Inflación y Presupuesto

Es sorprendente lo vulnerables que son los medios de comunicación a la intoxicación en materia económica, prueba, o bien del analfabetismo que en estos temas embarga a la mayoría de los periodistas o de su falta de independencia al tratar las cuestiones que afectan al dinero. Lo más seguro es que sean ambas cosas a la vez. Y como es lógico la intoxicación de la opinión publicada se traslada y se transmite a la opinión pública, es decir a toda la sociedad. Al final todos terminamos creyendo lo que al gobierno y a los intereses económicos le conviene que creamos.

Estos días diferentes medios vienen incidiendo sobre los efectos que la desviación en el objetivo de inflación va a tener en las cifras presupuestarias. Pero eso sí, todos hacen referencia exclusivamente a los gastos. Más concretamente a las pensiones y a los salarios. Y se olvidan por completo de los ingresos, como si la mayoría de estos, por no decir la totalidad, no estuviesen indiciados.

Se pueden leer titulares de este tenor: "la desviación del IPC costará más de 200.000 millones en pensiones a las arcas públicas". Para pasar enseguida a calcular el dinero que Hacienda tendrá que pagar a los pensionistas como atrasos para que no pierdan poder adquisitivo, en virtud del acuerdo firmado con los sindicatos y que se tradujo posteriormente en ley. Cada décima de desviación de la inflación real sobre la prevista costará 15.000 millones de pesetas. Luego números cantan.

Subliminarmente se vierte la tesis de que la actualización de las pensiones crea problemas en el presupuesto, y que estas circunstancias dificultarán tanto la dotación del fondo de reserva de la seguridad social como la subida de las pensiones mínimas por encima del IPC. Se oculta que si una mayor inflación que la prevista incrementa el gasto en pensiones, incrementa también y, seguramente en mayor medida, las cotizaciones sociales al ser el PIB nominal también mayor.

El sofisma adquiere proporciones más ridículas en el tema de los salarios de los empleados públicos y de otras partidas de gastos del presupuesto como los de sanidad. Aquí no hay actualización. Los funcionarios perderán, una vez más, poder adquisitivo y los gastos sanitarios crecerán en términos reales a un ritmo menor que el previsto; sin embargo la recaudación impositiva si se incrementara en función de la inflación real y por lo tanto en mucha mayor medida que la prevista. La desviación en el objetivo del IPC lejos de crear dificultades en el presupuesto como pretender insinuarnos generará un superávit adicional, ya que los ingresos se indician automáticamente, mientras que los gastos tan sólo lo hacen en la medida que el gobierno y la ley lo autoricen, lo que ocurre únicamente con algunas pocas partidas.

Algo similar sucede en el sector privado. Se afirma que los empresarios tendrán que hacer frente al coste adicional de la revisión salarial. ¿Pero es que acaso los precios caen del cielo? Son los empresarios los que los fijan y al fijarlos determinan también la cuantía de sus ingresos como colectivo. Los ingresos globales empresariales se incrementarán de acuerdo con la inflación real y no con la prevista; sin embargo no van a ser todos los salarios los que se revisen. Un 28% carece de cláusula de revisión salarial, en otro 9% la revisión es sólo parcial y en otro 31% se aplicará únicamente para el próximo año, es decir, sin efectos retroactivos. Son por tanto los trabajadores los que sufrirán en sus rentas la desviación en la tasa de inflación, y no los empresarios. Estos, por el contrario, incrementaran sus beneficios.