Financiación Autonómica

Con la financiación autonómica ocurre como con las reformas fiscales: el gobierno de turno se empeña en repetir que todos ganan. Lo cual no es cierto en ninguno de los dos casos. Siempre se utiliza el mismo truco, olvidarse del coste de oportunidad, aunque éste, que duda cabe, existe. En las reformas fiscales es evidente que los recursos empleados en reducir los impuestos o bien se cubren incrementando otros o reduciendo bienes y servicios públicos. La ganancia o pérdida para cada uno dependerá de cómo se haya distribuido la reducción del gravamen y del uso y necesidad que se tenga de los servicios del Estado. Normalmente, ganan los de arriba y pierden los de abajo.

En la financiación autonómica, el hecho de que el saldo que obtengan todas las Comunidades sea positivo sólo implica más poder para los políticos locales, pero no necesariamente un mayor bienestar para toda la sociedad. El incremento de recursos para las Comunidades se cubre con fondos del gobierno central, es decir, de todos los ciudadanos. Todos costeamos esas mayores aportaciones, y según se distribuyan los ciudadanos de cada Comunidad ganarán o perderán dependiendo de si el beneficio es mayor que el coste o viceversa.

Es por tanto de suma importancia que la distribución se realice con la máxima objetividad y que quien distribuya no esté sometido a coacción o a posibles sobornos. Nuestro sistema está viciado en el inicio, desde el momento que en el Congreso se asientan partidos nacionalistas y regionalistas interesados exclusivamente en su Comunidad y que prescinden abiertamente del interés general. Si el gobierno central no posee mayoría absoluta, se ve forzado a buscar el apoyo de alguno o algunos de esos partidos minoritarios que tan sólo se lo prestarán a condición de que se beneficie a sus regiones frente al resto.

Hablamos de posible cohecho, lo cual es lógico, en cuanto nos enteramos de que un político o un funcionario con capacidad de decidir reciben un regalo de un contratista, pero ¿qué calificativo deberíamos emplear cuando un gobierno distribuye la financiación autonómica de forma sesgada a favor de una Comunidad Autónoma a condición de recibir en el Congreso el apoyo del correspondiente partido nacionalista? ¿Es posible que no nos demos cuenta de que hemos construido un sistema político y electoral que conduce irremisiblemente al cohecho?