La Unión Europea y las Autonomías

Por si cabía alguna duda, la crisis económica ha dejado absolutamente patentes los defectos y contradicciones de la Unión Europea. Esta ha resultado inhábil para dar una respuesta unitaria. Tras muchas reuniones, los mandatarios europeos solo han sido capaces de recomendar que los distintos Estados instrumenten las medidas que consideren adecuadas, sin ponerse ni siquiera de acuerdo sobre cuáles tendrían que ser estas. Cada país ha aplicado las que le han parecido más correctas, aunque, al ser dispares, entraban en contradicción con el mercado único, asentado, al menos teóricamente, sobre la hipótesis de la libre concurrencia. En una economía globalizada y en medio de una crisis mundial existe el peligro de que las respuestas parciales y diversas sean insuficientes e incluso contraproducentes.

Nada de esto es nuevo y algunos venimos denunciándolo desde la firma del Acta Única. Lo que puede resultar más novedoso es que similares desequilibrios y déficit de integración que se producen en la Unión Europea los hayamos incorporado a la estructura política nacional. Si Europa, dada su falta de integración, parece impotente para dar una respuesta a las graves dificultades económicas, nuestro país se orienta por el mismo camino al transferir el potencial financiero y fiscal a las Comunidades Autónomas, lo que sin duda tendrá implicaciones mucho más peligrosas. Si el presupuesto comunitario es insuficiente para garantizar en todos los países miembros una cobertura similar de prestaciones y servicios sociales, de forma análoga estos van a ser diferentes en las distintas Autonomías, al tener cada una de ellas una capacidad recaudatoria dispar y al ser insuficientes los fondos de compensación creados, al igual que lo son los europeos para conseguir la equiparación.

Si la falta de armonización impositiva en Europa genera un dumping fiscal por el que los Estados se ven constreñidos a ir eliminando paulatinamente toda progresividad de los sistemas tributarios y a eximir de gravamen al capital y a las empresas, bajo la amenaza de la deslocalización y de la emigración del dinero, la autonomía financiera de la que se dota a las Comunidades va a repetir el fenómeno a una escala inferior, y por lo tanto más peligrosa, en el interior de España, porque la competencia desleal en materia tributaria se va a producir entre las regiones con efectos más devastadores para la progresividad del sistema tributario, cuyas primeras víctimas están siendo ya el impuesto de patrimonio y el de sucesiones.

Si el presupuesto comunitario se asienta sobre el falso principio de que quienes tributan son los Estados y no los europeos, esta suposición está funcionando ya en el imaginario colectivo de nuestro país cuando se escucha decir con toda normalidad que hay Comunidades que colaboran más que otras al fondo común, olvidando que los únicos que tributan son los ciudadanos y, por el momento y mientras el sistema tributario se mantenga unitario, todos de la misma forma en función de su capacidad económica.

Existe, sin embargo, una diferencia entre la Unión Europea y el Estado español: mientras que la primera se encuentra en un proceso, aunque lento, de convergencia y cabe la esperanza de que algún día la integración sea mayor, el segundo está sometido a una fuerza centrífuga que hace que progresivamente aumente la desintegración.