De nuevo, las pensiones

Los comentaristas económicos y demás órganos de opinión de la economía oficial se han rasgado las vestiduras ante la decisión de Argentina de suspender el pago de la deuda que mantenía con el FMI. Les resulta incompresible que un país del Tercer Mundo en condiciones económicas delicadísimas y con parte de su población muriéndose de hambre plantee la imposibilidad de hacer frente a su deuda internacional con las instituciones financieras. Sin embargo, contemplan con la mayor naturalidad que los países ricos que nadan en la abundancia y con importantes tasas de crecimiento anuales se cuestionen la inviabilidad de responder en el futuro a sus obligaciones frente a los pensionistas, aquellos trabajadores que a lo largo de toda su vida han cotizado al Estado, y que con tal excusa se comience por rebajar -hablaríamos de quita en una suspensión de pagos- las pensiones actuales.

La comisión del Congreso encargada de reformar el Pacto de Toledo ha ultimado su informe. Uno no puede por menos que echarse a temblar cada vez que se habla de reformas o de innovaciones en esta materia. Siempre se camina hacia lo mismo, a reducir el monto de las pensiones. Hay que reconocer que la fiebre se ha extendido a todos los países, pero nosotros hemos sido pioneros. Comenzamos en el año 1985 y no hemos parado desde entonces. Cada cierto tiempo diseñamos una nueva reforma. El tema es más lacerante si tenemos en cuenta la enorme distancia que separa la cuantía de nuestras prestaciones de la de los demás países europeos, y cómo el porcentaje del PIB que dedicamos a este gasto es sensiblemente inferior también en España.

Lo peor con todo son las falacias que se utilizan para justificar medidas tan injustas. Se comienza acudiendo a las variaciones en la estructura demográfica. El envejecimiento de la población, de producirse (las previsiones son ambiguas y muy variantes, además de no conocerse cómo va a afectar el factor inmigración), planteará sin duda retos importantes a la sociedad española, que debe prepararse para afrontar; pero no sólo en el campo de las pensiones, sino en el de sanidad o en el de los servicios sociales. Retos que se orientan hacia modificaciones significativas en la estructura del consumo y, por lo tanto, en la determinación de la clase de bienes a producir, pero que de ninguna manera se traducen en una insuficiencia de la producción. En este último orden de cosas la variable representativa es la renta per cápita, y mientras ésta no se reduzca no existirá un problema de escasez de recursos, y no hay razón para pensar que dicha variable, lejos de incrementarse como en el pasado, vaya a disminuir.

El problema es claramente de distribución o de redistribución. La renta, como es lógico, tendrá que repartirse entre activos y pasivos, tal como hoy se hace, con la sola diferencia de que habrá de realizarse en proporción diferente al ser diferente el número de sujetos que compondrá cada colectivo. Ello va a representar, sin duda, una transferencia entre generaciones, pero esto es algo habitual en el desarrollo de la sociedad. Las nuevas generaciones van a recibir también de las anteriores un país con un potencial económico mayor que el que en su día les fue entregado a sus padres. Educación, cultura, tecnología, infraestructuras, comunicaciones, etcétera, constituyen todo un capital social que incrementa de manera significativa la productividad y permite que la renta per cápita sea más del doble que la de hace treinta años, y que muy previsiblemente dentro de otros treinta años será también aproximadamente el doble que la actual.

Por otra parte, los problemas que para la economía nacional en su conjunto puede representar una población envejecida no difieren por el hecho de que las pensiones sean públicas o privadas. En ambos casos, la carga de producir recaerá sobre un mismo número de activos, y será la misma parte de renta la que habrá que destinar a las clases pasivas, en el primer caso a través de un desahorro público; en el segundo, a través de un desahorro privado. Claro puede ocurrir que los que ofrecen como solución los fondos privados de pensiones lo que estén pensando realmente sea en que éstos afecten exclusivamente a una minoría y que la gran mayoría de los jubilados queden en la más absoluta miseria. Así no hay problema.