El poder y la gloria de los políticos catalanes

Varios diarios catalanes se han puesto de acuerdo, siguiendo tal vez instrucciones de los políticos, para intensificar la presión sobre el Tribunal Constitucional (presión que ya se venia ejerciendo desde hace tiempo por distintas instancias) y han escrito un editorial común repleto de falacias políticas, errores jurídicos, zafiedad y sectarismo.

Afirman que será la primera vez que el alto tribunal se pronuncie sobre una ley fundamental refrendada por los electores, pero ello es quizá porque también es la primera vez que una parte de la clase política ha querido romper el consenso constitucional y modificar la Carta Magna por la puerta de atrás, sin someterse a los mecanismos establecidos.

Los doctos periodistas, en un alarde de erudición, nos recuerdan “uno de los principios vertebradores de nuestro sistema jurídico de raíz romana: pacta sunt servanda”. Pues bien, aquí no hay más que un pacto radical: la Constitución, y es éste el que se ha roto en los momentos presentes, y precisamente por todos aquellos que han defendido el Estatuto. Son ellos los que pretenden cambiar las reglas del juego. Si no se admite la Constitución y el Tribunal Constitucional, garante de la misma, desaparecen el propio Estatuto y la Generalitat, que sólo son y existen al amparo de la Constitución.

Afirman que nuestra Constitución es abierta. Confunden este concepto con el de flexible, condición de la que carece la Constitución española, por mucho que el proceso autonómico se haya dejado más abierto de lo que hubiera sido conveniente. Toda reforma precisa de un procedimiento complejo y dificultoso, que es el que ahora se pretende evitar atajando por la puerta de atrás y presionando al Tribunal Constitucional para que lo acepte.

Es difícil encontrar a alguien que esté de acuerdo al cien por cien con la Constitución. A mí, desde luego, me repelen muchos de sus elementos por obsoletos, comenzando por la Monarquía y terminando por el sistema autonómico; pero, como toda norma, es fruto del consenso en el que unos ceden en determinados aspectos para que otros hagan lo mismo. Todos renuncian a sus pretensiones máximas en aras de la concordia, por eso la concordia se quiebra cuando se pretende romper torticeramente las reglas del juego y conseguir con artimañas, con la coacción y el chantaje modificar el pacto constitucional.

Nuestro sistema político, empezando por la propia ley electoral, es bastante imperfecto. Las instituciones, entre las que se incluye el Tribunal Constitucional, dejan mucho que desear, pero los mayores responsables de ello son los políticos, sin que los catalanes supongan precisamente una excepción. Pero es que además, hoy por hoy, son las únicas que tenemos. La solución estará en perfeccionarlas, pero nunca pasar de ellas y actuar cada uno como le parezca. Es posible imaginarse el caos que se produciría si a todos los ciudadanos se les diese la oportunidad de cumplir tan sólo las leyes que les gustasen o ejecutar únicamente las sentencias con las que estuvieran de acuerdo.

Las amenazas, el chantaje y las presiones que desde las elites catalanas se están lanzando contra el Tribunal constitucional resultan totalmente inadmisibles, atentan contra la libertad e independencia de esta instancia, y generarán sospechas fundadas sobre la objetividad del veredicto si éste finalmente resultase favorable a la constitucionalidad del Estatuto.

No se diga que lo que se defiende es la dignidad de Cataluña. A ésta nadie la ataca y su dignidad está a salvo; lo que se defiende es el poder y la gloria de los políticos catalanes, emparentados desde hace muchos años con los medios de comunicación y los intereses económicos de la región. Es sintomático el manto de silencio que se ha extendido siempre sobre la corrupción en Cataluña, corrupción de la que, por otro lado, todo el mundo es consciente. Lo poco que de ella se ha sabido no se ha debido, desde luego, a la prensa de la Comunidad.

A pesar de que, gracias a la ley electoral, los políticos catalanes se han encontrado casi siempre con la posibilidad de chantajear –chantaje que se ha ejercido– al gobierno nacional para obtener privilegios, a los catalanes no les ha ido demasiado bien con la Autonomía y el autogobierno. Factores emotivos y sentimentales, muy respetables por otra parte, de identificación con una región, se la llame como se la llame, con una lengua y con una historia se han utilizado para exacerbar una Autonomía que no ha revertido en ninguna ganancia especial para los ciudadanos. Más bien todo lo contrario. La endogamia ha facilitado la corrupción, el oscurantismo y la irresponsabilidad de los dirigentes. No es casualidad la enorme abstención que se produjo en el referéndum sobre el Estatuto y que no recibiese ni siquiera el cincuenta por ciento de la sanción de los ciudadanos. No, no se defiende la dignidad de Cataluña, sino el poder y la gloria de los políticos y de los periodistas catalanes.