Con una lata al rabo

Decían que un francés con una idea en la cabeza es como un perro con una lata atada a la cola. Podría hacerse una traslación: un político nacionalista con una reivindicación ─y el problema es que tienen siempre muchas─ es como toda una jauría de canes, cada uno con su lata correspondiente.

En este país que es España, si se le puede seguir llamando así, parece que solo existen los vascos y los catalanes. Solo ellos tienen problemas; solo ellos tienen necesidades; solo ellos tienen pobres; solo ellos pueden emplazar, chantajear y amenazar al Gobierno central. Este comportamiento viene siendo una constante desde la Transición , pero el victimismo y las presiones se han hecho insostenibles a partir de la pasada legislatura, en la que la desastrosa política territorial practicada por el Gobierno Zapatero (es imposible llamarle gobierno socialista) ha dado más alas a los nacionalistas, ha convertido en nacionalistas a los que hasta entonces no lo eran, como el PSC, y ha dejado indefensos al resto.

Desde hace algunos días, y a pesar de estar inmersos en una crisis económica de impredecibles consecuencias, parece que el único problema grave que tiene este país es que se incumple el Estatuto catalán, ya que ha pasado el nueve de agosto sin que se haya logrado un acuerdo en cuanto a la financiación de la Generalitat ; no sobre la financiación de Cataluña, como se suele decir, porque de Cataluña son tanto el presupuesto de la Generalitat como el de la Administración Central.

Apenas han comenzado a surgir los problemas derivados del Estatuto catalán, que ciertamente van a ser muchos. Las huidas hacia delante tienen siempre consecuencias nefastas y Zapatero, no sabiendo como salir de la ratonera en que se había metido con lo de “Pascual, yo me comprometo a aprobar en Madrid lo que venga de Cataluña”, tiró por la calle del medio e hizo que su partido y el Parlamento español aprobasen una ley que no solo es anticonstitucional sino, algo peor, atenta contra los principios del sentido común y contra los postulados más elementales de la justicia. Además , no todo lo que es constitucional es coherente y justo.

Aunque se trata de un tema menor, resulta irracional fijar en una ley una fecha límite para llegar a un acuerdo, acuerdo que como mínimo depende de dos partes y, por lo tanto, ninguna de ellas puede comprometerse al cien por cien. Aparte de que en este caso el acuerdo debería depender de dieciocho, porque esta es otra de las incongruencias del Estatuto, exigir que la negociación tenga que ser bilateral. La financiación de una Comunidad Autónoma incumbe por fuerza a todas las demás.

Incumplir el plazo establecido en una ley, aun cuando su realización dependa exclusivamente del gobierno, ha sido algo bastante usual. Por poner un ejemplo, desde 1979 a 2003, las distintas leyes de presupuestos venían recogiendo año tras año la obligación del ejecutivo (por supuesto de distintos colores) de presentar en el plazo de doce meses un proyecto de Ley General Presupuestaria, mandato que también, año tras año, se incumplía aunque, por cierto, nadie se rasgaba las vestiduras. Pero ya hemos dicho que un político nacionalista, o similar, con una reivindicación...

Se han disparado todas las alarmas. Se ha empezado a escuchar el cacareo y las letanías. “No se puede asfixiar a Cataluña”... cualquiera lo diría. “Cataluña tiene un importante déficit de servicios sociales”; es posible que como otras muchas Comunidades Autónomas y como toda España. O se pretende afirmar que su déficit es mayor, si bien en este caso habría que preguntarse el porqué. ¿Acaso tenga algo que ver el tres por ciento (u otro porcentaje más elevado) de las comisiones que denunciaba el propio Maragall? ¿O quizás es que se emplean los recursos para objetivos identitarios o para ejercitar competencias que no se tienen, como la subvención del catalán y crear delegaciones de la Generalitat en el extranjero?, ¿o tal vez la explicación se encuentre en que los sueldos de los funcionarios y de los altos cargos son más elevados que en otras Comunidades?

Se manejan estudios construidos ad hoc para demostrar el número reducido de empleados públicos que tiene la Generalitat en comparación con otras Comunidades. Independientemente de lo sesgado que pueda estar el análisis, este hecho en ningún caso puede ser ejemplo de austeridad administrativa, en primer lugar porque las necesidades no se pueden medir solo en función del número de habitantes, lo que resulta también aplicable a efectos de cuantificar la financiación autonómica; pero, en segundo lugar y mucho más importante, porque la causa puede encontrarse en que se haya optado por externalizar los servicios con un coste más elevado, mayor descontrol y peores prestaciones a los ciudadanos. En ese mayor coste se puede encontrar también una explicación del déficit que dicen tener de servicios sociales.

Con todo, lo más indignante es ese discurso de la solidaridad y el agradecimiento. La política redistributiva de un Estado, bien sea entre personas o regiones, no es graciable, sino obligatoria; la obligación que se desprende de los principios de equidad propios de un Estado social e inscritos en la Constitución. No hay nada que agradecer. Solo la enorme distorsión que se puede estar produciendo en el ámbito político puede explicar que se llame solidaridad graciable a lo que es equidad redistributiva.

Luis Velasco, desde estas mismas páginas virtuales de Estrella Digital, escribía la semana pasada un artículo que titulaba: “Los nacionalistas ¿son tigres de papel?”. Lo suscribo desde el principio al fin, también la conclusión, los nacionalistas pueden ser tigres de papel, pero dejan de serlo cuando desde los partidos estatales se adoptan, por motivos electorales, los mismos comportamientos. Únicamente cabe una solución, volver a empezar, con un gran pacto estatal, diseñando de nuevo el modelo. Por desgracia, no parece que se esté dispuesto a ello.