Las
víctimas
En algunas culturas,
sobre todo de la antigüedad, la justicia quedaba encomendada a las víctimas, a
sus familiares, a
A medida que las
sociedades van evolucionando esta institucionalización de la justicia se hace
más clara e incuestionable. Uno de los principios que rigen el Estado moderno y
una de sus tareas prioritarias consiste en preservar la práctica de la justicia
de toda influencia partidista e interesada, rodeándola de un ámbito de
objetividad e imparcialidad, casi de asepsia, que garantice que nada ni nadie
interfiere de forma pasional en su administración. Mala cosa si el ruido
exterior termina contaminando su ejercicio. En ese sentido, las víctimas de los
delitos son las menos adecuadas, e incluso podría decirse que están
incapacitadas, para poder juzgarlos.
El florecimiento de
la democracia conlleva la creación de todo tipo de sociedades y asociaciones.
Cuando un delito resulta frecuente o es especialmente reprobable por la sociedad,
se crean las circunstancias adecuadas para que las víctimas se asocien; lo que
sin duda es bueno y deseable si tiene por objeto dar respuesta de forma
colectiva a la problemática y dificultades que como víctimas padecen, pero
comienza a resultar socialmente distorsionarte y peligroso si en su condición
de tales pretenden constituirse en grupo de presión frente a los tribunales o
frente a la tarea legislativa.
Hemos presenciado
cómo las distintas asociaciones feministas y de víctimas de la violencia doméstica,
amparadas en la lógica repulsa que estos delitos generan en la opinión pública,
han creado a menudo una atmósfera de presión sobre fiscales y jueces
dificultando el ejercicio imparcial de la justicia y propiciando que el
principio de inocencia quede en entredicho. Esa misma atmósfera ha impelido a
los políticos a elaborar una ley -no era
electoralmente conveniente ponerse en contra o, por el contrario, era rentable
proponerla- altamente discutible, en la que los delitos
se tipifican de manera diferente según los cometan los hombres o las mujeres y
en la que en las desavenencias conyugales el hombre es en principio culpable y
sospechoso, si la mujer así lo quiere, de violencia doméstica. Lo más grave es
que como cabía esperar la ley no ha arreglado el problema. El número de
asesinatos sigue siendo idéntico. Y es que el delito, el verdadero delito, se
mueve por mecanismos psicológicos distintos. Las medidas penales no cuentan
demasiado para el que tras asesinar a su mujer intenta suicidarse.
Estos días están en
primer plano de actualidad las víctimas del terrorismo, han celebrado su
congreso. Lo cierto es que existe la sensación de que al menos algunas
asociaciones se mueven como agrupaciones políticas, con la pretensión de
condicionar las diferentes medidas que puedan adoptarse. Las víctimas tienen,
sin duda, importantes derechos frente a la sociedad, pero entre ellos no está
el de tener una calificación especial a la hora de enjuiciar el fenómeno del
terrorismo y la respuesta adecuada al mismo. Más bien, todo lo contrario. En
este aspecto, con toda probabilidad, se encuentran contaminadas, y es humano,
demasiado humano, que carezcan de la imparcialidad y objetividad necesaria para
enjuiciar el problema. En términos forenses tendríamos que afirmar que han de
ser objeto de recusación. A nadie se le ocurriría aceptar en un caso de
violación como miembro del jurado a una madre a la que acaban de violar y
asesinar a su hija, y tampoco parecería demasiado conveniente que la
elaboración de las leyes penales que califican este tipo de delitos fuesen elaboradas por sus víctimas.
Es difícil
sustraerse a la impresión de que aprovechando la conmiseración social que las
víctimas del terrorismo suscitan, se las pretende utilizar políticamente
dándoles un protagonismo que no les corresponde. Todo el mundo se reafirma en
la necesidad de que no se produzca esta manipulación pero lo cierto es que casi
todo el mundo también pretende llevar el ascua a su sardina, empezando incluso
por las mismas víctimas. Su condición de tales no anula su personalidad con sus
características e ideología propia. Pueden tener la tentación de utilizar su
situación de víctimas para influir en el ámbito político en una medida muy
superior a la que normalmente les competería.