Votar ¿para qué?

Hace siglo y medio que Marx definió el Estado como el consejo de administración de las fuerzas económicas. Con ello no hacía más que describir la situación del sistema político y económico de su tiempo. Más tarde, las cosas, sin duda, fueron cambiando. Por un lado, el deterioro de las condiciones laborales y sociales había llegado a tal extremo que las protestas, revueltas e incluso revoluciones se extendieron por todas las latitudes, constituyendo una amenaza real para las oligarquías dominantes. Por otro, la libertad absoluta del capital introducía la anarquía económica y financiera y, tal como la crisis del 29 había puesto de manifiesto, existía el peligro de que las contradicciones terminasen por derribar el sistema. A resultas de ello, poco a poco y principalmente tras la II Guerra Mundial se impuso un concepto de Estado diferente y opuesto al liberal, el Estado social.

En el imaginario popular el Estado social se identifica con la existencia de los derechos laborales y sociales e incluso con un sistema fiscal progresivo con fuerte capacidad redistributiva, pero todos estos elementos son tan solo la consecuencia o los efectos de una realidad más profunda que constituye su auténtica esencia: la necesidad de que el poder económico se someta al poder político. Alguien tan poco sospechoso como Karl R. Popper lo afirmaba tajantemente en su obra, “La sociedad abierta y sus enemigos”: “…el poder político es fundamental y debe controlar al poder económico... No podemos permitir que el poder económico domine al político; y si es necesario, deberá combatirse hasta ponerlo bajo el control del poder político”.

La doctrina del Estado social parte del principio de que la desigualdad económica genera también la desigualdad política y jurídica, y puede llegar a falsear el juego democrático.

El iuspublicista Hermann Heller supo expresarlo claramente: "...Sin homogeneidad social, la más radical igualdad formal se torna la más radical desigualdad, y la democracia formal, dictadura de la clase dominante. La superioridad económica y de educación pone en las manos de los grupos dominantes instrumentos bastantes para trastocar la democracia política en su auténtico opuesto. Sirviéndose de la dominación financiera sobre partidos, prensa, cinematógrafo y literatura, a través de la dominación social sobre escuela y universidad, no precisa descender al cohecho para lograr un sutil ascendiente sobre los aparatos burocráticos y electorales, de tal suerte que, preservándose las formas democráticas, se instaure una dictadura. Tal dictadura resulta tanto más peligrosa cuanto que es anónima e irresponsable. En la medida en que guarda la forma de representación, y falsea su contenido, hace de la democracia política una ficción".

Ante este peligro, Popper ofrecía claramente la solución “...La naturaleza del remedio salta a la vista, deberá ser un remedio político, semejante al que usamos contra la violencia física... eso significa que el principio de la no intervención, del sistema económico sin trabas, debe ser abandonado... deberemos exigir que la política de la libertad económica ilimitada sea sustituida por la intervención económica reguladora del Estado. Debemos exigir que el capitalismo sin trabas dé lugar al intervencionismo económico”.

Fueron estos presupuestos del Estado social los que se impusieron de manera hegemónica durante muchos años, al menos en Europa (no en España que sobrevivía en medio de una dictadura), y proporcionaron, aunque con sus claroscuros, la época social, política y económica más floreciente de los países.

La situación, sin embargo, ha vuelto a cambiar. La aceptación por los gobiernos de la libre circulación de capitales ha significado la abdicación de sus funciones de control, por lo que ahora son ellos los controlados por los poderes financieros y económicos. Hace tiempo que las señales eran evidentes, pero se han hecho presentes con toda su fuerza en la crisis actual y más concretamente en la Unión Monetaria. Hoy, todos los gobiernos afirman que practican -por cierto, con poco éxito- la única política económica posible, la que dictaminan los mercados o Europa. ¿Para qué votar entonces? Qué más da que sea una formación u otra la que gobierne si cualquiera de ellas va a aplicar las mismas recetas. Rubalcaba no ha dejado de repetir a lo largo de toda la campaña que PP y PSOE no son la misma cosa. Es evidente que los ciudadanos no le creen y es que, desde luego, resulta difícil de creer después de examinar la actuación de los distintos gobiernos de Zapatero y las medidas adoptadas por ellos. No debe extrañarnos que haya quien piense que el PSOE solo es de izquierdas cuando está fuera del poder y que, por esa razón, lo más conveniente es que esté en la oposición.

En España, a lo anterior viene a sumarse la ley electoral que nos encasilla en el estrecho margen del bipartidismo. La forma de repartir los escaños por provincias, la Ley d´Hondt y el sistema de financiación de los partidos hace inviable el protagonismo de cualquier partido minoritario (tanto más si es de izquierdas) como no sea nacionalista o regionalista. El resultado es que únicamente dos formaciones políticas tienen posibilidades de gobernar. La única disyuntiva que se presenta es que lo hagan con mayoría absoluta, lo que sin duda es bastante malo, o con el apoyo de partidos nacionalistas, lo que aún es peor, ya que la política aplicada será la misma con la única diferencia de que se producirá además la mordida a favor de un determinado territorio y en contra del interés general.

Votar ¿para qué? si se trata de un juego trucado, que ninguno de los partidos mayoritarios quiere modificar. Rubalcaba ha introducido en su campaña con afán propagandístico la promesa de caminar hacia listas abiertas, pero ni una palabra de implantar un sistema verdaderamente proporcional en el que todos los votos tengan el mismo valor; más bien al contrario, las dos grandes formaciones políticas modificaron la ley electoral para dificultar aún más la posibilidad de que participen los partidos minoritarios.

Marx describía a los gobernantes de su tiempo como el consejo de administración de los poderes económicos. En él era una metáfora. En los momentos presentes es además una realidad. Los políticos de uno u otro signo, alternan sus etapas de gobierno con sentarse físicamente en los sillones de los consejos de administración de las grandes empresas o de las multinacionales. Votar ¿para qué?