Unidad contra el terrorismo

El discurso político, y no digamos el económico, está jalonado de sofismas. Entre ellos no es el menor el imperativo de la unidad en la lucha antiterrorista. Todos los charlatanes públicos no se cansan de repetir su conveniencia, ni de amenazar con las penas del averno a la formación política que se atreva a romper la tan deseada unidad.

Tales peroratas recuerdan otro tópico que circulaba hace años: la cacareada unidad de la izquierda, con la que se pretendía establecer la obligación de que IU pactase, cualquiera que fuese la situación, con el PSOE, y se profetizaba que la opinión pública y los votantes castigarían electoralmente a la formación política que fuese causante de la división. Ante esta ofensiva generalizada, Julio Anguita, entonces coordinador general de la Coalición, contestaba siempre algo de puro sentido común, pero que le acarreaba todo tipo de vituperios de parte de los apóstoles de la unidad. La unión debería ser para algo, con una finalidad, en un proyecto común. De ahí la reiteración de programa, programa, programa.

Pues bien, los que entonces propugnaban la unión por la unión y exigían que IU apoyase incondicionalmente al PSOE son los mismos que ahora propugnan la necesidad de la unión antiterrorista y un pacto entre todos los partidos democráticos –es curiosa la facilidad con que se concede este apelativo–, pero sin concreción alguna. ¿Pacto para qué? ¿Unión en qué?

La llamada unión en la lucha contra el terrorismo es una proposición vacía, apenas sin contenido. Si lo que se pretende significar es que todos los partidos deben condenar la violencia y estar de acuerdo en que se combata a ETA, resulta una obviedad. En este sentido, ninguna fuerza política de las llamadas democráticas, incluyendo a las nacionalistas, dejan de apoyar al Gobierno en tal cometido. Este planteamiento es tan evidente que no necesita ningún pacto ni acuerdo.

Pero es posible que cuando se habla de pacto y de acuerdo antiterrorista lo que se pretenda es un apoyo incondicional al Gobierno, no solo en el fin sino también en los medios. Esta segunda versión no parece ya tan lógica ni siquiera conveniente. Es palmario que en los medios, en las formas, en la estrategia, no tienen por qué coincidir todas las formaciones políticas. Ni el Gobierno, sea el que sea, goza de infalibilidad, con lo que es muy posible que cometa errores, y no sería bueno ni positivo que toda la oposición se vea en la obligación de asumir y respaldar los mismos errores.

Los pactos, cualquiera que sea la materia, necesitan un contenido. Solo son viables cuando las formaciones políticas que los suscriben participan de similares planteamientos. El vigente pacto antiterrorista pudo ser firmado por el PSOE y por el PP porque se supone que ambos convergían entonces en una serie de puntos y estaban de acuerdo en aplicar determinadas medidas; pero –con la misma lógica– los partidos nacionalistas no podían suscribir tal pacto al discrepar de muchas de las medidas que se adoptaban, y tenían pleno derecho a mostrar sus diferencias, que de ninguna manera indicaban que no estuviesen a favor de la lucha antiterrorista.

Del mismo modo, hay que reconocerle al PP, en los momentos actuales, su derecho a discrepar de la estrategia que ha seguido o pueda seguir el Gobierno, sin que por ello se deba poner en duda su intención de apoyar la lucha antiterrorista. Es más, no parece que sea fácil, antes bien incluso parecería insólito, que el PP y los partidos nacionalistas pudiesen ponerse de acuerdo en un pacto con algún contenido que pretendiese ir más allá de la simple condena del terrorismo y del apoyo genérico a los jueces y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que lo combatan.

No es lícito, desde luego, identificar nacionalismo con terrorismo, tal como a veces daba la impresión que el PP hacía en la legislatura pasada, cometiendo así un error de bulto; pero tampoco se puede olvidar que si en los medios difieren radicalmente, coinciden sin embargo en los fines, de tal forma que si para los partidos estatales ciertas pretensiones de los terroristas son concesiones políticas inaceptables, para las formaciones nacionalistas pueden ser conquistas y logros marcados en su propio ideario. Una vez más hay que recordar cómo Arzallus manifestaba, con todo el descaro, que mientras ellos, los muchachos de la ETA, sacudían el nogal, el PNV recogía las nueces.

Es por esto por lo que todo intento de unidad y de pacto colectivo pasa, cuando se quiere implicar a todos los partidos, por simples generalizaciones sin que, como ocurre ahora, se pueda avanzar y llenar de aspectos más concretos. Se sabe perfectamente dónde se encuentra el PP y dónde los partidos nacionalistas. Hasta la llegada de Zapatero a La Moncloa, también se sabía dónde estaba el PSOE. Es el Gobierno el que debe definir su postura y acercarse a unos o a otros. Todas las posiciones son legítimas pero no todas son igual de acertadas, y es muy posible que antes o después cada una de las formaciones políticas tenga que dar cuenta a sus electores de la que han tomado.