La
directiva Bolkestein
En la pasada cumbre de Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno
rechazaron la
directiva Bolkestein. Aun cuando no
triunfó por completo la tesis de Francia que propugnaba su retirada, sí se
acordó sin embargo que la redacción actual es inadecuada y que debe ser
modificada en profundidad para adaptarla al modelo social europeo.
El tema es interesante por lo que tiene de paradigma. La directiva es un
escaparate de toda la
Unión Europea. Las contradicciones de esta
última aparecen fielmente reflejadas y quizás de forma más clara en la primera.
El objetivo de la directiva es propiciar el mercado único en los
servicios, mejor dicho en aquellos servicios que no tienen ya una legislación
propia en la Unión,
como ocurre con los financieros, los transportes o las comunicaciones. Pretende
que las empresas puedan realizar su actividad en cualquier país europeo sin
necesidad de tener que abrir filial en él, y manteniendo –y ahí está el caballo
de batalla- la normativa laboral, social y fiscal del país de origen. La
consecuencia más inmediata de este esquema de funcionamiento es el dumping
laboral y fiscal. Resulta lógico pensar que las empresas, independiente de
donde realicen su actividad, se domiciliarán allí donde los impuestos sean más
reducidos y la legislación laboral más permisiva, y forzarán a los Estados a
una carrera sin fin en la minoración de gravámenes al capital y en el
desmantelamiento de la normativa laboral y de los sistemas de protección social.
La directiva intenta llevar la idea central de la
Unión Europea , la concurrencia y el
mercado único, hasta el límite, hasta el último rincón de la actividad
económica, pero quizás por eso aparecen de forma más clara en ella las
contradicciones intrínsecas del modelo de la
Unión. Los bienes de
cualquier tipo pueden desplazarse de un país a otro y ser así objeto del
comercio internacional. Los servicios no. Se precisa, por tanto, que sean las
empresas las que viajen, pero se quiere que lo hagan con el bagaje del país de
origen, comenzando así las incongruencias. ¿Cómo se puede hablar de competencia
y de juego limpio cuando las condiciones fiscales, laborales y sociales son tan
diferentes? Sólo la armonización de la normativa en estas materias daría lógica
al proyecto. En puridad, el problema planteado en esta directiva no es distinto
del que corroe todo el esquema comunitario: la constitución de un mercado único
en el que las reglas de juego de la competencia están falseadas por
legislaciones fiscales, sociales y laborales muy distintas.
Chirac no es un izquierdista peligroso. Es tan sólo un jefe de Estado que
próximamente tendrá que someter a referéndum en su país el Tratado de la
Constitución europea y vislumbra el peligro de que el resultado
sea negativo. La directiva dejaba las cosas demasiado claras y ponía en
evidencia que a los trabajadores franceses se les ofrecía exclusivamente la
siguiente disyuntiva: o la recesión y el paro, o ir poco a poco asimilando su
condiciones laborales (salario, jornada de trabajo, temporalidad) y sociales
(pensiones, seguro de desempleo, etcétera) a las de los países más pobres. ¿Por qué razón van a votar sí?
Pero, en contra de lo que se podría pensar, la situación tampoco es
apetecible para los trabajadores de los países más atrasados, como por ejemplo
Lituania, porque si fuera verdad que las naciones más desarrolladas deprimiesen
las condiciones sociales y laborales para no perder competitividad, ellos, los
pobres, deberían bajar todavía más los salarios y los impuestos para seguir
manteniendo la ventaja comparativa. Una carrera sin fin.