Capitalismo  Anárquico

Tengo que reconocerlo. He experimentado en los últimos días una morbosa complacencia al escuchar determinadas manifestaciones. Me refiero a las de todos aquellos que ahora se despiertan y caen en la cuenta que el mercado de hidrocarburos no es un mercado libre. Tanto tiempo haciéndose lenguas de los ingentes bienes que se derivarían de las privatizaciones, para venir a reconocer que todo se ha reducido a la sustitución de monopolios públicos con precios administrados por oligopolios privados con precios libres. Ministro de Industria hubo que violentando hasta el sentido común, llego a argumentar que la eliminación de los precios máximos tendrían un efecto beneficios sobre la inflación. Evidente contrasentido, porque la más elemental lógica indica que las limitaciones máximas lo único que impiden es que los precios suban, nunca que bajen.

Es cierto que existen variables objetivas que fuerzan al alza los precios de los carburantes: Restricciones de suministros de la OPEP, apreciación del dólar, etc., pero no es menos cierto que el mercado está controlado por unas pocas empresas que imponen sus condiciones. Hasta la Comisión de la Unión Europea ha denunciado el oligopolio español, y ha sido el propio vicepresidente segundo del gobierno el que ha afirmado que el precio de las gasolinas había subido en nuestro país un 140% más que en el resto de Europa. Y eso que la competencia tampoco reina en el mercado europeo del petróleo, como parece deducirse de la decisión adoptada por el gobierno italiano de imponer multas astronómicas a las compañías por precios abusivos, o las advertencias lanzadas por el gobierno francés.

El problema es de fondo. ¿Hasta qué punto puede existir competencia en estos sectores estratégicos? Petróleo, gas, electricidad, transportes, comunicaciones. etc. Resulta bastante irónico que el gobierno español se oponga a la fusión de Endesa e Hidrocantábrico con el argumento de que la existencia de sólo tres empresas en el mercado dañaría fuertemente la competencia. La pregunta surge de manera inmediata. Tres empresas sí, y cuatro no.

Las privatizaciones y las llamadas liberalizaciones han empeorado sustancialmente la situación. Antes sí, los mercados estaban controlados pero se tenía claro quién o quiénes eran los responsables, en última instancia el gobierno. A pesar de la desconfianza que hoy despierta la política, y los ingentes defectos que descubrimos en los sistemas democráticos, habremos de reconocer que un gobierno tiene múltiples limitaciones a la hora de permitir que se disparen los precios, aunque sólo sea porque le van a exigir cuentas de la marcha de la economía y debe presentarse al dictamen de las urnas cada cierto tiempo. Ninguna de esas restricciones les afectan a los que dirigen las empresas privadas.

Ciertas medidas, como multiplicar el número de gasolineras, reducir el tiempo de abanderamiento, obligación de poner las redes logísticas a disposición de todos los operadores, etc., mejorarán algo el estado actual, al corregir determinadas rigideces; pero de ninguna manera solucionarán el problema de fondo. Estas rigideces no existen en otros países y, sin embargo, los mercados continúan siendo cautivos de unas pocas compañías. Sectores en que resulta imposible multiplicar las redes logísticas o en los que se necesitan cuantiosas inversiones para introducirse en los mercados, el número de empresas siempre será reducido y resultará difícil por ello que pueda hablarse de verdadera competencia. El mejor de los casos, ésta podrá darse en alguna medida para el suministro destinado a Grandes Compañías, con capacidad para entablar un diálogo de tú a tú con las suministradoras, pero nunca para el resto de los consumidores que no tendrá más remedio que aceptar contratos de adhesión y las condiciones impuestas por los oligopolistas.

Habría que preguntarse, además, cuál ha sido el resultado último de la venta de las participaciones estatales en todos estos sectores. Se han privatizado, sí, los beneficios. No estoy tan seguro que pueda hablarse de privatizaciones de hipotéticas pérdidas. ¿Podría el Estado dejar quebrar, sin intervenir, una de estas compañías, en el caso de que ciertas aventuras empresariales resultasen fallidas? Pero, lo que aun es más importante, es que el término privatización resulta incorrecto a la hora de analizar el poder dentro de las sociedades. El Estado ya no las controla, ¿pero puede afirmarse que son los accionistas los que toman las decisiones? Cabría hablar más bien de apropiación, de detentación del poder.

Es frecuente encontrar administradores que carecen de cualquier título o razón aparente, como no sea el de determinadas relaciones con el poder político y económico que les han conducido, a menudo de forma casual, a esos puesto. Ellos han sabido utilizar la oportunidad y se han blindado en los Consejos, llenándolos de consejeros independientes, independientes de todos excepto del que los ha nombrado. A la larga la situación se hace extremadamente peligrosa porque los intereses de estos nuevos señores de horca y cuchillo no coincidirán, desde luego, con los de la mayoría de los ciudadanos, pero ni siquiera con los intereses a medio y a largo plazo de la empresa que dirigen. Su objetivo se centra en el enriquecimiento personal y en su mantenimiento en el cargo.

El caso Villalonga es paradigmático. ¿Quién es Villalonga? ¿De dónde le viene la legitimidad para manejar desde Miami, a su antojo, el holding español más importante? ¿A quién representa? En su momento podía pensarse que al gobierno, pero en la actualidad no creo que pueda suponerse que sigue sus instrucciones. Tampoco es representativo del capital. Ni siquiera del núcleo duro. ¿Pero es que acaso tienen derecho La Caixa y el BBVA, con participaciones reducidas en el capital, a marcar los destinos de la compañía? Y, ¿quién decide en nombre de La Caixa y el BBVA? ¿Qué títulos tienen? Hemos construido un capitalismo anárquico. Hemos quitado el poder al Estado y a los representantes políticos, pero no sabemos muy bien en donde lo hemos situado. Y lo que aun es peor, existe la certeza de que en este sistema, poder y responsabilidad están divorciados.