El margen y las medidas económicas del gobierno

Ha vuelto a la palestra una palabra maldita: “margen”. En otros tiempos, la emplearon con asiduidad los ministros de Economía, tanto Boyer como Solchaga, incluso González, el presidente del Gobierno. Echaban siempre mano de ella para contestar a las reivindicaciones de los sindicatos. Por ejemplo, en la huelga del 14 de diciembre de 1988, no hay margen, decían. En la actualidad, las organizaciones sindicales no hacen demasiados requerimientos. Sin embargo, el vicepresidente económico afirma que ya se ha agotado el margen.

Hoy como ayer, la contestación ha de ser similar, margen ¿para qué? Porque lo cierto es que sí parece que exista para ayudar a los bancos en crisis. Pero es que, además, ante la profundidad de la recesión en que nos adentramos, el déficit público adquiere una importancia secundaria y así lo están entendiendo en la mayoría de los países europeos. Este enfoque debería ser tanto más evidente para España en cuanto que el nivel de endeudamiento de nuestro sector público es muy reducido.

Las medidas aprobadas para, según proclaman, ayudar a las familias tienen algo en común, un coste muy bajo para el tesoro público, pero por eso mismo se puede prever que su eficacia va a ser también nimia. Parecen escogidas no tanto por ser las adecuadas, sino más bien para justificar políticamente al Gobierno con un mínimo impacto en el presupuesto.

Las referentes a la vivienda son poco onerosas para el erario público. Prórroga en el ahorro de cuenta vivienda, la ampliación del plazo de exención para reinvertir las plusvalías o ajustar las retenciones para aquellos que tengan deducciones, son todas ellas actuaciones que simplemente dan más facilidades a los contribuyentes, pero que no significan reducción de gravámenes, todo lo más, cambios en su periodificación. El mismo hecho de aplazar el pago de las hipotecas es tan solo una moratoria y caben muchas dudas de que pueda solucionar el problema a los beneficiarios, dadas las múltiples condiciones establecidas. Aparte de que, como ocurre siempre con este tipo de medidas, tienen mucho de arbitrario, ¿por qué estas cantidades y no otras? La primera y más grave discriminación comienza con la decisión de incentivar una vez más la compra y no el arrendamiento. Es muy posible que las bolsas de mayor necesidad se encuentren entre los alquilados.

Algo parecido ocurre respecto a la posibilidad de disponer del 60 por ciento -en lugar del 40 por ciento como ahora- del seguro de desempleo para emprender un negocio. Se trata únicamente de un anticipo sin coste alguno para la hacienda pública. Por otra parte, cuesta entender que en un momento en el que se cierran empresas y fábricas haya muchas personas dispuestas a embarcarse en una nueva aventura. En cierto modo, puede tratarse de disfrazar parcialmente las cifras de paro trasladando el mayor número posible de desempleados al colectivo de los autónomos, que en una buena proporción es paro encubierto.

Las únicas actuaciones que sí van a repercutir en las finanzas públicas son las llamadas pomposamente políticas activas de empleo, que, en definitiva, son subvenciones a los empresarios. Su efectividad es muy dudosa. Es difícil que un empresario se decida a contratar por una bonificación, por muy suculenta que sea, si no sabe qué hacer con el trabajador. La contratación va a depender básicamente de la demanda que tengan las empresas, haya o no haya bonificaciones. Para lo que van a servir sin duda las bonificaciones serán para que los empresarios se embolsen un dinero público por cada trabajador que contraten, contratación que hubiesen hecho en cualquier caso.

Otras son las medidas que se deberían haber adoptado. Ampliar sustancialmente la cobertura del seguro de desempleo e incrementar las inversiones públicas. Ambas actuarían de forma significativa sobre la demanda y, por consiguiente, sobre el empleo, y seguramente constituirían una ayuda a las familias de mayor eficacia que las propuestas. Por supuesto, tendrían un coste mayor para el erario público, y siempre habrá alguien que afirme que no hay margen. En crisis como la actual, la capacidad o no de salir de ella depende en gran parte de la pericia de los gobernantes para articular una política monetaria y fiscal expansiva superando ciertos dogmas trasnochados. Por desgracia, la política monetaria instrumentada por el Banco Central Europeo ha sido nefasta y aún continúa siéndolo. Esperemos que no haya que dar la misma calificación a la política fiscal del Gobierno.