La
bajada de impuestos del PP
Desde hace tiempo,
el PP repite en todas las circunstancias una misma receta: hay que bajar los
impuestos. Pero una cosa es predicar y otra dar trigo, y así nos encontramos
que allá donde gobierna es posible que baje algún impuesto, de los progresivos,
pero eleva otros, los indirectos, en mucha mayor cuantía.
En Madrid tenemos un
alcalde ingeniero o un ingeniero alcalde, porque no sé cuál de las dos
características predomina en él. Desde que llegó al consistorio se ha dedicado
a las obras públicas y a poner la ciudad patas arriba, de manera que ya nos
hemos acostumbrado a que la circulación sea un infierno.
En la legislatura
pasada fueron la M-30 y aledaños, y en ésta no se sabe muy bien qué, pero no
hay una zona de la capital sin obras, y como las obras hay que pagarlas la
deuda del municipio ha alcanzado una cifra realmente alarmante. En esto tampoco
coincide la prédica con las actuaciones, porque el PP se caracteriza por
anatematizar el déficit público, pero en el Ayuntamiento y en la Comunidad de
Madrid no parece que lo aplique. Y no vale ocultarlo como hace Esperanza
Aguirre en los nuevos hospitales construidos, con procedimientos más o menos
ingeniosos. Las obligaciones frente a las empresas concesionarias subsisten,
aun cuando Eurostat permita no computarlas en el
déficit, y habrá que irlas pagando en cantidades bastante mayores que las que
habría que afrontar si la Comunidad las hubiera asumido directamente. Un
negocio ruinoso para los madrileños y muy lucrativo para las empresas privadas.
El endeudamiento,
antes o después, se traduce en elevación de la presión fiscal, y eso es lo que
está ocurriendo en la capital. En pocos años el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
se ha triplicado. Tan sólo hay que comparar el recibo de este año con el de
otros ejercicios. Y por si fuera poco el alcalde ingeniero, ingenioso, se ha
sacado de la manga un nuevo tributo, una tasa sobre la recogida de la basura,
que tal como ha sido concebida es otro incremento considerable del IBI, tanto
más cuando en el pasado la tasa de basura se subsumió en este gravamen.
La bajada de
impuestos siempre termina igual, se reducen los directos para incrementar los
indirectos; se minoran las cargas sobre las empresas, el capital y las rentas
altas para aumentar a renglón seguido los gravámenes que recaen sobre la
población en general. Es decir, los de arriba salen beneficiados y los de abajo
perjudicados.
La eliminación del
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que ha favorecido a los
empresarios, debe compensarse subiendo el IBI que recae sobre la vivienda, un
bien de primera necesidad, y que, en un país en el que se ha obligado a la
mayoría de la población a ser propietaria de su propia casa, se aplica en buena
medida a las clases populares. No deja de ser significativo que con la excusa
de que es obsoleto se haya eliminado el Impuesto de Patrimonio que pagaban casi
en su totalidad las clases altas y que a continuación se grave en una cuantía elevada
el único patrimonio que poseen la mayoría de los ciudadanos.
El PP, cuando estuvo
en el Gobierno central, se dio mucha prisa en modificar la Ley General
Tributaria, reduciendo las sanciones fiscales. Consideraba abusivo que éstas
pudieran ascender a tres veces la cantidad defraudada, y ello en un sistema en
que la posibilidad de detección del fraude es muy reducida. Es sabido que la
sanción, para que sea disuasoria, debe ser tanto mayor cuanto menor sea la
probabilidad de que se descubra el fraude.
Una vez más, no
parece muy coherente con el comportamiento anterior el que mantiene el alcalde
ingeniero, ingenioso, con el aparcamiento regulado en Madrid. La probabilidad
de ser detectado en el caso de no colocar el papelito es altísima, casi del
100%, hasta el punto de que resulta difícil creer que alguien deje de hacerlo
como no sea por olvido, lo que induce a pensar que la sanción debería ser
mínima. Pues bien, consiste nada más y nada menos que en 90 euros, unas 45
veces la cantidad defraudada. ¿Qué diría el PP si en alguna ocasión al
Ministerio de Economía y Hacienda se le ocurriera incluir en la legislación
tributaria una sanción parecida?