La rebelión de la CEOE

La CEOE, los empresarios, le han salido respondones al gobierno; en su último informe critican abiertamente la política económica aplicada por el ejecutivo. Son insaciables. Quieren más madera. Tal postura no deja de tener su razón de ser, puesto que consideran al gobierno como cosa suya. Cría cuervos, pensarán...

Comienzan por afirmar algo de sobra conocido, y que algunos hemos venido sosteniendo con insistencia. La novedad radica en que sea la CEOE quien lo manifieste. Que el déficit cero tiene muy poco de cero y bastante de déficit. Es decir, que determinados gastos se trasladan a empresas o a entes públicos de manera que no computan en el resultado de las cuentas del Estado o de las Comunidades Autónomas. La estabilidad presupuestaria es más nominal que real. Aunque mejor que sea así, porque, al menos, parte del crecimiento de estos últimos años se debe a ese mínimo de política fiscal expansiva y la otra parte a la permanencia de bajos tipos de interés. Si el gobierno se contenta con alardear de boquilla de déficit cero, pues tan ricamente.

A la CEOE, en realidad, tampoco le importa el déficit. Si arremete contra él, es sólo para propugnar el recorte de gastos, en particular los sociales. La prueba más concluyente es que el déficit no parece ser impedimento para rebajar los impuestos, rebaja que, por el contrario, les llena de satisfacción y que están dispuestos a reclamar cada día, especialmente si estos son progresivos o recaen sobre los empresarios. En este mismo informe se apuesta por la reducción del tipo marginal máximo del IRPF del 48 al 45% o por la eliminación del impuesto de actividades económicas para las grandes empresas.

Afirman que los gastos sociales son improductivos. No se sabe muy bien qué se quiere decir con eso de que son improductivos. Por lo pronto, son muy productivos para los preceptores, normalmente de bajas rentas, y cuya supervivencia depende de ellos; supervivencia, porque dada su escasa cuantía sólo les permite sobrevivir. Resulta difícil afirmar, por ejemplo, que los gastos en sanidad son improductivos. Acaso no lo son más los suntuarios o superfluos tan frecuentes en nuestra sociedad de consumo. Tampoco se entiende muy bien que se consideren como muy productivos los recursos destinados a reducir impuestos, a incrementar, por ejemplo, la renta de aquellos cuyos ingresos superan los catorce millones, y no las prestaciones sociales de desempleo o las pensiones cuyos destinatarios tienen rentas mucho más reducidas.

En realidad, el objetivo verdadero de la pataleta empresarial radica en su exigencia de disminuir las cotizaciones sociales. Era evidente que los planteamientos del Pacto de Toledo iban a conducir a ese resultado y que el fondo de reserva, lejos de constituir una garantía de solvencia para las futuras pensiones, se iba a transformar en todo lo contrario, porque una vez dotado, difícilmente podría resistirse la presión de los empresarios para reducir las cotizaciones sociales. Es la disminución de éstas y de otros impuestos la que pone en peligro el mantenimiento futuro de las pensiones. Una vez más surge la contradicción de que los que más han vociferado sobre la inviabilidad del sistema público de pensiones sean los mismos que abogan por la reducción de las cotizaciones sociales.

Como siempre se usa una terminología que pretende ser neutral, aséptica, y esconder así las verdaderas intenciones. Se habla de la conveniencia de abaratar la mano de obra, para ser competitivos. Lo que se propone en el fondo es reducir los salarios, salarios indirectos o diferidos, -pues no otra cosa es disminuir las cotizaciones sociales- para incrementar los excedentes empresariales.

Por último, ¡cómo no! se plantea la necesidad de abaratar el despido improcedente, y se usa el argumento de que así se terminará con los contratos temporales. Una falacia más: la indemnización por despido improcedente pasó en la última reforma laboral de 45 a 33 días por año trabajado, sin que por ello se redujese lo más mínimo el porcentaje de precariedad; el 33%, casi el triple que el de la Unión Europea. Por otra parte, no existe mejor forma de abaratar el despido improcedente, que prohibiéndolo. No olvidemos que se está hablando de aquella rescisión de contrato laboral tomada arbitrariamente por la empresa sin razón ni causa.

En fin, la CEOE ha pretendido con este informe indicar al gobierno cuál debe ser su próximo programa electoral. Por supuesto el que presente el PP será aparentemente distinto y bastante más edulcorado, pero no hay que equivocarse, es el de los empresarios el que tendrá, en los próximos cuatro años, bastante probabilidad de cumplirse, al menos en su mayor parte.