Pólvora
del rey
Siempre me ha asombrado la diferente percepción que la sociedad tiene de
los asuntos según hagan referencia a la propiedad privada o a
Pero este disparar
con pólvora del rey no queda circunscrito al ámbito del hurto. Leo con asombro
que el contencioso del edificio del Cabo de Gata, construido ilegalmente con
grave daño al medio ambiente, se va a solucionar con dinero público. La Junta
de Andalucía va a ejercer el derecho de retracto, va a adquirirlo por más de
dos millones de euros, para derruirlo a continuación. Es decir, que el dinero
de todos los andaluces terminará pagando la especulación de ciertos empresarios
y la incompetencia –si no algo peor– de los cargos municipales y autonómicos.
El principal
partido de la oposición también dispara con pólvora del rey cuando su
presidente, ante la estafa de Afinsa y del Forum Filatélico, propugna que el Estado asuma las
pérdidas. Para conseguir votos no hay nada como ser generoso con el dinero
ajeno. El PSOE no quiere ser menos y su portavoz en el Congreso también ha
abogado por la creación de un fondo con recursos públicos.
Ciertamente,
produce amargura escuchar los testimonios de los damnificados, muchos de ellos
pequeños ahorradores que han perdido su reducida fortuna, pero ello no es óbice
para dar una vez más la razón a Galbraith acerca de
los factores constantes que acaecen en toda trampa financiera: por supuesto, la
falta de escrúpulos de aquellos que pretenden timar al personal, y que piensan
que nunca se va a descubrir el fraude, pero también la ingenuidad no carente de
avaricia de los inversores, todos ellos convencidos de haber encontrado la
piedra filosofal y de ser más astutos que el resto de los mortales. En esta
ocasión, parece que nadie veía nada extraño en que se garantizase el 6% de
rentabilidad anual cuando ninguna entidad financiera garantiza un interés por
encima del 2%.
Una buena parte de
la responsabilidad debe recaer sin duda sobre los responsables políticos de los
distintos gobiernos, que después de crear no sé cuántas comisiones de
supervisión con sueldos fabulosos dejan actividades como éstas desprotegidas y
en tierra de nadie o, lo que es lo mismo, en tierra de las Comunidades
Autónomas. En tales ocasiones, comenzamos a ser conscientes de la aberración
que supone el haber troceado el Estado. ¿Acaso no es ingenuidad pensar, tal
como hace la ministra de Sanidad, que una Comunidad Autónoma pueda controlar a
empresas cuyas actividades se extienden a varias naciones? La consecuencia es
que la inmoralidad de unos, la simpleza avariciosa de otros y la
irresponsabilidad de los políticos termina
compensándose con los recursos de todos los españoles, pólvora del rey.
Y los recursos
públicos son también los que terminan lubricando el diálogo social. Todo son
parabienes y felicitaciones porque empresarios y sindicatos han llegado a un
acuerdo. ¡Cuán responsables son y qué bueno es el consenso! Pero éste sólo es
posible porque el Gobierno ha puesto bastantes fondos públicos sobre la mesa,
fondos que, en contra de la opinión generalizada, sí tienen dueño, todos los
ciudadanos.
A España le cabe
el dudoso honor de haberse situado a la cabeza de Europa en tasa de
temporalidad. La causa hay que buscarla en la desregulación del mercado laboral
llevada a cabo en los años ochenta y en la anuencia legal de todo tipo de
contratos basura. Cuando el porcentaje de temporalidad se ha desorbitado al
triplicar la media europea, diálogo social tras diálogo social se han propuesto
reducirlo; pero en lugar de modificar de nuevo la legislación laboral
deshaciendo aquellos cambios que han producido tal distorsión, es decir
prohibiendo determinados tipos de contratos basura, se ha querido incentivar a
los empresarios subvencionando los contratos indefinidos. El resultado está a
la vista, nada se ha conseguido.
En el acuerdo
social que acaba de firmarse se recurre al mismo procedimiento, el Gobierno ha
vuelto a poner dinero encima de