Apoyo del PP a los presupuestos

No hace mucho escribía en estas páginas que el nacionalismo con una reivindicación es como una jauría de perros con muchas latas atadas a la cola. Lo peor es que, a fuerza de agitar las latas, terminamos aceptando su lenguaje que, como todo lenguaje, no tiene nada de inocente. Por poner un ejemplo, el otro día, a propósito del reto de Ibarretxe de acudir al tribunal de Estrasburgo, el ministro del Interior manifestaba con agudeza que lo que pretendían los nacionalistas era explotar el victimismo haciendo parecer que los vascos son perseguidos por los españoles. Sin embargo cometía un lapsus linguae imperdonable, y eso que sin duda es el más avispado del Ejecutivo. Debería haber dicho por “el resto de los españoles”, de lo contrario, da a entender que los vascos no son españoles.

Porque ahí radica el quid de la cuestión, en el todo y en la parte. El nacionalismo no está dispuesto a reconocerse como parte de un todo más amplio en el que existen otras partes con los mismos derechos. Y es esta negativa nacionalista la que no es posible asumir porque sería entrar de lleno en su dinámica. Establecer la bilateralidad en la financiación autonómica es precisamente el mayor error del Estatuto de Cataluña. Se ha instaurado un principio de nefastas consecuencias para el futuro, no sólo porque será de difícil aplicación, tal como se está demostrando, sino porque el resto de las Autonomías no pueden aceptarlo.

No vale afirmar, tal como hacen los muchos comentaristas, voceros botafumeiro del Gobierno, que no hay nada nuevo en esta perspectiva, porque siempre se han celebrado negociaciones bilaterales entre el gobierno central y los catalanes. No vale porque una cosa es lo que se hace bajo la mesa y otra muy distinta lo que se aprueba de forma oficial y solemne.

Es cierto que esa bilateralidad siempre ha existido con Cataluña y con otras muchas Autonomías. Quizás más con Cataluña y el País Vasco, dado el papel privilegiado de árbitros que la ley electoral concede a los nacionalistas en cuanto el gobierno no tiene mayoría absoluta, y que no dudan en utilizar a efectos de conseguir ventajas económicas. Pero no es menos cierto que todo ello se reducía a conversaciones informales y que el sistema de financiación se acordaba oficialmente y se le daba eficacia jurídica, como no podía ser de otra manera, en el Consejo de Política Fiscal con el consenso de todas las Comunidades, o al menos de la mayoría de ellas.

La prueba de que la bilateralidad se configura como un pilar fundamental de la doctrina nacionalista es la dura reacción del catalanismo ante la reciente intervención en el Congreso del vicepresidente económico del Gobierno. Y es que tocó la línea de flotación de sus posiciones: "El sistema debe ser único para todas las Comunidades Autónomas", "Cataluña no es la primera ni la segunda ni seguramente la tercera de las Autonomías con más dificultades de financiación".

 Hay que reconocer que, en su comparecencia, Solbes mantuvo una postura digna, y que su discurso fue impecable y difícil de objetar. No obstante, tiene un talón de Aquiles. Él, como diputado, ha votado a favor del Estatuto, y el PSOE, como Gobierno, incluso lo ha promocionado. Y estos hechos, unidos a la presión del PSC, que actúa claramente a su aire, y a que, para aprobar los presupuestos, el Gobierno necesita su concurso, hacen prever que los nacionalistas se volverán a llevar el gato al agua y pasarán factura. No es pensable una prórroga presupuestaria el primer año de la legislatura.

 Es ahora cuando el PP podía demostrar que está realmente a la altura de las circunstancias, y que todo ese discurso desplegado la legislatura pasada acerca de la defensa de la no desintegración del Estado español es algo más que mera verborrea y tiene contenido. Es el momento de que, en lugar de que sus varones apoyen las posturas nacionalistas con reivindicaciones parecidas, prestase apoyo parlamentario al Gobierno para aprobar los presupuestos a efectos de que no tenga que sucumbir al chantaje periférico.

 En esta encrucijada, el enfrentamiento presupuestario de los dos grandes partidos carece de todo sentido. Bien saben ellos que ambos harían presupuestos parecidos. Los planteamientos “peperos” de reducir aún más los gastos y bajar los impuestos, aparte de no tener ninguna lógica económica, resultan imposibles en la situación actual. Ya está reduciendo suficientemente el gasto público, quizá de forma indebida, el Gobierno. Todos han cogido el latiguillo de presupuestos austeros. La vicepresidenta no se cansa de decirlo. Pero en estos momentos de crisis económica, lo que menos se necesita son unos presupuestos austeros. ¿Si no para qué se quieren unas finanzas públicas saneadas? Pero eso es otra historia, como otra historia es la mitificación que se hace de los presupuestos. Nunca los presupuestos han tenido la importancia que se les ha querido dar, entre otras razones porque podían cambiarse y se cambiaban a lo largo del ejercicio; pero es que, en la actualidad, después de transferir casi todas las competencias a las Comunidades Autónomas, el margen de maniobra es mínimo.

El consenso en materia presupuestaria entre los dos grandes partidos posibilitaría que la financiación de las Autonomías se realizase con toda la generosidad que se quisiese, pero sobre parámetros objetivos y equitativos libremente pactados entre todas las comunidades, sin sufrir el chantaje de algunas de ellas. La ayuda parlamentaria del PP en los presupuestos, aunque fuese al modo en que los abertzales prestan votos al PNV cuando los necesita, no impediría a los populares seguir realizando la oposición y la crítica al Gobierno. La necesidad de sus votos sería el signo más claro del desaguisado cometido en la legislatura pasada por el presidente del Gobierno en política territorial.