presupuestario, y que se encuentran, por tanto, muy alejados de ese 3% de déficit que aparece como límite en el programa de estabilidad, deberían tener una postura más permisiva que ayudase a la recuperación económica.

El gobierno español, por el contrario, mantiene rígidamente su postura de déficit cero. Aunque tal vez este fundamentalismo presupuestario sea sólo verbal, porque sin los múltiples mecanismos de maquillaje se estaría lejos del equilibrio presupuestario. En los últimos años, gran parte del gasto en inversión pública se contabiliza en la partida de activos financieros, como aportaciones de capital a empresas o entes públicos, sin que por lo tanto tenga impacto sobre el déficit. En los presupuestos del año 2002 que ahora se presentan se da un paso más, incluyendo obras públicas con pago diferido, truco ingenioso para posponer la contabilización del gasto en inversiones.

Otros muchos son los mecanismos que se emplean para disfrazar el déficit público, por ejemplo compensar las transferencias a empresas públicas con ingresos por privatizaciones o la concesión de avales para garantizar las enormes deudas contraídas por determinadas sociedades, caso de televisión española.

Uno de los aspectos más negativos de los presupuestos que ahora se presentan (los del 2002) es la enorme reducción que se aplica a la tasa por utilización de la tecnología UMTS, de 1600 a 360 millones de euros. No resulta arriesgado suponer que en el año 2001, aun cuando se encuentra consignada en el presupuesto de ingresos, no se va a cobrar esta tasa al menos en su totalidad. Lo cierto es que países como Alemania, Gran Bretaña o Francia han obtenido por este capítulo fabulosos ingresos para sus cuentas públicas, mientras que el presupuesto de nuestro país apenas se va a ver beneficiado, y no se diga que en último término serán los usuarios los que soporten el coste de las licencias. Puede ser verdad, pero en este caso la gravedad radica en que las tarifas de los usuarios españoles financiarán los pagos a realizar a los presupuestos de Alemania o de Gran Bretaña.