El precio del tabaco

La Comisión de la Unión Europea ha propuesto la unificación para todos los países de la carga fiscal del tabaco. De llevarse a cabo, la medida representará para el consumidor español una subida de aproximadamente 70 pesetas por cajetilla.

Lo primero que llama la atención es el afán de Europa por armonizar, incluso unificar, los impuestos indirectos, mientras que apenas se avanza un paso en la armonización de los impuestos directos. Son, sin embargo, estos tributos, y más concretamente los que gravan el capital y a las empresas, donde resulta más urgente la desaparición de las diferencias estatales.

La armonización fiscal de la imposición directa es un corolario de la libre circulación de capitales, y debería haberse realizado al unísono de ésta, en el Acta Única. Su carencia ha propiciado un proceso generalizado de reducción de las cargas tributarias de las empresas y del capital. Esta carrera competitiva, dumping fiscal, parece no tener fin hasta que los sistemas fiscales se configuren exclusivamente como imposición indirecta y gravámenes sobre las nóminas.

Hasta ahora, la Unión Europea de lo único que se ha preocupado en materia fiscal es de limitar el déficit público y de armonizar parcialmente los impuestos indirectos. Tal actitud responde a las mil maravillas al diseño sobre el que se ha asentado la Unión, determinado más que por la racionalidad política y económica, por los intereses de los grandes lobbys económicos. A éstos, desde luego, no les conviene que se realice cualquier tipo de armonización en los gravámenes directos. Son conscientes de que la falta de normativa general conducirá a una armonización de mínimos, es decir a eliminar casi en todos los países las cargas fiscales a las empresas y al capital.

Cosa bien distinta ocurre con los impuestos indirectos. Por eso la Unión se plantea en estos momentos la homogeneización en el gravamen sobre el tabaco y que representa para algunos países, como España, una brutal subida. Es cierto que la medida aún precisa aprobarse por unanimidad en el Consejo. Pero no deja de ser sintomática la reacción del Ministro de Hacienda español, declarando que España siempre ha estado a favor de la armonización fiscal. Afirmación radicalmente falsa. El gobierno de Aznar se ha opuesto permanentemente, en los foros europeos, a cualquier armonización de la imposición directa, de las cargas sociales o de derechos laborales. Esta medida, sin embargo, puede convenirle, al ver en ella la posibilidad de incrementar de forma significativa la recaudación y compensar los descensos que se produzcan por la reforma fiscal ya realizada y la que han anunciado para el futuro.

Es evidente que estas modificaciones fiscales tienen un fuerte carácter regresivo, disminuyen aquellos impuestos progresivos que gravan al capital, a las empresas y a las rentas altas, y se sustituyen por impuestos al consumo que repercuten en medida similar sobre todos los ciudadanos, independiente de cuál sea su capacidad económica.

El hecho de que el gravamen que ahora se contempla recaiga sobre una sustancia dañina para la salud, en ningún caso modifica el análisis. Cualquier aprendiz de economista sabe que para aquellos artículos que tienen una demanda rígida, el precio no inhibe su consumo. Otras son las medidas que deben propiciar los gobiernos para conseguir este fin.

La Unión Europea quiere que el precio del tabaco sea idéntico en todos los países, y por qué no los sueldos, las pensiones y las prestaciones del seguro de desempleo.